Cristina ilusiona a los ruralistas

En estos días en que se consolidó el poder del kirchnerismo mediante el voto popular tal vez no muchos recuerden que a mediados de 2008, a poco de asumir la actual gestión, la presidenta Cristina Fernández estuvo a punto de renunciar a su cargo. Entonces, parecía que el conflicto que el Gobierno mantuvo durante cuatro meses con el campo -a causa de la polémica resolución 125- podía dejar un vacío de poder que haría imposible la gobernabilidad. En aquel momento, diversos medios de comunicación coincidieron en un relato que daba cuenta de la exigencia de Néstor Kirchner para que Cristina abandone el barco ante una crisis que parecía sin retorno, cosa que finalmente no ocurrió. Hoy, a más de tres años de aquellos episodios, cuyas esquirlas afectaron al Gobierno al menos hasta la muerte de Kirchner, en octubre de 2010, se presenta un nuevo escenario, una nueva chance para que el kirchnerismo establezca parámetros de concordia no sólo entre los suyos, sino hacia afuera. Algunas señales ya se vieron.

El hecho de que el campo argentino, por intermedio de la Mesa de Enlace Agropecuaria, le haya doblado el brazo al kirchnerismo en 2008, al impedir que se ponga en marcha la resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones de soja y sus derivados, no significó un posicionamiento efectivo del ruralismo en la escena nacional. Por el contrario, luego de haberse regodeado en las elecciones legislativas nacionales de 2009, cuando se incorporaron al Congreso legisladores del campo de distintas provincias, el empuje ruralista decayó sin remedio, de la mano de una estrategia oficial inesperada: el ninguneo. El campo seguía de festejo, pero el Gobierno, el supuesto derrotado, no satisfizo ni uno solo de los reclamos del sector. Así, hasta hoy.

La reciente visita de Cristina Fernández a la sede de Coninagro, la menos combativa de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, se interpretó como una débil luz en la oscura relación entre el Gobierno y el agro argentino, en medio de la campaña electoral. Pero no cayó tan bien en el resto de las instituciones de la Mesa -Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA)-, que soportan el asedio de sus asociados que exigen que se liberen las exportaciones de maíz y trigo, por ejemplo, o que se segmente el cobro de retenciones en función de la escala de cada productor de soja. El campo en general demanda alguna solución concreta a sus recurrentes pedidos, y no sólo una foto de campaña. En Tucumán, los autoconvocados que fueron artífices de la protesta de 2008 en nuestra provincia siguen muy molestos con el Gobierno central.

Los menos radicalizados se esperanzan con que la presidenta Fernández esté dispuesta a iniciar un nuevo período con mayor apertura al diálogo con el campo, y con medidas concretas hacia una actividad que viene sosteniendo con sus recursos buena parte de la funcionalidad del Estado nacional. Los optimistas se imaginan que Cristina tendrá ahora mucho más fortaleza que hace cuatro años, cuando llegó a la primera magistratura del país de la mano de su hoy fallecido esposo, y que por lo tanto buscará darle un sello distintivo a una gestión que podría exhibir su impronta exclusiva, si ella está dispuesta. Piensan que Cristina aprendió que debe ser más fácil gobernar en el consenso y no tanto en un escenario confrontativo. Pero las ilusiones de los ruralistas tienen un techo: perciben que la dependencia del Gobierno de los recursos que genera la soja se hará más intensa y sospechan que la inflación seguirá siendo combatida con intervencionismo, de manera que por ahora sólo se permiten soñar, y nada más.