Por Redacción Política
27 Diciembre 2011
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BUENOS AIRES.- El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy las indagatorias de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y de otras 30 personas por el desvío de cerca de 50 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Entre otras imputaciones, el fiscal los acusa de fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta, de conformar una asociación ilícita y falsedad ideológica de documento público.
El fiscal hizo la presentación al juez federal Norberto Oyarbide, quien en febrero tomaría una decisión al respecto, ya que en enero el Poder Judicial entra en receso.
En el requerimiento fiscal también figura Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, para que declare como imputada.
Di Lello aseguró que a la titular de Madres de Plaza de Mayo le cabe una responsabilidad civil ya que la actividad que desarrollaron los hermanos Schoklender y los demás imputados a partir de su ingreso a la Fundación es consecuencia directa de la decisión de ella, consideró.
No obstante, Di Lello no imputó a la titular de Madres, puesto que "los hechos defraudatorios probados en este estado de la instrucción, así como el lavado de lo producido merced a esos fraudes y, en definitiva, las organizaciones montadas a tales objetivos; no aparecen realizados o cubiertos directa y/o indirectamente por la Presidente de la Fundación". (NA-DYN)
Entre otras imputaciones, el fiscal los acusa de fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta, de conformar una asociación ilícita y falsedad ideológica de documento público.
El fiscal hizo la presentación al juez federal Norberto Oyarbide, quien en febrero tomaría una decisión al respecto, ya que en enero el Poder Judicial entra en receso.
En el requerimiento fiscal también figura Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, para que declare como imputada.
Di Lello aseguró que a la titular de Madres de Plaza de Mayo le cabe una responsabilidad civil ya que la actividad que desarrollaron los hermanos Schoklender y los demás imputados a partir de su ingreso a la Fundación es consecuencia directa de la decisión de ella, consideró.
No obstante, Di Lello no imputó a la titular de Madres, puesto que "los hechos defraudatorios probados en este estado de la instrucción, así como el lavado de lo producido merced a esos fraudes y, en definitiva, las organizaciones montadas a tales objetivos; no aparecen realizados o cubiertos directa y/o indirectamente por la Presidente de la Fundación". (NA-DYN)
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