09 Octubre 2011 Seguir en 
La corrupción siempre son los otros. El otro partido, la gestión anterior, los políticos, las corporaciones, los oficialismos, las oposiciones. Sistemáticamente nos encontramos con una rabia anticorrupción completamente pasiva, que sólo puede señalar el defecto en los otros, o con líderes y facciones que, al acceder al poder, se encuentran con que el problema también está en su propia estructura.
Mientras la corrupción sea vista como un vicio ajeno, siempre va a encontrar un vaso comunicante para deslizarse y escapar de control. Hay que cambiar la perspectiva. En la Argentina no es un vicio de ciertos grupos políticos o económicos: es un modo de sustentación del poder. En política, permite neutralizar vetos y aceitar cooperaciones. En la actividad económica, permite perpetuar ventajas y privilegios.
Encuestas recientes muestran que en el país menos del 10% de la población considera que la corrupción sea uno de los problemas más importantes. Al mismo tiempo, cerca del 70% de los encuestados considera que es un fenómeno que no para de crecer. Sabemos que hay mucha corrupción, pero no nos parece importante. Si la cosa funciona, seguimos adelante.
Para lograr un cambio son necesarias dos fuerzas: la de los ciudadanos y la de los líderes. En ambos casos, es imprescindible que se cambie el punto de vista; no se trata de señalar corrupción para atacar enemigos, sino de exigir políticas públicas. En lo concreto, significa que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas se incorporen como parte esencial de la gestión pública y de los derechos ciudadanos. Brindar información adecuada, rendir cuentas y sancionar desvíos no son acciones que graciosamente los líderes políticos pueden realizar o no, ni derechos que los ciudadanos pueden elegir ceder.
En las últimas semanas hemos asistido a un fenómeno interesante en la política de Brasil. Por un lado, los ciudadanos realizaron manifestaciones públicas masivas contra la corrupción, pidiendo el fin de la impunidad y mayor transparencia en la gestión. Por otro lado, la presidenta, Dilma Rousseff, le quitó apoyo político a altos funcionarios acusados de corrupción, lo que implicó la renuncia de varios y el avance de las investigaciones judiciales. El activismo ciudadano y el liderazgo de Rousseff posicionaron a la lucha contra la corrupción como un patrimonio común.
En el período presidencial y legislativo que se iniciará el 10 de diciembre, los argentinos tenemos la oportunidad de abandonar la indiferencia y el faccionalismo en nuestra visión de la corrupción. Está en nosotros aprovecharla o seguir repitiendo el ciclo.
Mientras la corrupción sea vista como un vicio ajeno, siempre va a encontrar un vaso comunicante para deslizarse y escapar de control. Hay que cambiar la perspectiva. En la Argentina no es un vicio de ciertos grupos políticos o económicos: es un modo de sustentación del poder. En política, permite neutralizar vetos y aceitar cooperaciones. En la actividad económica, permite perpetuar ventajas y privilegios.
Encuestas recientes muestran que en el país menos del 10% de la población considera que la corrupción sea uno de los problemas más importantes. Al mismo tiempo, cerca del 70% de los encuestados considera que es un fenómeno que no para de crecer. Sabemos que hay mucha corrupción, pero no nos parece importante. Si la cosa funciona, seguimos adelante.
Para lograr un cambio son necesarias dos fuerzas: la de los ciudadanos y la de los líderes. En ambos casos, es imprescindible que se cambie el punto de vista; no se trata de señalar corrupción para atacar enemigos, sino de exigir políticas públicas. En lo concreto, significa que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas se incorporen como parte esencial de la gestión pública y de los derechos ciudadanos. Brindar información adecuada, rendir cuentas y sancionar desvíos no son acciones que graciosamente los líderes políticos pueden realizar o no, ni derechos que los ciudadanos pueden elegir ceder.
En las últimas semanas hemos asistido a un fenómeno interesante en la política de Brasil. Por un lado, los ciudadanos realizaron manifestaciones públicas masivas contra la corrupción, pidiendo el fin de la impunidad y mayor transparencia en la gestión. Por otro lado, la presidenta, Dilma Rousseff, le quitó apoyo político a altos funcionarios acusados de corrupción, lo que implicó la renuncia de varios y el avance de las investigaciones judiciales. El activismo ciudadano y el liderazgo de Rousseff posicionaron a la lucha contra la corrupción como un patrimonio común.
En el período presidencial y legislativo que se iniciará el 10 de diciembre, los argentinos tenemos la oportunidad de abandonar la indiferencia y el faccionalismo en nuestra visión de la corrupción. Está en nosotros aprovecharla o seguir repitiendo el ciclo.







