Inician un juicio de cuentas al delegado de Colombres

En la localidad de Colombres, donde la mayoría de los habitantes vive de la producción de caña de azúcar, el comisionado rural, Daniel Hernández, está atravesando un momento bastante amargo. Hace pocos días, el Tribunal de Cuentas inició un juicio de cuentas en su contra, debido a que se detectó una rendición irregular correspondiente al primer bimestre de 2008. En aquel informe, constan designaciones de personal por $ 368.910; sin embargo, Hernández aún no pudo justificar ante el ente de contralor por qué contrató empleados sin notificar al Ministerio del Interior, como indica la ley.

"Estos fondos surgen por liquidación fuera de cómputo; es un trámite que estoy realizando ante el Gobierno para la convalidación de los gastos. ¿Qué sucede? Esto no viene desde mi gestión, sino de muchas gestiones anteriores; esta es una comuna que siempre ha tenido una planilla de personal liquidada con recursos propios. Y período a período, y a través de una gestión, se convalidan los gastos. Es un trámite. Está faltando que me determinen la convalidación de los gastos, pero la rendición es clara y concreta", argumentó el comisionado, en diálogo con LA GACETA.

Hernández es ingeniero civil, y asumió por primera vez en la comuna de Colombres en 1999. Su hermano, Miguel Hernández, se hizo cargo de la gestión siguiente. Pero en 2007, Daniel volvió a ganar las elecciones, y en los últimos comicios fue reelecto con el 52% de los votos. "Me replanteo y reformulo millones de veces lo que hago. Pero debe ser que tan mal no vengo. Por algo me apoyó la mitad más uno", aseveró el comisionado rural, que responde al alperovichismo.

Justificar erogaciones

Cada dos meses, los delegados deben elevar un balance a la Dirección General de Comunas Rurales (que depende del Ministerio del Interior) para justificar las erogaciones de fondos públicos. Luego, ese informe es enviado al Tribunal de Cuentas (TC) para la auditoría externa y el cruce de datos.

En una de las rendiciones enviadas por Hernández, el ente de contralor detectó una situación llamativa.

Según un acuerdo (como se denomina a las resoluciones del TC) firmado hace 10 días, falta regularizar la suma de $ 368.910, correspondientes a los dos primeros meses de 2008.

Por ello, se inició un sumario de cuentas contra Hernández y contra la secretaria de la comuna, Marta Isabel Casaballe. En esta etapa, el tribunal le da la chance a los administradores de que regularicen los datos discordantes. Hernández presentó sus argumentos, pero no quedó bien parado, según lo deja entrever el acuerdo. "La documentación no cambia en nada lo observado (...). Las designaciones se realizaron violando lo que dispone el artículo 19, inciso 2 de la ley 7.350 (Ley Orgánica de Comunas Rurales) y sus modificaciones", indica la resolución.

Esa norma enumera las facultades y deberes del comisionado rural. Entre ellas está la de designar al personal que prestará servicios en su gestión; sin embargo, este trámite debe contar con la autorización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior. En Colombres, según el Tribunal de Cuentas, omitieron este paso. Por eso, el organismo les inició un juicio de cuentas a Hernández y a Casaballe.

Esta etapa puede concluir con el sobreseimiento o, en el otro extremo, con la determinación de un cargo fiscal (es decir, un equivalente al monto gastado sin documentación respaldatoria, por el cual deben responder con su patrimonio quienes estaban al frente de la administración al momento de la erogación). El Tribunal de Cuentas, en algunas semanas, podría resolver esto.

Según Hernández, la rendición fue clara y concreta. "Esta es una situación muy vieja, y en todos los períodos anteriores existe esto; tiene que ver con lo social y con el empleo. Hay gente hasta con 20 años de antigüedad liquidada, que aún no ha pasado a cómputo de la provincia", dijo. Cuando LA GACETA le aclaró que ese monto surgía del primer bimestre de 2008, Hernández respondió: "son dos meses, dividilo en dos y es una planilla que oscila los ciento y pico de miles de pesos por mes; o sea, poco".

Además, el delegado indicó que estas erogaciones representan el pago de unos 75 empleados, y que no se vinculan con la asistencia social que se presta desde la comuna.

- ¿La incorporación de personal no corresponde a su gestión?

- En parte sí y en parte no... o sea, tengo gente, y uno sigue incrementando. Pero es una situación en vías de solución.

- ¿Y por qué no se notificó al Ejecutivo?

- El Ministerio del Interior tiene conocimiento de las acciones que se llevan a cabo desde las comunas. Y, de verdad, pone todo de su parte para solucionarnos. Mucha de la gente que estaba liquidada por fuera de cómputo ya se le viene normalizando la situación.