El Gobierno no perdona al campo

"De haber sido combativos, hemos pasado al ostracismo, porque no se nos escucha. Prácticamente, ya hemos bajado los brazos". Sin eufemismos ni falsas posturas, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Manuel Avellaneda, sintetizó la postura, la actitud, del único sector de la economía que se atrevió a poner de rodillas al kirchnerismo. Hoy, parece demasiado lejano aquel 2008, cuando durante poco más de cuatro meses -entre marzo y julio- el ruralismo argentino se levantó contra la política agropecuaria nacional y logró un apoyo contundente de la clase media para voltear la polémica resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones de soja y sus subproductos, una medida que era considerada confiscatoria por la mayoría ruralista. Hoy, tres años y medio después de aquella cruzada, el campo sigue pagando la osadía de haberse enfrentado al Gobierno más popular en décadas en la Argentina.

Aunque el kirchnerismo asentó buena parte de sus expectativas económicas en los fabulosos ingresos que generaba -y genera- la soja, nunca hubo sintonía entre esta representación política y el llamado "ruralismo argentino". Por una cuestión histórica, los gobiernos de tinte "progresista" (como se autodefine el kirchnerismo) no tuvieron vínculos estrechos con la "oligarquía agropecuaria", aun cuando este sector incluya no sólo terratenientes o productores de gran escala.

Cuando el 17 de julio de 2008 la oposición festejaba el voto "no positivo" del vicepresidente y titular del Senado, Julio Cobos, que sepultaba la resolución 125, pocos se imaginaban que "la causa ruralista" estaba condenada al ostracismo. Agazapado y lamiendo sus heridas, el kirchnerismo inició entonces una etapa de "demolición" de todo lo que tuviera relación con el campo. No hubo ataques directos ni una estrategia de lucha contra el adversario -el enemigo- declarado. Sólo ninguneo. Sólo no hacer lugar a ningún reclamo que proviniera del sector. Sólo hacer como si el campo no existiera. Brillante.

En el camino, fueron quedando reclamos históricos, como la necesidad de que el Estado establezca una diferenciación de escalas y de zonas productivas a la hora de imponer la política agropecuaria. En el caso del NOA, quedó absolutamente en la nada el clamor ruralista de que disponga un esquema de fletes que compense la mayor distancia de la región con las denominadas zonas núcleo productoras de granos. Así, los funcionarios a cargo del área de Agricultura de la Nación se convirtieron en verdaderas "máquinas de impedir", según la lectura del titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi. Los referentes que el campo logró insertar en el Congreso de la Nación en 2009 tampoco tuvieron trascendencia y jamás lograron imponer ninguno de sus criterios.

El kirchnerismo se dio el gusto de desmantelar prácticamente el sector ganadero argentino, al punto de que hoy el consumo de carne anual per cápita es el más bajo de los últimos 90 años. También desde hace varias campañas que tiene en vilo a los productores de trigo y maíz, al impedirles las exportaciones, y no hay señales de que pudiera disminuir alguna vez la presión fiscal que recae sobre la soja.

El último golpe al sector agropecuario fue la erradicación de plano del Renatre, encargado de registrar los empleados del campo, que era manejado fundamentalmente por Uatre -un gremio enfrentado al Gobierno-, ahora reemplazado por un organismo similar, pero controlado por el Estado nacional. La desarticulación del Renatre no parecía urgente, pero se llevó a cabo en tiempo récord y sin anestesia. Toda una señal de que la concordia entre el Gobierno y el campo está lejos de materializarse.