24 Diciembre 2011 Seguir en 
Por Hugo E. Grimaldi - DYN
BUENOS AIRES.- Cuando hay discrecionalidad se limita la libertad. Y como el cierre del año ha quedado impregnado no sólo por el afán del Congreso de poner en manos del Estado todo lo que se pueda, sino por darle al Ejecutivo patente para decidir, está más que claro que muchos sectores y actividades comenzarán a sufrir la potestad de los funcionarios. Entre ellas, hay cuestiones graves que hacen a la tarea de la prensa que van a determinar, tras la sanción sin discusión de algunas de las últimas leyes, que la profesión de los periodistas ya no sea la misma a partir de 2012.
Por un lado, porque muchas empresas que editan diarios querrán curarse en salud para que el poderoso Estado no se irrite y les cierre la importación de papel o las incluya en una lista negra de cupos. Por mero instinto de autoprotección, algunas de ellas comenzarán entonces a promover visiones editoriales más contemplativas. Pero además, si el reflejo periodístico de una corrida bancaria va a ser asimilado al concepto de "aterrorizar a la población", con penas duplicadas en el Código Penal, es probable que buena parte de la prensa se abstenga de reflejarlo. ¿Por qué no creerle al oficialismo que la nueva Ley de estatización del papel para diarios es únicamente para asegurar la distribución igualitaria de ese insumo? ¿Por qué dudar sobre lo dicho públicamente por los más moderados del Gobierno, en relación a que la Ley Antiterrorista no alcanza a periodistas y medios? En principio, porque no se sabe cuál es la postura presidencial, si acompaña las voces de los convencidos, pero sensatos o si le da letra a los habitualmente más gurkas de su Administración. Los antecedentes no juegan a favor del Ejecutivo y no dan demasiada tranquilidad al respecto, porque han sido muchas las maniobras que han hecho los funcionarios después de la sanción de las leyes a la hora de la reglamentación, pero sobre todo a partir de elaborar las disposiciones que emanan de haber torcido más de una vez la letra que aprobó el Congreso.
En voz baja, muchos legisladores dicen que la idea última de esta Ley es embretar al periodismo no alineado, aunque el ministro del Interior, Florencio Randazzo acaba de decir que un "disparate" es suponer que la Ley Antiterrorista pueda ser aplicada contra los medios de comunicación. También, cuándo no, acusó a los mismos medios de magnificar la cosa. Sin embargo, quién usó los micrófonos para decir lo contrario fue uno de los duros del mismo Gobierno, el titular de la UIA, José Sbatella, mención que no pudo diluir siquiera el senador Miguel Pichetto, quien señaló que serán "los jueces", en todo caso, quienes lo determinarán.
Esto significa que los periodistas, sus editores y los responsables de los medios, aunque no puedan ser inculpados, podrían llegar a pasar por los Tribunales con la espada sobre su nuca si algún funcionario los denuncia y los suma a lo que dijo Sbatella sobre el concepto alfonsinista de "golpe de mercado" que él mismo había recordado cuando habló hace unos días de las "corridas contra la moneda", situación que la Presidenta denunció el día 10 ante la Asamblea Legislativa como quintuplicada durante su gestión y aún unos meses antes. En este sentido, vale recordar que el primer período de tensión cambiaria que involucró a Cristina se registró entre julio y octubre de 2007, antes de la elección presidencial, cuando al Banco Central le llevaron U$S 1.500 millones. Luego, durante el conflicto con el campo entre marzo y julio de 2008, el BCRA debió desprenderse de unos U$S 3.000 millones.
El tercer episodio se dio, por motivos internacionales, en medio de la crisis de 2008, a lo que se le sumó la estatización de los ahorros privados. Hubo una cuarta corrida en junio de 2009, cuando el Gobierno perdió las legislativas de ese año y la quinta, la más violenta, se verificó in crescendo durante todo este año, hasta que la AFIP cerró el grifo de la venta libre de divisas, con pérdidas de Reservas que superaron los 20.000 millones.
Quizás como un reaseguro más para evitar este tipo de acontecimientos hacia el futuro, Sbatella dijo por radio sobre el periodismo que "los que generan eso es un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden los medios" y cuando quien lo entrevistaba afirmó que existen "medios que se unen" a esos ataques financieros, Sbatella respondió: "y bueno, eso es aterrorizar a la población".
En una interpretación libre, Randazzo señaló que la ley no reprime la protesta social y menos la vinculada a los derechos humanos y sociales y agregó que tampoco le cabe "al resto de los derechos constitucionales, como el derecho a la información". Sin embargo, el matiz que el ministro omitió es que el párrafo que se agregó para conformar a las organizaciones de derechos humanos sólo funciona para limitar las duplicaciones de penas mínimas y máximas y no para impedir que se vulnere cualquiera de los derechos. Así rezará ahora el artículo 41 quinquies (numeral latino que significa que se ha repetido cinco veces) del Código Penal: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
No sólo el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni ha dicho que la Ley es un "disparate", por lo que cabría interpretar que Randazzo le respondió a él cuando usó el término, sino que las voces de los organismos de derechos humanos se han sumado para expresar que nunca antes, desde el regreso de la democracia, se ha ampliado tanto el poder punitivo del Estado como ahora. Interpretan que la nueva legislación abre peligrosamente la puerta para la discrecionalidad de los gobiernos nacional o provinciales a la hora de acusar y, por último, a la interpretación de los jueces.
En general, los defensores de los derechos humanos coinciden en que la Ley es "nefasta" porque se le está otorgando al Estado la posibilidad de criminalizar cualquier situación que lo haga sentir vulnerable, a partir de una nueva figura legal, la del "peligro", pero sobre todo a partir de la ambigüedad de la interpretación de la norma. "¿Quién va a decidir qué es terrorismo y qué no?" se preguntan los activistas, muchos de ellos militantes comprometidos con el kirchnerismo.
La sensación que queda sobre la Ley Antiterrorista es que un instrumento solicitado por el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el GAFI, le ha dado la oportunidad a un ala no menor del kirchnerismo para usar la excusa y tener el instrumento que le permita ejercer la represión. Sin embargo, Zaffaroni cree que es el organismo el que "extorsiona para sacar esas leyes y si no, nos va a sancionar económicamente". Desde lo técnico, los expertos opinan que el GAFI está pidiendo resultados en la lucha contra el lavado de dinero y no más normas regulatorias, ni mucho menos la tipificación de ciertas conductas que puedan afectar el orden económico y financiero y que puedan servir como pantalla para esconder otros propósitos.
Lo que vale para las organizaciones de derechos humanos también vale para el periodismo, por lo que es más que probable que sea la Justicia la que tenga que reparar tamaño avance sobre las libertades individuales.
Otro tanto en materia judicial va a ocurrir con la Ley que apunta a controlar la fabricación de papel en la Argentina. Los socios privados de Papel Prensa no sólo acudirán a los jueces para sostener el reproche constitucional que atiende a "la libertad de imprenta", sino que las acciones se podrían extender hacia el fuero Penal, inclusive, en tanto y en cuanto a que la Ley, en colisión con normas de la Ley de Sociedades que no se derogan, establece un procedimiento de licuación accionaria y desapoderamiento, lo que no es ni más ni menos que una expropiación sin indemnización. Clarín y La Nación han pasado también durante la semana por situaciones donde la Justicia ha tenido activa participación, pero en su contra, lo que no parece ingenuo en estos tiempos de ataques sistemáticos que se producen en varios frentes. En el caso de Cablevisión, el Grupo Clarín pidió el juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien ordenó intervenir y desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal que en 2007 había autorizado el ex presidente Néstor Kirchner, aún antes de verificar si todo ello es posible, en atención a un pedido del Grupo Vila-Manzano que recurrió a la Justicia por un supuesto abuso de posición dominante.
Por el lado de La Nación, tuvo que denunciar ante la Corte que la AFIP había solicitado hace un mes aproximadamente la inhibición general de sus bienes al Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 1, a cargo de Carlos Folco y que no le comunicó a éste que existía un fallo previo que impedía avanzar en el caso. Que los organismos públicos no acaten un fallo del más Alto Tribunal de Justicia es muy grave, aún considerando que pudo haber sido fruto de un olvido. Pero como en estas cosas de la política no hay casualidades, esta desidia procesal refleja más omnipotencia que otra cosa. La misma que hace que los periodistas empiecen cuidarse de las subjetividades de los funcionarios, con reparos que los podrían hacer caer, por las dudas, en el peor de los males en el ejercicio de la libertad de expresión: la autocensura. Efectivamente, nada será igual en 2012.
BUENOS AIRES.- Cuando hay discrecionalidad se limita la libertad. Y como el cierre del año ha quedado impregnado no sólo por el afán del Congreso de poner en manos del Estado todo lo que se pueda, sino por darle al Ejecutivo patente para decidir, está más que claro que muchos sectores y actividades comenzarán a sufrir la potestad de los funcionarios. Entre ellas, hay cuestiones graves que hacen a la tarea de la prensa que van a determinar, tras la sanción sin discusión de algunas de las últimas leyes, que la profesión de los periodistas ya no sea la misma a partir de 2012.
Por un lado, porque muchas empresas que editan diarios querrán curarse en salud para que el poderoso Estado no se irrite y les cierre la importación de papel o las incluya en una lista negra de cupos. Por mero instinto de autoprotección, algunas de ellas comenzarán entonces a promover visiones editoriales más contemplativas. Pero además, si el reflejo periodístico de una corrida bancaria va a ser asimilado al concepto de "aterrorizar a la población", con penas duplicadas en el Código Penal, es probable que buena parte de la prensa se abstenga de reflejarlo. ¿Por qué no creerle al oficialismo que la nueva Ley de estatización del papel para diarios es únicamente para asegurar la distribución igualitaria de ese insumo? ¿Por qué dudar sobre lo dicho públicamente por los más moderados del Gobierno, en relación a que la Ley Antiterrorista no alcanza a periodistas y medios? En principio, porque no se sabe cuál es la postura presidencial, si acompaña las voces de los convencidos, pero sensatos o si le da letra a los habitualmente más gurkas de su Administración. Los antecedentes no juegan a favor del Ejecutivo y no dan demasiada tranquilidad al respecto, porque han sido muchas las maniobras que han hecho los funcionarios después de la sanción de las leyes a la hora de la reglamentación, pero sobre todo a partir de elaborar las disposiciones que emanan de haber torcido más de una vez la letra que aprobó el Congreso.
En voz baja, muchos legisladores dicen que la idea última de esta Ley es embretar al periodismo no alineado, aunque el ministro del Interior, Florencio Randazzo acaba de decir que un "disparate" es suponer que la Ley Antiterrorista pueda ser aplicada contra los medios de comunicación. También, cuándo no, acusó a los mismos medios de magnificar la cosa. Sin embargo, quién usó los micrófonos para decir lo contrario fue uno de los duros del mismo Gobierno, el titular de la UIA, José Sbatella, mención que no pudo diluir siquiera el senador Miguel Pichetto, quien señaló que serán "los jueces", en todo caso, quienes lo determinarán.
Esto significa que los periodistas, sus editores y los responsables de los medios, aunque no puedan ser inculpados, podrían llegar a pasar por los Tribunales con la espada sobre su nuca si algún funcionario los denuncia y los suma a lo que dijo Sbatella sobre el concepto alfonsinista de "golpe de mercado" que él mismo había recordado cuando habló hace unos días de las "corridas contra la moneda", situación que la Presidenta denunció el día 10 ante la Asamblea Legislativa como quintuplicada durante su gestión y aún unos meses antes. En este sentido, vale recordar que el primer período de tensión cambiaria que involucró a Cristina se registró entre julio y octubre de 2007, antes de la elección presidencial, cuando al Banco Central le llevaron U$S 1.500 millones. Luego, durante el conflicto con el campo entre marzo y julio de 2008, el BCRA debió desprenderse de unos U$S 3.000 millones.
El tercer episodio se dio, por motivos internacionales, en medio de la crisis de 2008, a lo que se le sumó la estatización de los ahorros privados. Hubo una cuarta corrida en junio de 2009, cuando el Gobierno perdió las legislativas de ese año y la quinta, la más violenta, se verificó in crescendo durante todo este año, hasta que la AFIP cerró el grifo de la venta libre de divisas, con pérdidas de Reservas que superaron los 20.000 millones.
Quizás como un reaseguro más para evitar este tipo de acontecimientos hacia el futuro, Sbatella dijo por radio sobre el periodismo que "los que generan eso es un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden los medios" y cuando quien lo entrevistaba afirmó que existen "medios que se unen" a esos ataques financieros, Sbatella respondió: "y bueno, eso es aterrorizar a la población".
En una interpretación libre, Randazzo señaló que la ley no reprime la protesta social y menos la vinculada a los derechos humanos y sociales y agregó que tampoco le cabe "al resto de los derechos constitucionales, como el derecho a la información". Sin embargo, el matiz que el ministro omitió es que el párrafo que se agregó para conformar a las organizaciones de derechos humanos sólo funciona para limitar las duplicaciones de penas mínimas y máximas y no para impedir que se vulnere cualquiera de los derechos. Así rezará ahora el artículo 41 quinquies (numeral latino que significa que se ha repetido cinco veces) del Código Penal: "Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
No sólo el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni ha dicho que la Ley es un "disparate", por lo que cabría interpretar que Randazzo le respondió a él cuando usó el término, sino que las voces de los organismos de derechos humanos se han sumado para expresar que nunca antes, desde el regreso de la democracia, se ha ampliado tanto el poder punitivo del Estado como ahora. Interpretan que la nueva legislación abre peligrosamente la puerta para la discrecionalidad de los gobiernos nacional o provinciales a la hora de acusar y, por último, a la interpretación de los jueces.
En general, los defensores de los derechos humanos coinciden en que la Ley es "nefasta" porque se le está otorgando al Estado la posibilidad de criminalizar cualquier situación que lo haga sentir vulnerable, a partir de una nueva figura legal, la del "peligro", pero sobre todo a partir de la ambigüedad de la interpretación de la norma. "¿Quién va a decidir qué es terrorismo y qué no?" se preguntan los activistas, muchos de ellos militantes comprometidos con el kirchnerismo.
La sensación que queda sobre la Ley Antiterrorista es que un instrumento solicitado por el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el GAFI, le ha dado la oportunidad a un ala no menor del kirchnerismo para usar la excusa y tener el instrumento que le permita ejercer la represión. Sin embargo, Zaffaroni cree que es el organismo el que "extorsiona para sacar esas leyes y si no, nos va a sancionar económicamente". Desde lo técnico, los expertos opinan que el GAFI está pidiendo resultados en la lucha contra el lavado de dinero y no más normas regulatorias, ni mucho menos la tipificación de ciertas conductas que puedan afectar el orden económico y financiero y que puedan servir como pantalla para esconder otros propósitos.
Lo que vale para las organizaciones de derechos humanos también vale para el periodismo, por lo que es más que probable que sea la Justicia la que tenga que reparar tamaño avance sobre las libertades individuales.
Otro tanto en materia judicial va a ocurrir con la Ley que apunta a controlar la fabricación de papel en la Argentina. Los socios privados de Papel Prensa no sólo acudirán a los jueces para sostener el reproche constitucional que atiende a "la libertad de imprenta", sino que las acciones se podrían extender hacia el fuero Penal, inclusive, en tanto y en cuanto a que la Ley, en colisión con normas de la Ley de Sociedades que no se derogan, establece un procedimiento de licuación accionaria y desapoderamiento, lo que no es ni más ni menos que una expropiación sin indemnización. Clarín y La Nación han pasado también durante la semana por situaciones donde la Justicia ha tenido activa participación, pero en su contra, lo que no parece ingenuo en estos tiempos de ataques sistemáticos que se producen en varios frentes. En el caso de Cablevisión, el Grupo Clarín pidió el juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien ordenó intervenir y desintegrar la fusión de Cablevisión y Multicanal que en 2007 había autorizado el ex presidente Néstor Kirchner, aún antes de verificar si todo ello es posible, en atención a un pedido del Grupo Vila-Manzano que recurrió a la Justicia por un supuesto abuso de posición dominante.
Por el lado de La Nación, tuvo que denunciar ante la Corte que la AFIP había solicitado hace un mes aproximadamente la inhibición general de sus bienes al Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 1, a cargo de Carlos Folco y que no le comunicó a éste que existía un fallo previo que impedía avanzar en el caso. Que los organismos públicos no acaten un fallo del más Alto Tribunal de Justicia es muy grave, aún considerando que pudo haber sido fruto de un olvido. Pero como en estas cosas de la política no hay casualidades, esta desidia procesal refleja más omnipotencia que otra cosa. La misma que hace que los periodistas empiecen cuidarse de las subjetividades de los funcionarios, con reparos que los podrían hacer caer, por las dudas, en el peor de los males en el ejercicio de la libertad de expresión: la autocensura. Efectivamente, nada será igual en 2012.
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