Una ley les da la oportunidad de administrar las municipalidades con una apreciable dosis de tranquilidad inicial a partir del 29 de octubre próximo. Ellos votaron el martes pasado una refinanciación de las deudas que pactaron cuando eran intendentes entre 1995 y 1999.
La prohibición constitucional de la reelección obligó a unos a incorporarse a la Legislatura y a otros, a hacerse representar por parientes. El 29 de junio pasado volvió a mezclar las cartas entre esos hombres de la política, con suerte diversa. No todos volverán a la tarea pública rentada por el Estado provincial, por decisión del electorado.
Dos de los que votaron por la ley, retornarán a las intendencias de Famaillá y de Concepción. Se trata de José Fernando Orellana (PJ) y de Osvaldo Morelli (UCR). Juan Ruiz Olivares saneó la situación de Monteros, que manejó entre 1995 y 1999. Esos tres dirigentes nunca se malquistaron con la gestión bussista de ese tiempo.
La sesión del martes pasado era clave para la "liga de ex intendentes" porque el tiempo les quemaba. Ruiz Olivares lucía muy nervioso cuando conducía las deliberaciones. El debate de la adhesión provincial al programa nacional de salud reproductiva figuraba en un segundo orden de prioridades para la jefatura de la Cámara. Parecía decorar el asunto de fondo, que no era otro que arreglar las cuentas públicas de las intendencias.
Fuera de la Legislatura se creía obviamente otra cosa, como lo probaron las manifestaciones callejeras de grupos religiosos.
La monumental deuda de los gobiernos municipales se forjó en la época en que el Plan de Convertibilidad gozaba de una aparente salud de hierro. El peso valía un dólar, paridad que en esa época se creía inconmovible . Y el Fondo Monetario Internacional, entonces, miraba para el costado frente a los desvíos de las metas de contención del gasto público del país a que se había comprometido el Gobierno de Carlos Menem, circunstancia que explicó el consultor del organismo financiero, Michael Mussa, en su trabajo "Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia".
Coincidió también ese período con las buenas relaciones políticas del entonces senador Julio Miranda con el gobernador Antonio Bussi. Durante ese lapso sobrevoló la tentación reformista de la Constitución en los ámbitos federal y provinciano. La tentativa frustrada del déficit cero y el desplome de las reglas económicas tras la caída de la convertibilidad arrastró también a las municipalidades.
Al filo de la administración mirandista, se les alivió el peso de los pasivos. Los problemas empezarán a partir de 2005, cuando haya que pagar a los acreedores (Banco Comafi, Banco San Miguel, Banco del Tucumán, Banco Nación, Nueva Bolsa de Comercio y Caja de Profesionales de Ciencias Económicas, entre otros). Los préstamos concedidos el 28 de abril de 1998 por el Banco Comafi a Ciudad Alberdi, Alderetes, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Bella Vista, Monteros y Famaillá llamaron la atención de Osvaldo Cirnigliaro. "Tomaron préstamos usurarios con el Banco Comafi Caimán", aseguró el ex candidato a gobernador por el Frente Anticorrupción.
El vicegobernador Sisto Terán afirmó que las municipalidades deberán pagar con fondos propios los nuevos compromisos. Sin embargo, el radical José Ricardo Ascárate evocó que, tras la revisión del primer del Pacto Social, el Gobierno de Miranda suprimió la auditoría del Tribunal de Cuentas.
Las palabras altisonantes pueden volverse como un bumerán contra las máximas autoridades gubernamentales. La baja del gasto político se predica con mucha facilidad, pero no existe igual energía para plasmarla en la realidad. Hay una compleja relación entre burocracia, clientelismo y despilfarro, que resultará difícil romper.
