Por Juan José Domínguez
08 Diciembre 2011
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que debería estar conformado por 18 ediles, funciona desde hace un mes y medio con 17, como consecuencia directa del fraude electoral. Y de nada más.
El recuento de los votos para la categoría de concejal de 20 urnas cuestionadas, tras el cual la opositora Sandra Manzone pudo demostrar que el 28 de agosto sí había sacado más votos que el oficialista Claudio Morata, confirmó que se hizo trampa. E indefectiblemente el caso lleva a suponer que la manipulación de la voluntad popular no solamente se practica en esta ciudad, sino en toda la provincia. Basta recordar los casos recientes de las comunas de Alto Verde y El Chañar, y hace cuatro años, el de Taco Ralo, donde los ciudadanos tuvieron que volver a votar.
Las principales irregularidades detectadas en relación con las 20 mesas de estos comicios capitalinos consistieron en reducir la cantidad de votos para la candidata de la Coalición Cívica y aumentar las del postulante peronista, tanto a la hora de llenar el telegrama (el 28 de agosto) como al momento de efectuar el escrutinio definitivo (el 2 de septiembre), según se comentó en la sede de la Junta Electoral Provincial (JEP).
También se advirtieron incongruencias, tales como un mayor número de sufragios que el de electores del padrón y "votos que quedaron en el aire" y que fueron asignados a "vaya a saber quién".
Según el conteo provisorio, Manzone le ganaba por 121 votos, pero cinco días después, en el definitivo, la JEP confirmó que Morata era el que le ganó a Manzone por 34 votos. Un resultado por lo menos curioso.
La opositora recurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuya sala III, con la firma de Ebe López Piossek y Rodolfo Novillo, le ordenó a la JEP la apertura de 20 urnas y su correspondiente escrutinio, teniendo en cuenta las irregularidades denunciadas. El fallo impuso respeto por la voluntad popular. Manzone finalmente resultó ganadora por 11 votos.
Para pensar
El caso invita a reflexionar:
Mal que le pese al Gobierno de la Provincia, en las elecciones generales del 28 de agosto, en las que volvió a arrasar el alperovichismo, sí se efectuaron maniobras fraudulentas.
Los tribunales sí funcionan cuando se trata de impartir justicia en pujas de índole electoral y hacer respetar la verdadera decisión popular.
Tucumán requiere cuanto menos replantearse el sistema de votación.
A propósito, dos normas de la Constitución provincial, reformada en 2006 por obra y gracia del alperovichismo, ordenan que en Tucumán se implemente el voto electrónico. En el artículo 43, inciso 3, se establece este sistema de votación; y en el 157 se define que su aplicación será en forma progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y económicas.
Los convencionales constituyentes le impusieron a la Legislatura la obligación de sancionar una norma reglamentaria antes del final de ese año. La Ley 7.876 fue aprobada en febrero de 2007, pero el punto fue vetado por el gobernador, José Alperovich. En enero, Alperovich prometió que el sistema de voto electrónico se aplicará para las futuras elecciones. "No va a haber tiempo ahora (para las elecciones llevadas a cabo este año), pero sí se lo hará para la próxima votación", dijo el mandatario, el lunes 17 de enero de este año.
Sería saludable que el Estado aproveche estos tiempos no electorales para preparar y luego poner en vigencia un sistema de votación sólido, rápido y confiable, de modo que no ganen siempre los que tienen más plata y los timadores.
El recuento de los votos para la categoría de concejal de 20 urnas cuestionadas, tras el cual la opositora Sandra Manzone pudo demostrar que el 28 de agosto sí había sacado más votos que el oficialista Claudio Morata, confirmó que se hizo trampa. E indefectiblemente el caso lleva a suponer que la manipulación de la voluntad popular no solamente se practica en esta ciudad, sino en toda la provincia. Basta recordar los casos recientes de las comunas de Alto Verde y El Chañar, y hace cuatro años, el de Taco Ralo, donde los ciudadanos tuvieron que volver a votar.
Las principales irregularidades detectadas en relación con las 20 mesas de estos comicios capitalinos consistieron en reducir la cantidad de votos para la candidata de la Coalición Cívica y aumentar las del postulante peronista, tanto a la hora de llenar el telegrama (el 28 de agosto) como al momento de efectuar el escrutinio definitivo (el 2 de septiembre), según se comentó en la sede de la Junta Electoral Provincial (JEP).
También se advirtieron incongruencias, tales como un mayor número de sufragios que el de electores del padrón y "votos que quedaron en el aire" y que fueron asignados a "vaya a saber quién".
Según el conteo provisorio, Manzone le ganaba por 121 votos, pero cinco días después, en el definitivo, la JEP confirmó que Morata era el que le ganó a Manzone por 34 votos. Un resultado por lo menos curioso.
La opositora recurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuya sala III, con la firma de Ebe López Piossek y Rodolfo Novillo, le ordenó a la JEP la apertura de 20 urnas y su correspondiente escrutinio, teniendo en cuenta las irregularidades denunciadas. El fallo impuso respeto por la voluntad popular. Manzone finalmente resultó ganadora por 11 votos.
Para pensar
El caso invita a reflexionar:
Mal que le pese al Gobierno de la Provincia, en las elecciones generales del 28 de agosto, en las que volvió a arrasar el alperovichismo, sí se efectuaron maniobras fraudulentas.
Los tribunales sí funcionan cuando se trata de impartir justicia en pujas de índole electoral y hacer respetar la verdadera decisión popular.
Tucumán requiere cuanto menos replantearse el sistema de votación.
A propósito, dos normas de la Constitución provincial, reformada en 2006 por obra y gracia del alperovichismo, ordenan que en Tucumán se implemente el voto electrónico. En el artículo 43, inciso 3, se establece este sistema de votación; y en el 157 se define que su aplicación será en forma progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y económicas.
Los convencionales constituyentes le impusieron a la Legislatura la obligación de sancionar una norma reglamentaria antes del final de ese año. La Ley 7.876 fue aprobada en febrero de 2007, pero el punto fue vetado por el gobernador, José Alperovich. En enero, Alperovich prometió que el sistema de voto electrónico se aplicará para las futuras elecciones. "No va a haber tiempo ahora (para las elecciones llevadas a cabo este año), pero sí se lo hará para la próxima votación", dijo el mandatario, el lunes 17 de enero de este año.
Sería saludable que el Estado aproveche estos tiempos no electorales para preparar y luego poner en vigencia un sistema de votación sólido, rápido y confiable, de modo que no ganen siempre los que tienen más plata y los timadores.
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