Por Álvaro José Aurane
01 Octubre 2011
Seguir en 
Farsa: Pieza cómica, breve por lo común, y sin más objeto que hacer reír. Compañía de farsantes. Enredo, trama o tramoya para aparentar o engañar. (Real Academia Española)
Acto 1º: Tienen hipotecado hasta el mástil de la plaza.
El Tribunal de Cuentas (o sea, el ente técnico que controla el uso de los dineros del pueblo por parte del Estado), da a conocer la Cuenta de Inversión 2010 (es decir, un informe acerca de cómo se manejó el Gobierno con la plata de los contribuyentes durante el año pasado). Allí se advierte que la deuda de las municipalidades alcanza casi $ 1.397 millones.
Acto 2º: Al fondo, y afuera.
Los contadores fiscales advierten que el 70% de la deuda municipal está compuesto por el Fondo Fiduciario Municipal, que asciende a $ 957 millones. ¿Qué es ese fondo fiduciario? Todos esos millones provenientes del Programa 50 - Obligaciones a Cargo del Tesoro. O sea, plata del Estado provincial. ¿Dónde está? Fuera del Presupuesto General de la Provincia. O sea, fuera del control de los profesionales del Tribunal de Cuentas y exento de probada rendición de cuentas ante ese órgano.
Acto 3º: Todo cuanto ordene su graciosa majestad.
Se reúne la Legislatura donde 43 de las 49 bancas están ocupadas por alperovichistas y aprueba una norma que dice que hay que seguir endeudando a las municipalidades. Tiene dos artículos. El primero faculta a la Casa de Gobierno "a incrementar los montos de préstamos asignados para Obras 2011" en el marco del Pacto Social "por hasta la suma que corresponda". El Parlamento, más que normar, delega. Ni siquiera se atreve, ya, a consignar una cifra, por millonaria que sea, para la profundización del "rojo" de los municipios.
Acto 4º: Queda derogada y abolida toda clase de claridad.
Lo aprobado dice que la plata con la que el Gobierno seguirá endeudando a las municipalidades (y que no se sabe a cuánto llega) es "para Obras 2011". Pero en realidad (a estas alturas, es casi obvio), no es para obras. Por lo menos, no toda. El martes, en la reunión de Labor Parlamentaria que definió el temario de la sesión del jueves, el oficialismo les dijo a los opositores que los fondos serán destinados al pago de sueldos. ¿Entonces? El Pacto Social prevé que, eventualmente, fondos acordados para financiar obras pueden ser usados para pagar salarios. ¿Pero por qué no discriminan y ponen en la norma aprobada que tanta plata es para obras y tanta otra es para sueldos? Porque importa la discrecionalidad y no la transparencia. En vez de imponerle un monto al gobernador, que vaya todo lo que él quiera a obras y que de ahí salga lo que haga falta (eso es rigurosidad en la técnica parlamentaria) para cada cosa.
Acto 5º: Nada escapa de la gravedad del agujero negro.
¿A dónde va a ir toda esa plata de cantidad desconocida y destino impreciso? Lo dice el artículo 2: "Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias de los montos resultantes del artículo anterior, conforme las posibilidades del Tesoro Provincial, a los Fondos Fiduciarios correspondientes a las jurisdicciones municipales". O sea, afuera del Presupuesto General de la Provincia, al Fondo Fiduciario Municipal que el Tribunal de Cuentas no controla y del que no se rinden cuentas.
Acto 6º: Qué casualidad...
Que la Legislatura le diga al Gobierno que mande la plata que se le dé la gana a un fondo fiduciario absolutamente incontrolado y del cual nadie tiene que dar explicaciones, justo después de las costosísimas elecciones provinciales y justo antes de los no menos onerosos comicios presidenciales, es nada más que una mera coincidencia...
Acto 7º: Un párrafo corto que baja y se pierde.
El domingo pasado, LA GACETA reveló que el Digesto Jurídico Provincial había eliminado de la Ley de Administración Financiera al cuerpo de contadores fiscales y al de abogados fiscales, y a dos funcionarios que dictaminan en los juicios de responsabilidad a personas sospechadas de haber perjudicado al erario. En los días siguientes, en el Tribunal de Cuentas advirtieron algo más. Cuando ordenaron la Ley 6.970, también suprimieron el último párrafo del artículo 7. ¿Qué decía? En síntesis, que el Tribunal de Cuentas tiene que controlar los fondos fiduciarios. "Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo a la Rendición de Cuentas documentadas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes, y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Provincial a través de sus jurisdicciones o entidades". Ya no está. Se perdió.
Acto 8º: Chuy, tuy, uy.
¿La Ley de Administración Financiera es la única de las normas en las que la "compilación" del Digesto Jurídico Provincial introdujo tantas modificaciones de fondo?
Acto 9º: La verdad es que si te he visto, no me acuerdo.
¿Por qué la cabeza del Tribunal de Cuentas, desde donde se asesoró a la Comisión del Digesto, avaló las amputaciones a su ley madre? ¿Y por qué, ante las advertencias de sus mismísimos contadores fiscales, reiteradas año tras año, no dispone que de una vez por todas se fiscalice el mega-millonario Fondo Fiduciario Municipal? Porque lo que borraron de la Ley de Administración Financiera sigue escrito en la Constitución provincial. "Capítulo Segundo. Órganos de Control. I - Tribunal de Cuentas. Artículo 78.- ...Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas". Y resulta que el Fondo Fiduciario Municipal es una figura del derecho privado que administra fondos públicos.
Acto 10º: Los irrazonables.
La reunida Legislatura nada hace respecto de la Cuenta de Inversión 2010, pese a que la Ley de Administración Financiera le manda que conforme una comisión especial que la estudie. Abundan las razones para hacer algo. Los contadores fiscales advirtieron que no se sabe si toda la plata que envió la Nación es toda la que debía mandar. Y alertaron que la plata federal que sí llegó fue expuesta de manera global, sin detalle sobre el origen de los fondos (leyes especiales, asistencias discrecionales, programas específicos...). Luego, como se ignoró la naturaleza del recurso, también se desconoció si el objeto del gasto fue el debido. Y, finalmente, subrayaron que después de que el Gobierno gastó los fondos nacionales y los provinciales, no se pudo saber cuánto quedó: los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, justo en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Acto 11º y final: Si 20 años no es nada, $ 30 millones tampoco.
El descalabro que denuncia el informe del órgano estatal de control acerca de cómo se maneja el Gobierno con la plata del pueblo es de tal magnitud que ha merecido dictamen desfavorable nada menos que el Estado Patrimonial de la provincia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010, el "saldo inicial" de la Tesorería registraba $ 30,5 millones menos que el "saldo final" del 31 de diciembre de 2009.
Epílogo.- De las incontables observaciones y objeciones que formulan los profesionales que controlan el gasto público en Tucumán surge por sí solo un diagnóstico inequívoco: la rendición de cuentas en esta provincia es, en dos palabras, cualquier cosa. Y eso no es sólo un problema de la calidad institucional: es una afrenta contra la democracia. En las monarquías absolutas, el rey no tenía que rendir cuentas a nadie. Pero en los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, los gobernantes deben explicar y documentar cómo gastaron los dineros de sus gobernados porque, justamente, el soberano es el pueblo. Y no otro.
¿Cómo se llama esta farsa? La gallina es el animal sagrado de Tucumán. Al que se robe alguna, cárcel común y todo el rigor de la ley por semejante ofensa en contra de la sociedad.
Acto 1º: Tienen hipotecado hasta el mástil de la plaza.
El Tribunal de Cuentas (o sea, el ente técnico que controla el uso de los dineros del pueblo por parte del Estado), da a conocer la Cuenta de Inversión 2010 (es decir, un informe acerca de cómo se manejó el Gobierno con la plata de los contribuyentes durante el año pasado). Allí se advierte que la deuda de las municipalidades alcanza casi $ 1.397 millones.
Acto 2º: Al fondo, y afuera.
Los contadores fiscales advierten que el 70% de la deuda municipal está compuesto por el Fondo Fiduciario Municipal, que asciende a $ 957 millones. ¿Qué es ese fondo fiduciario? Todos esos millones provenientes del Programa 50 - Obligaciones a Cargo del Tesoro. O sea, plata del Estado provincial. ¿Dónde está? Fuera del Presupuesto General de la Provincia. O sea, fuera del control de los profesionales del Tribunal de Cuentas y exento de probada rendición de cuentas ante ese órgano.
Acto 3º: Todo cuanto ordene su graciosa majestad.
Se reúne la Legislatura donde 43 de las 49 bancas están ocupadas por alperovichistas y aprueba una norma que dice que hay que seguir endeudando a las municipalidades. Tiene dos artículos. El primero faculta a la Casa de Gobierno "a incrementar los montos de préstamos asignados para Obras 2011" en el marco del Pacto Social "por hasta la suma que corresponda". El Parlamento, más que normar, delega. Ni siquiera se atreve, ya, a consignar una cifra, por millonaria que sea, para la profundización del "rojo" de los municipios.
Acto 4º: Queda derogada y abolida toda clase de claridad.
Lo aprobado dice que la plata con la que el Gobierno seguirá endeudando a las municipalidades (y que no se sabe a cuánto llega) es "para Obras 2011". Pero en realidad (a estas alturas, es casi obvio), no es para obras. Por lo menos, no toda. El martes, en la reunión de Labor Parlamentaria que definió el temario de la sesión del jueves, el oficialismo les dijo a los opositores que los fondos serán destinados al pago de sueldos. ¿Entonces? El Pacto Social prevé que, eventualmente, fondos acordados para financiar obras pueden ser usados para pagar salarios. ¿Pero por qué no discriminan y ponen en la norma aprobada que tanta plata es para obras y tanta otra es para sueldos? Porque importa la discrecionalidad y no la transparencia. En vez de imponerle un monto al gobernador, que vaya todo lo que él quiera a obras y que de ahí salga lo que haga falta (eso es rigurosidad en la técnica parlamentaria) para cada cosa.
Acto 5º: Nada escapa de la gravedad del agujero negro.
¿A dónde va a ir toda esa plata de cantidad desconocida y destino impreciso? Lo dice el artículo 2: "Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias de los montos resultantes del artículo anterior, conforme las posibilidades del Tesoro Provincial, a los Fondos Fiduciarios correspondientes a las jurisdicciones municipales". O sea, afuera del Presupuesto General de la Provincia, al Fondo Fiduciario Municipal que el Tribunal de Cuentas no controla y del que no se rinden cuentas.
Acto 6º: Qué casualidad...
Que la Legislatura le diga al Gobierno que mande la plata que se le dé la gana a un fondo fiduciario absolutamente incontrolado y del cual nadie tiene que dar explicaciones, justo después de las costosísimas elecciones provinciales y justo antes de los no menos onerosos comicios presidenciales, es nada más que una mera coincidencia...
Acto 7º: Un párrafo corto que baja y se pierde.
El domingo pasado, LA GACETA reveló que el Digesto Jurídico Provincial había eliminado de la Ley de Administración Financiera al cuerpo de contadores fiscales y al de abogados fiscales, y a dos funcionarios que dictaminan en los juicios de responsabilidad a personas sospechadas de haber perjudicado al erario. En los días siguientes, en el Tribunal de Cuentas advirtieron algo más. Cuando ordenaron la Ley 6.970, también suprimieron el último párrafo del artículo 7. ¿Qué decía? En síntesis, que el Tribunal de Cuentas tiene que controlar los fondos fiduciarios. "Serán aplicables las normas de esta ley en lo relativo a la Rendición de Cuentas documentadas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes, y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Provincial a través de sus jurisdicciones o entidades". Ya no está. Se perdió.
Acto 8º: Chuy, tuy, uy.
¿La Ley de Administración Financiera es la única de las normas en las que la "compilación" del Digesto Jurídico Provincial introdujo tantas modificaciones de fondo?
Acto 9º: La verdad es que si te he visto, no me acuerdo.
¿Por qué la cabeza del Tribunal de Cuentas, desde donde se asesoró a la Comisión del Digesto, avaló las amputaciones a su ley madre? ¿Y por qué, ante las advertencias de sus mismísimos contadores fiscales, reiteradas año tras año, no dispone que de una vez por todas se fiscalice el mega-millonario Fondo Fiduciario Municipal? Porque lo que borraron de la Ley de Administración Financiera sigue escrito en la Constitución provincial. "Capítulo Segundo. Órganos de Control. I - Tribunal de Cuentas. Artículo 78.- ...Los sujetos privados que perciban o administren fondos públicos están sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas". Y resulta que el Fondo Fiduciario Municipal es una figura del derecho privado que administra fondos públicos.
Acto 10º: Los irrazonables.
La reunida Legislatura nada hace respecto de la Cuenta de Inversión 2010, pese a que la Ley de Administración Financiera le manda que conforme una comisión especial que la estudie. Abundan las razones para hacer algo. Los contadores fiscales advirtieron que no se sabe si toda la plata que envió la Nación es toda la que debía mandar. Y alertaron que la plata federal que sí llegó fue expuesta de manera global, sin detalle sobre el origen de los fondos (leyes especiales, asistencias discrecionales, programas específicos...). Luego, como se ignoró la naturaleza del recurso, también se desconoció si el objeto del gasto fue el debido. Y, finalmente, subrayaron que después de que el Gobierno gastó los fondos nacionales y los provinciales, no se pudo saber cuánto quedó: los saldos presupuestarios de la Administración Central y los Poderes del Estado, justo en el nivel de la partida donde se imputa el gasto, "no reflejan razonablemente la situación de la ejecución del presupuesto, de acuerdo con la normativa vigente".
Acto 11º y final: Si 20 años no es nada, $ 30 millones tampoco.
El descalabro que denuncia el informe del órgano estatal de control acerca de cómo se maneja el Gobierno con la plata del pueblo es de tal magnitud que ha merecido dictamen desfavorable nada menos que el Estado Patrimonial de la provincia. ¿Por qué? Porque el 1 de enero de 2010, el "saldo inicial" de la Tesorería registraba $ 30,5 millones menos que el "saldo final" del 31 de diciembre de 2009.
Epílogo.- De las incontables observaciones y objeciones que formulan los profesionales que controlan el gasto público en Tucumán surge por sí solo un diagnóstico inequívoco: la rendición de cuentas en esta provincia es, en dos palabras, cualquier cosa. Y eso no es sólo un problema de la calidad institucional: es una afrenta contra la democracia. En las monarquías absolutas, el rey no tenía que rendir cuentas a nadie. Pero en los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, los gobernantes deben explicar y documentar cómo gastaron los dineros de sus gobernados porque, justamente, el soberano es el pueblo. Y no otro.
¿Cómo se llama esta farsa? La gallina es el animal sagrado de Tucumán. Al que se robe alguna, cárcel común y todo el rigor de la ley por semejante ofensa en contra de la sociedad.
Lo más popular
Ranking notas premium
