Los Noble Herrera, eje de una persecución

Horas antes del comienzo de la feria de invierno en los tribunales federales de Buenos Aires, se conocieron conclusiones clave en la causa Noble Herrera, que arrojan luz y certeza tras 10 años de intenso acoso político y judicial.

La adopción de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera disparó una presentación judicial auspiciada por Abuelas de Plaza de Mayo, con el propósito de dilucidar si eran hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. En el escrito se acusaba a Ernestina Herrera de Noble de "supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios".

Las familias Lanoscou-Miranda y Gualdero García eran las titulares de la demanda. De ese modo, ingresaba, en el centro de la controversia la accionista mayoritaria del Grupo Clarín, y madre adoptiva. La idea de cuestionar la legitimidad de la adopción alumbró en el ocaso del menemismo, como respuesta a la seguidilla de investigaciones periodísticas que impactaban en la corrupción del régimen.

En 2003, los Noble Herrera ofrecieron voluntariamente la entrega de material genético para que fuera cotejado con el de las familias Lanoscou-Miranda y Gualdero García, que aducían supuestos lazos de sangre.

Estas, sin embargo, rechazaron esa comprobación por años. Durante ese prolongado lapso litigaron en distintos niveles de la Justicia para estirar la resolución de la causa. Los hermanos soportaron con estoicismo el desgaste que implicó el pasaje del expediente por el laberinto judicial, con la consiguiente exposición mediática.

Existió desde siempre la sospecha de que había una intención política de desprestigio de la familia y de coacción psicológica sobre la madre adoptante y sus hijos. Con la confrontación desatada entre el Grupo Clarín y el gobierno de Néstor Kirchner se maximizó la presión, sin reparar en el daño moral causado. La decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal limitó finalmente la comparación de los ADN con los registros de familiares de desaparecidos hasta el 19 de mayo de 1976 en el caso de Marcela y hasta el 7 de julio del mismo año, en el de Felipe. Los jóvenes, sin embargo, requirieron un cotejo de mayor amplitud temporal.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado consumó dos de los tres exámenes dispuestos. Los dos primeros cotejos de ADN ordenados con los de las personas desaparecidas entre 1975 y1976, dieron resultado negativo. El primero descartó cualquier parentesco con las familias Lanoscou-Miranda y Gualdero García, querellantes. El segundo se realizó especialmente con las familias que denunciaron desapariciones en esos años, que rondaban el medio centenar. También fue negativo. Ha quedado demostrado, en consecuencia, que no son hijos de desaparecidos de la dictadura militar. Sin embargo, se insiste desde Abuelas de Plaza de Mayo en la misma tesis de 2001, pese al derrumbe de las hipótesis esgrimidas.

La estrecha vinculación de la institución con el gobierno de Cristina Fernández derivó en la politización partidista de la defensa de los derechos humanos. Los Noble Herrera, entonces, son objeto de una persecución. Se ha invertido la carga de la prueba y se ha fulminado la presunción de inocencia. La Justicia debe cerrar la causa.

Estas consideraciones no implican restar méritos a la valiosa tarea desplegada por Abuelas de Plaza de Mayo, que ha reintegrado a más de un centenar de jóvenes a sus familiares de sangre, a través de años de tenaz búsqueda.