Detalles del sumario

- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.- Una resolución del rector Juan Alberto Cerisola puso en marcha la investigación de las irregularidades denunciadas por las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -en paralelo, estas presentaron una denuncia en la Justicia Federal-. El director general de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Augusto González Navarro, se excusó de participar en la instrucción del sumario administrativo alegando su condición de docente de esa unidad académica. La tarea recayó en Ricardo Bascary, director de Sumarios, que, a su vez, nombró secretarios ad hoc a Ezio Jogna Prat y a Enrique Ponche. En febrero de 2007, la instrucción solicitó al decano José Luis Vázquez que dispusiese el traslado del personal que prestaba funciones en la Dirección Registro Alumnos. Entre otras medidas, también pidió un nuevo control de todas las solicitudes de títulos en trámite y la intervención de la Unidad de Auditoría Interna con el fin de ampliar la información proporcionada por la Facultad.

- SUSPENSION.- El 11 de octubre de 2007, la instrucción aconsejó la suspensión preventiva de los agentes no docentes Luis Francisco Agüero, Mario Soria y Ramón Roberto Jiménez (alias "Negrilo"). Con posterioridad, solicitó la prórroga de la suspensión preventiva (en total, esta medida se extendió durante 90 días).

- ACTUACIONES INDIVIDUALES.- La enorme cantidad de alumnos involucrados obligó a la instrucción a ordenar la formación de actuaciones individuales en agosto de 2007. Dicha decisión fue adoptada para privilegiar la celeridad, la sencillez, la economía, la eficacia del trámite y posibilitar un mejor ejercicio del derecho de defensa de todos los sumariados.

- DE LA PRODUCCION EL INFORME.- Dos años trabajó el instructor Bascary y su equipo en la redacción del informe que en marzo de 2009 presentó a la Secretaría General de la Universidad Nacional de Tucumán. Las constancias del expediente 77/07, que entonces tenía 14 cuerpos y más de 3.000 fojas (según informó LA GACETA), permitieron a Bascary y al secretario Ponce exponer el mecanismo que los implicados utilizaban para adulterar las notas y establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los sospechosos. Para determinar las culpas, en primer lugar, se analizó detalladamente el informe generado por el sistema informático de la Facultad, que registró 1.114 modificaciones de notas. Cada uno de los casos fue comparado con los registros de Actas, que llevan la firma de los docentes. Además, se citó a declarar a 135 personas, se encargaron pericias caligráficas a Gendarmería y se tomó indagatoria a cada uno de los docentes de las materias en las que se encontraron irregularidades en las calificaciones.

- EL DERECHO DE DEFENSA.- Tras la presentación y notificación del informe a los investigados en el sumario, la instrucción prosiguió con la recepción de las pruebas y planteos ofrecidos por los investigados (108 alumnos y 15 no docentes -seis de los cuales fueron considerados inocentes por la instrucción-) en ejercicio de su derecho de defensa. En los últimos dos años, el expediente creció hasta las 10.000 fojas. El 6 de diciembre de 2010, Bascary presentó el segundo informe que, en lo esencial, ratificaba todo lo expuesto en el documento de marzo de 2009 (en el apartado "aconsejamiento de sanciones", el primer informe recomendaba la exoneración de un no docente, cuatro cesantías, cuatro apercibimientos y la expulsión de todos los alumnos involucrados en el caso). Los dos relatos del sumario fueron aprobados por la Fiscalía de Investigaciones administrativas de la Procuración del Tesoro de la Nación.

- TRAMITE PENDIENTE.- El sumario administrativo termina con la elevación del dictamen al rector que lo ordenó (en este caso, la misma persona). Para que esto ocurra sólo falta resolver un planteo presentado por el sumariado Francisco Agüero. El dictamen, sin embargo, no es vinculante para Cerisola, que puede apartarse de las sanciones propuestas por el instructor.