No hay tarea preventiva en el conflicto con ambulantes

Al comenzar diciembre, en Tucumán se desató un nuevo conflicto entre vendedores informales y el gobierno municipal, que a su vez actúa impulsado por los reclamos que realizan los comerciantes registrados. Ante este hecho surgen algunas observaciones. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en el tercer trimestre de 2011, Tucumán registra una tasa de desocupación de sólo el 3,3%, es decir prácticamente no hay desempleo en la provincia. Técnicamente, esta bajísima tasa se denomina tasa de desempleo friccional (por rotación y búsqueda de mejores empleos). Se trata de una tasa muy por debajo de la media nacional, que es del 7,2%, lo que llama la atención dado que en los últimos años la desocupación en la provincia se mantuvo por encima del promedio nacional y no hubo modificaciones estructurales en la economía provincial que expliquen este marcado descenso. No sólo la tasa de desempleo se ubica muy por debajo de la media nacional, sino también muy por debajo de la media regional, del 6,4%, y de provincias limítrofes como Salta, con el 9,7%.

Considerando estos números, y los acontecimientos acaecidos con el trabajo informal en la capital tucumana surgen algunos interrogantes: ¿Si la economía provincial ha creado la cantidad de puestos de trabajo suficientes para bajar a tasas ínfimas la desocupación, por qué se producen estas tensiones sociales? ¿Será que a los comerciantes informales les conviene seguir en esta situación porque perciben planes asistenciales, que de lo contrario perderían? ¿Quién abastece de mercaderías a los puestos informales? ¿Conviene la informalidad en la medida que no se cumplen horarios ni se exigen niveles educativos? ¿Qué sucede con la calidad del empleo en Tucumán?

Al considerar el aspecto social del trabajo, el problema de fondo no es tanto la tasa de desempleo, sino su calidad y el contexto de oportunidades de trabajo que se crean. Con el desempleo puede terminarse en forma inmediata. Bastaría que el Estado ofrezca trabajo a aquellas personas que por distintas razones no están empleadas. En ese caso la tasa de desocupación sería cero, pero seguramente los salarios serían muy bajos, lo que reflejaría una baja productividad. Las autoridades municipales, que deberían velar por el estricto cumplimiento de las normas en forma permanente, actúan recién en el mes de diciembre, cuando tanto los comerciantes formales como los informales esperan incrementar sus ventas significativamente. Es decir, los problemas no tienen un tratamiento preventivo, sino que se procede sobre la marcha. La consecuencia es lógica: más caos en una ciudad que aún carece de verdaderas obras de infraestructura, de higiene, de ordenamiento del tránsito y de otros aspectos que distan demasiado de una ciudad ordenada.

Otro aspecto que sobresale es el relacionado con el corazón del problema: el derecho a trabajar. Tanto los comerciantes, que pagan sus impuestos y cumplen con los requisitos de habilitación de sus negocios, como los que no los cumplen, ejercen su derecho de trabajar, de sustentarse.

Sin embargo, el Estado no sólo debe hacer cumplir las normas porque posibilitan una mejor convivencia sino, además, brindar incentivos correctos. Cuando el informal se equipara con el formal hay una situación de injusticia y de competencia desleal. El mensaje a la sociedad es: de poco sirve la formalidad, lo que se convierte en altamente nocivo para la vigencia del Estado de Derecho. A pesar del despliegue policial y de las declaraciones insistiendo en que debe cumplirse lo que ordena un fallo judicial respecto del desalojo de las ventas informales, la municipalidad capitalina no cumple con la disposición de la Justicia.