09 Octubre 2011 Seguir en 
En el Brasil, miles de personas se reunieron en distintas ciudades para protestar contra la corrupción. Sea por el impacto en la opinión público de los casos que involucraban a sus funcionarios o por una vocación autónoma a él, lo cierto es que Dilma Rousseff ha decidido desplazar a muchos de sus principales asesores de Gobierno.
La intolerancia que la sociedad brasileña ha mostrado últimamente contra la corrupción, y el alza en popularidad de Rousseff por obrar en consecuencia, nos invita a reflexionar sobre el modo en que los argentinos asumimos el flagelo y nos percatamos de sus consecuencias.
Por más igualdad
La corrupción desfinancia al Estado, le quita recursos y transfiere beneficios (de la sociedad en su conjunto a unos pocos privilegiados). Se trata de un problema que, entonces, afecta principalmente a quienes más necesitan de los fondos, inversiones y las políticas del Estado. Por supuesto que, en el camino hacia una sociedad más igualitaria, la corrupción no será el principal obstáculo a superar. Hay cuestiones (por ejemplo, la distribución social de los ingresos) que seguramente son más trascendentes.
A la vez, para cualquier sociedad que pretenda fortalecer la democracia y la igualdad ante la ley, enfrentar la corrupción no es un tema para dejar al fondo de las cuestiones a resolver. Sin embargo, si la sociedad no se moviliza y reclama en consecuencia, poco será lo que podemos esperar.
En Argentina, según encuestas recientes, la corrupción no se encuentra entre las preocupaciones más importantes. Tal vez haya buenos motivos para que ello suceda. Incluso es probable que al ver la comodidad y el bienestar con el que se mueven, circulan y trabajan quienes incurrieron en estas prácticas, el escepticismo haga inocua cualquier preocupación. La aceptación de aquellas prácticas corruptas y la ausencia de condena social, sea tal vez lo más difícil que debemos superar como sociedad. Un ejemplo sobre el punto está dado por la cantidad de votos que obtuvo un jefe de Gobierno procesado (ni señalado ni imputado, procesado) por un caso de corrupción, hace casi tres meses.
Para peor, en la Argentina no hay casi condenas judiciales por casos de corrupción. Las causas tramitan durante años y (ahora) vemos como muchas de ellas prescriben, consagrando la impunidad y señalando la inoperancia o complicidad de un sistema.
Así, empresarios y funcionarios que convergen en negocios espurios tienen asegurada que no habrá condena de ningún tipo. Ni desde el Estado ni desde el pueblo.
La intolerancia que la sociedad brasileña ha mostrado últimamente contra la corrupción, y el alza en popularidad de Rousseff por obrar en consecuencia, nos invita a reflexionar sobre el modo en que los argentinos asumimos el flagelo y nos percatamos de sus consecuencias.
Por más igualdad
La corrupción desfinancia al Estado, le quita recursos y transfiere beneficios (de la sociedad en su conjunto a unos pocos privilegiados). Se trata de un problema que, entonces, afecta principalmente a quienes más necesitan de los fondos, inversiones y las políticas del Estado. Por supuesto que, en el camino hacia una sociedad más igualitaria, la corrupción no será el principal obstáculo a superar. Hay cuestiones (por ejemplo, la distribución social de los ingresos) que seguramente son más trascendentes.
A la vez, para cualquier sociedad que pretenda fortalecer la democracia y la igualdad ante la ley, enfrentar la corrupción no es un tema para dejar al fondo de las cuestiones a resolver. Sin embargo, si la sociedad no se moviliza y reclama en consecuencia, poco será lo que podemos esperar.
En Argentina, según encuestas recientes, la corrupción no se encuentra entre las preocupaciones más importantes. Tal vez haya buenos motivos para que ello suceda. Incluso es probable que al ver la comodidad y el bienestar con el que se mueven, circulan y trabajan quienes incurrieron en estas prácticas, el escepticismo haga inocua cualquier preocupación. La aceptación de aquellas prácticas corruptas y la ausencia de condena social, sea tal vez lo más difícil que debemos superar como sociedad. Un ejemplo sobre el punto está dado por la cantidad de votos que obtuvo un jefe de Gobierno procesado (ni señalado ni imputado, procesado) por un caso de corrupción, hace casi tres meses.
Para peor, en la Argentina no hay casi condenas judiciales por casos de corrupción. Las causas tramitan durante años y (ahora) vemos como muchas de ellas prescriben, consagrando la impunidad y señalando la inoperancia o complicidad de un sistema.
Así, empresarios y funcionarios que convergen en negocios espurios tienen asegurada que no habrá condena de ningún tipo. Ni desde el Estado ni desde el pueblo.
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