El grave tema de la seguridad

El problema de la seguridad en Tucumán es uno de los más acuciantes para todos los sectores de la población. La sola mirada a la crónica policial cotidiana en nuestras ediciones, es un testimonio de la realidad vigente en ese sentido. Queda para los sociólogos, asistentes sociales y estudiosos de la conducta en general, analizar las motivaciones de un auge del delito, que se comete a edades cada vez más tempranas. Pero dicho aspecto de la cuestión no es el que más inquieta al hombre de la calle. Lo que este ansía, muy explicablemente, es más sencillo de formular: aspira a que la Policía asuma su responsabilidad de proteger su persona y su propiedad. No le falta razón ya que es a través de la Policía que el Estado debe llenar esa función, que figura entre las primordiales a su cargo. A pesar de los muchos logros que sin duda deben apuntarse en el haber de la fuerza policial, hay que convenir que existe una serie de problemas, de vasta incidencia en su accionar, cuya solución no llega. En primer lugar, la cuestión del número de efectivos. Bien sabemos que no se cuenta ni siquiera con la mitad de la cantidad de hombres que sería indispensable para atender a la población. Desde hace mucho tiempo el número no pasa de 5.000, mientras la cifra adecuada sería entre 10.000 y 12.000, según lo señalan los expertos.
A esta cuestión tan significativa se suman los problemas de equipo. Es conocido que, en cuanto a armamento, los delincuentes cuentan con mayor cantidad y mucho más modernas armas que las que poseen los representantes de la ley. La movilidad es otra gran asignatura pendiente. No existe un plan constante ni suficiente de provisión de unidades. Así es que, cuando de vez en cuando se adquieren vehículos para la Policía, ellos son utilizados hasta mucho más allá de sus posibilidades, dados los turnos y jurisdicciones enormes que deben cubrirse. Ocurre entonces que la movilidad queda desvencijada al muy poco tiempo, y entonces se la repara de cualquier manera. Existe, pues, un déficit grave también en ese aspecto.
En otro orden de cosas, la falla de seguridad está estrictamente vinculada a carencias del Poder Judicial. Actualmente, los fiscales de instrucción son cada vez menos en número (de los 10 que había han quedado 6, por renuncias, cambio de destino o fallecimiento) y están agobiados de trabajo por la enorme cantidad de causas. Por ello no pueden ocuparse de todas, y deben forzosamente concentrarse en las más importantes. Con lo cual queda postergada la atención a una serie de delitos menores -que no por menores dejan de ser tales- que, justamente, por su cantidad y reiteración, son los que mantienen viva en la población la sensación de alarma y de inseguridad. En ese sentido, pareciera evidente que la provisión de las fiscalías vacantes debiera ser algo de trámite mucho más veloz.
Una mirada panorámica al asunto muestra que, más allá de las cuestiones puntuales, falta entre nosotros el diseño de una política realista y coherente de seguridad para la provincia. Es un dato revelador recordar que la última vez que la Legislatura trató el tema fue en aquella "megasesión" del año 2000. Van corriendo ya dos meses desde que el Ministerio de Gobierno anunció el envío de leyes referidas al asunto, y la Cámara ni siquiera se ha reunido. Inclusive, carecemos de estadísticas sobre el delito en Tucumán.
La política de seguridad es indispensable, porque de otro modo se termina actuando ante la coyuntura y para "apagar el incendio", en lugar de operar en base a una programación adecuadamente diseñada y a largo plazo. Es necesario, entonces, mirar el problema de otra manera, otorgándole la trascendencia que tiene para todos los habitantes.