La ineficiencia premiada

De acuerdo con lo que oportunamente informamos, la Legislatura de Tucumán sancionó una ley (ratificatoria del decreto de febrero pasado) por la cual el Poder Ejecutivo de la Provincia toma a su cargo la deuda de 19 municipios. La misma asciende a la muy significativa suma de 185 millones de dólares, y proviene de la emisión de títulos públicos y de préstamos contratados con la banca privada. Se desglosa a razón de 75 millones que adeuda la Municipalidad de la capital y 33 millones que deben las municipalidades del interior.
La más superficial consideración de este tema, muestra la ligereza con la cual se ha procedido. Al no haberse efectuado un análisis en detalle de las operaciones que fueron edificando tan enorme endeudamiento, ni tampoco haberse considerado caso por caso, la resolución de la Legislatura viene a constituir -para decirlo rápidamente- un cuantioso "regalo", que en última instancia no representa sino un premio a la ineficiencia.
En efecto, a lo largo de estos últimos años, es por todos conocido que los municipios tucumanos no han realizado esfuerzo perceptible alguno para ordenar sus tradicionalmente deficitarias finanzas. Lejos de ello, se han comportado como si vivieran épocas de bonanza. Es conocido que no han hecho sino incrementar sus obligaciones, sin tener ninguna garantía de que podrían honrarlas cuando se convirtieran en exigibles. Se han multiplicado los nombramientos y las contrataciones, las obras públicas han brillado por su ausencia y, al mismo tiempo, la recaudación ha descendido de modo sustancial, configurando un cuadro cuya expresión numérica resulta por demás contundente.
Evidentemente, se ha obrado de una forma en todo opuesta a la que debiera vertebrar las finanzas de un organismo del Estado. El gasto ha corrido a una velocidad acelerada, sin ninguna conexión con las posibilidades de que los recursos, existentes o a percibir, pudieran afrontarlo. Es decir que se ha administrado pésimamente, sin ningún criterio, comprometiendo al erario de manera peligrosa e irresponsable.
Tal es la realidad que, de pronto, el Estado provincial ha venido a cargar sobre sus espaldas, por cierto ya suficientemente atribuladas. Es lamentable que se haya tomado esa decisión tan apresuradamente y, lo que es igualmente grave, que ella no estuviera precedida, como decimos, de un estudio sobre las causas y características del descalabro, ni tampoco sobre las responsabilidades que en el mismo caben a las sucesivas administraciones.
No es de esa manera que corresponde conducir los organismos municipales. Como lo hemos subrayado en múltiples oportunidades, todo departamento del Estado tiene obligación de manejarse de acuerdo con sus recursos, y no puede contraer obligaciones que vayan más allá de ese marco. Aumentar el gasto y solventarlo en base a préstamos seguidos por nuevos préstamos para pagar los que se contrajeron, no es sino enredarse en una espiral que constituye la negación de una conducción racional y ordenada de la cosa pública. Ninguna urgencia puede justificar desfases de esa índole.
Mientras no se entienda que situaciones como la considerada no pueden reiterarse, jamás podremos salir del cuadro de apuros financieros que caracteriza a nuestras municipalidades desde hace ya demasiado tiempo. La irresponsabilidad y la ineficiencia deben ser desterradas de la administración de esas jurisdicciones y no, como ha ocurrido lamentablemente ahora, premiadas con una ley que transfiera al Estado provincial las deudas que contrajeron tan alegremente.