Desató roces entre el oficialismo político y un sector de la Justicia

La presencia de las escribanas Adriana Erpen y María Victoria Correa Monterrubio en la sesión legislativa del 31 de marzo aventó los rumores. Dos expedientes tramitados en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo cruzaban sus destinos. Por un lado, el pleito que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de la Junta Electoral Provincial (JEP) con mayoría del poder político y de la prohibición de exigir licencia previa a los comicios a los funcionarios por el hecho de ser candidatos. Por el otro, la judicialización de los procesos de selección de titulares para 19 registros notariales.

En el medio de ambos juicios, Erpen, Correa Monterrubio presentaron un reclamo contra el magistrado Carlos Giovanniello, vocal de la Sala II (también integrada por Rodolfo Novillo), al que acusaban de haber fallado con supuesta arbitrariedad al suspender sus designaciones en notarías de Las Talitas y Juan Bautista Alberdi (en 2009. El camarista había concedido esta medida cautelar solicitada por las escribanas Florencia Martínez Iriarte y Sara Raquel Anis de Funes Coronel). Aquella acusación disparó la versión de que legisladores oficialistas -disgustados con los magistrados de la Sala II que en marzo voltearon la JEP- consideraban someter a Giovanniello a un proceso de destitución.

El trascendido activó la alarma en el Colegio de Abogados de la Capital. El 4 de abril, dicha entidad intermedia aseveró -mediante una nota firmada por Eudoro Aráoz (presidente) y Jorge Contrera (secretario)- que parlamentarios afines al gobernador José Alperovich (sin identificarlos expresamente) intentaban desprestigiar y disciplinar a los vocales de la Sala II mientras, elípticamente, notificaban a los magistrados de la provincia de que no debían interferir en cuestiones vinculadas al poder político.

En esa oportunidad, los abogados pidieron a la Corte Suprema que se manifieste públicamente en defensa de la independencia del Poder Judicial. "Y que, en ese sentido, observe la permanente conducta (de defensa de la magistratura ante los avances de la política) adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", expresaron. El ruido de juicio político terminó, finalmente, en silencio: ni la Corte se expidió, ni el bloque oficialista se movilizó contra el juez Giovanniello.