01 Julio 2011 Seguir en 
En materia de seguridad ciudadana, el poder estatal tiene límites claros: su actuación se encuentra condicionada principalmente por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, y a la observación rigurosa de los procedimientos conforme a Derecho. Ninguna política pública de seguridad puede basarse en la negación de las garantías que tiene todo ciudadano, ni creer que las mismas constituyen un obstáculo para obtener seguridad. El respeto a los derechos humanos es una condición de toda política de seguridad y no un obstáculo para alcanzar sus objetivos Debe tenerse presente que mientras la inseguridad afecta a la sociedad en su conjunto, la sufren en forma particularmente grave, los sectores de menores recursos y colectivos de personas directamente perseguidos por sus elecciones y forma de vida. Por ello, hay que buscar políticas de seguridad inclusivas, que protejan a los diversos actores, y no sólo un determinado grupo social.








