Es un rompecabezas intrincado: sus piezas no se reúnen en un mismo plano sino en diferentes niveles. Tan disímiles como la Justicia, los salarios y la infraestructura. Pero cuando las fichas son puestas en perspectiva, tal como pudieron ser apreciadas durante esa semana, la imagen que parecía fragmentada cobra nitidez. Y puede verse que el mayor problema del alperovichismo es su inquebrantable resistencia a darse cuenta de que su gobierno (para tomar prestada una lúcida definición del escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka) es también un "por ahora".
La derrota del oficialismo en Tribunales, donde debió capitular con su intentona de mantener esa vergüenza pública de Junta Electoral Provincial malversada por una mayoría del poder político, se redimensiona a la luz de una gestión con complejo de eternidad. Porque queda claro que, cuando reformó la Constitución, el alperovichismo no legisló para la posteridad sino para sí mismo.
Por eso nunca consideraron, siquiera, mejorar el esquema de la Junta que estaba vigente, en la que ya había una vocalía ignominiosamente reservada para el vicegobernador, socio del gobernador. Por el contrario, decidieron empeorarla: mantuvieron al titular de la Corte, pero también al vice, y sustituyeron al ministro fiscal (miembro de la Justicia) por el fiscal de Estado, funcionario del Ejecutivo que el mandatario pone y saca a puro decreto. No querían un órgano que garantizara procesos electorales transparentes, sino un títere que les permitiera quedarse indefinidamente.
Hasta en el terreno político queda demostrado que el oficialismo sólo se preocupó por pergeñar un organismo arrodillado, sin importar, siquiera, que su estructura deviniera inaplicable e incoherente en la práctica. Ahora, gracias a la reelección consecutiva, el alperovichismo anda buscando a qué legislador pedirle que no sea candidato, porque el vicegobernador y toda su línea sucesoria en la Cámara son candidatos: están inhibidos de integrar la Junta Electoral. A la par, durante estos ocho años, el poder político sentó tres de los cinco vocales en la Corte: de ellos, el actual presidente es amigo declarado del mandatario. De allí que el Movimiento Popular Tres Banderas advierta con sensatez que el titular del superior tribunal tampoco puede integrar el órgano que debe controlar los comicios en los que el "amigo" gobernador buscará la recontra-reelección.
El diccionario y el barrio
Abandonar la casación y dejar de insistir con una Junta alperovichista, justo cuando el planteo de Rodolfo Burgos y Alejandro "Cacho" Sangenis había quedado firme y a la espera de sentencia, sólo se llama "desistir" en el diccionario. En la política y en el barrio, se llama "me rindo".
Desistir en nombre de la transparencia institucional hubiese sido acatar el fallo de Rodolfo Novillo y de Carlos Giovanniello, según el cual el esquema de la Junta Electoral actual es nulo, inconstitucional y vergonzoso. Desistir hubiera sido no promover el recurso impresentable que planteó la Fiscalía de Estado y ni sus 100 chicanas dilatorias. Desistir hubiera sido no decir "se acatará lo que diga la Justicia" al mismo tiempo que se apelaba el fallo de la Sala II del fuero administrativo. Hacerlo ahora, en cambio, equivale al niño caprichoso que, justo cuando el oponente va a patear el penal, levanta la pelota y se va a su casa. Desistir hubiera sido quedarse con un certificado de fracaso de la Justicia: ahora, lo va a emitir el gobernador, cuando decrete que no continuarán con la casación que, de no creerse infinitos, jamás hubiesen impulsado.
Por supuesto, este triunfo de la verdadera oposición también incomoda a los falsos oponentes. Queda expuesto que los opositores de verdad cuestionan al Gobierno todo el tiempo y en todas partes. Por ende, no son los que aparecen sólo en los años que hay elecciones. Tampoco los que jamás fueron a tribunales a impugnar los excesos que el oficialismo impone con sus mayorías legislativas o constituyentes. El alperovichismo tiene un acuerdo tácito con sus "opositores favoritos": digan todo lo que quieran, pero no pisen un juzgado. En otros términos, el memorial de acciones judiciales contra los atropellos oficiales es toda una credencial opositora. Casi un ADN político.
Sobre todo en estos tiempos en los que hay sectores de la Justicia que alimentan el sueño del alperovichismo ininterrumpido. Porque archivar la "Causa Funsal" y no investigar al ministro de Salud (ni, por su intermedio, a los que realmente corresponde) contribuye al imaginario de la gestión con una continuidad sin solución. En definitiva, si no hay límite temporal, se pueden autorizar pagos de seis cifras a fundaciones fantasma por cursos dudosos y, años después de una pelotera entre fiscales y jueces que no querían ni tocar el expediente, todo el escándalo quedará en nada.
Hay que no hay
El que se presume eterno no tiene conciencia de lo contingente. Carece, por tanto, de toda sensibilidad con los mundanos problemas del común de los mortales, aunque se encuentre frente a frente con ellos. Por eso, el alperovichismo ignora hasta el desprecio a los jubilados transferidos. Desde hace siete años, esos hombres y mujeres que trabajaron toda su vida, reclaman en la plaza Independencia lo que hasta la Justicia ha dicho que es de ellos: el pago del 82% móvil. Son cada vez menos por la simple y espeluznante razón de que se están muriendo sin recibir lo que les corresponde. En el movimiento "Los jubilados de la plaza", los que siguen en pie estiman que suman un centenar los que fallecieron demandando el beneficio de la movilidad y la porcentualidad, en el modesto anhelo de llegar a fin de mes y pagarse los remedios. Pero los gobernantes de la justicia social y el nuevo y escandalosamente encarecido edificio de la Legislatura, dicen que no tienen plata para pagarles.
¿Por qué un Gobierno que deja morir ancianos sin darles lo que les debe iba a tener otra conducta con los autoconvocados de la salud? Hace tres años que, contra persecuciones y ultrajes, profesionales y empleados del Siprosa reclaman sueldos dignos. Si los policías -en buena hora- lo han conseguido, los autoconvocados asumen que ellos, que estudiaron durante años y que atendien la salud de los pobres, merecen lo mismo. El miércoles, llenaron la plaza. Temblaron las rodillas de los que desde la Casa de Gobierno notaron que, en esta gestión, la procesión va por fuera. Eso sí, el gobernador no estaba: cada vez que las papas queman, se va de la provincia. Pero en la mesa chica del oficialismo (este que no se reconoce momentáneo), el análisis es que las protestas van a pasar y el alperovichismo va a quedarse. Debe ser que así se ve la realidad desde algunos de los dos millonarios jets que tiene el oficialismo para sentir, aunque sea una vez a la semana, que la provincia está despegando.
Justamente, del contraste entre el bienestar de los gobernantes y el peregrinar de los gobernados surge una pregunta que se torna impostergable. El alperovichismo que dice no tener recursos para que los estatales en general, y los jubilados en particular, vivan mejor, ¿para qué sí tiene dinero?
La respuesta es casi obvia: el Gobierno tiene plata para quedarse. Para seguir. Para no ser jamás un "por ahora".
Años de hormigón
Esta síndrome de eternización gubernamental adquirida, a contraluz, tampoco pierde claridad. Es decir, si el alperovichismo dejara el poder este año (por decisión del mandatario, porque la Justicia hace lugar al planteo del radical Ariel García contra la recontra-reelección, porque el oficialismo pierde las elecciones...), ¿que le deja esta gestión a los tucumanos?
El Estado, entre 2004 y 2007 (prácticamente, el primer mandato de José Alperovich: asumió el 29 de octubre de 2003), administró unos $ 13.000 millones. Esa cifra se redimensiona cuando se la compara con el total de recursos que manejó la fracasada gestión de Julio Miranda. Entre 2000 y 2003, el ex gobernador (asumió el 29 de octubre de 1999) dispuso sólo de $ 6.600 millones. Luego, en su primer período, el alperovichismo manejó el doble de recursos que el mirandato. Y a esos $ 13.000 millones del primer capítulo alperovichista hay que sumar los $ 5.000 millones del Presupuesto 2008; los $ 6.000 millones ejecutados a lo largo de 2009; los $ 8.300 millones gastados durante 2010; y los $ 13.000 millones que ya se estima que serán erogados durante este año.
Léase, este Gobierno habrá manejado más de $ 45.000 millones hasta el 31 de diciembre. ¿Dónde están? No se hicieron más rutas ni autopistas provinciales: a la nueva 38 la pagó el kirchnerismo. No hay nuevos ni mejores planes habitacionales provinciales: a Lomas de Tafí, con las casas sin comodidades más caras que se recuerden, las financió la Nación (aunque la publicidad y los carteles de "José" no lo digan). También con fondos federales se levantaron buena parte de las nuevas escuelas. No hay nuevos hospitales provinciales: al del Este se lo construyó con recursos externos. No hay nuevos autódromos, aeropuertos, avenidas de circunvalación ni diques... Sólo hay asfalto y cordón cuneta. Para la democracia pavimentadora, con el hormigón se come, se cura y se educa.
En cambio, sí hay en Tucumán un hipermercado de planes asistenciales a cielo abierto: el súper-clientelismo. Hay programas nacionales, pero también programas y programitas provinciales, municipales y comunales. Y hay subsidios de todo tamaño y procedencia, hermanados en la más incontrolable discrecionalidad. Y hay empleomanía estatal: cada año, la administración pública es poblada con miles de nuevos empleados. Y hay acoples: tapan la provincia como ceniza volcánica cara: para todos estos neo-sublemas alperovichistas, hay plata, votos, afiches, pintadas...
No puede saberse si el alperovichismo alguna vez pensó en legarles algo a los tucumanos, pero sí puede establecerse que nunca gobernó en ese sentido. No hay herencia para los que vendrán porque el alperovichismo sólo se hereda a sí mismo. O sea, actúa como si se creyese un gobierno que es un "para siempre". Pero no lo es. Y sin embargo, los años pasan y casi nada deja.
Dice Barrera Tyszka que el tiempo es el único crimen perfecto. ¿Cómo se le llama, entonces, a la gestión que derrocha el tiempo de su pueblo?
La derrota del oficialismo en Tribunales, donde debió capitular con su intentona de mantener esa vergüenza pública de Junta Electoral Provincial malversada por una mayoría del poder político, se redimensiona a la luz de una gestión con complejo de eternidad. Porque queda claro que, cuando reformó la Constitución, el alperovichismo no legisló para la posteridad sino para sí mismo.
Por eso nunca consideraron, siquiera, mejorar el esquema de la Junta que estaba vigente, en la que ya había una vocalía ignominiosamente reservada para el vicegobernador, socio del gobernador. Por el contrario, decidieron empeorarla: mantuvieron al titular de la Corte, pero también al vice, y sustituyeron al ministro fiscal (miembro de la Justicia) por el fiscal de Estado, funcionario del Ejecutivo que el mandatario pone y saca a puro decreto. No querían un órgano que garantizara procesos electorales transparentes, sino un títere que les permitiera quedarse indefinidamente.
Hasta en el terreno político queda demostrado que el oficialismo sólo se preocupó por pergeñar un organismo arrodillado, sin importar, siquiera, que su estructura deviniera inaplicable e incoherente en la práctica. Ahora, gracias a la reelección consecutiva, el alperovichismo anda buscando a qué legislador pedirle que no sea candidato, porque el vicegobernador y toda su línea sucesoria en la Cámara son candidatos: están inhibidos de integrar la Junta Electoral. A la par, durante estos ocho años, el poder político sentó tres de los cinco vocales en la Corte: de ellos, el actual presidente es amigo declarado del mandatario. De allí que el Movimiento Popular Tres Banderas advierta con sensatez que el titular del superior tribunal tampoco puede integrar el órgano que debe controlar los comicios en los que el "amigo" gobernador buscará la recontra-reelección.
El diccionario y el barrio
Abandonar la casación y dejar de insistir con una Junta alperovichista, justo cuando el planteo de Rodolfo Burgos y Alejandro "Cacho" Sangenis había quedado firme y a la espera de sentencia, sólo se llama "desistir" en el diccionario. En la política y en el barrio, se llama "me rindo".
Desistir en nombre de la transparencia institucional hubiese sido acatar el fallo de Rodolfo Novillo y de Carlos Giovanniello, según el cual el esquema de la Junta Electoral actual es nulo, inconstitucional y vergonzoso. Desistir hubiera sido no promover el recurso impresentable que planteó la Fiscalía de Estado y ni sus 100 chicanas dilatorias. Desistir hubiera sido no decir "se acatará lo que diga la Justicia" al mismo tiempo que se apelaba el fallo de la Sala II del fuero administrativo. Hacerlo ahora, en cambio, equivale al niño caprichoso que, justo cuando el oponente va a patear el penal, levanta la pelota y se va a su casa. Desistir hubiera sido quedarse con un certificado de fracaso de la Justicia: ahora, lo va a emitir el gobernador, cuando decrete que no continuarán con la casación que, de no creerse infinitos, jamás hubiesen impulsado.
Por supuesto, este triunfo de la verdadera oposición también incomoda a los falsos oponentes. Queda expuesto que los opositores de verdad cuestionan al Gobierno todo el tiempo y en todas partes. Por ende, no son los que aparecen sólo en los años que hay elecciones. Tampoco los que jamás fueron a tribunales a impugnar los excesos que el oficialismo impone con sus mayorías legislativas o constituyentes. El alperovichismo tiene un acuerdo tácito con sus "opositores favoritos": digan todo lo que quieran, pero no pisen un juzgado. En otros términos, el memorial de acciones judiciales contra los atropellos oficiales es toda una credencial opositora. Casi un ADN político.
Sobre todo en estos tiempos en los que hay sectores de la Justicia que alimentan el sueño del alperovichismo ininterrumpido. Porque archivar la "Causa Funsal" y no investigar al ministro de Salud (ni, por su intermedio, a los que realmente corresponde) contribuye al imaginario de la gestión con una continuidad sin solución. En definitiva, si no hay límite temporal, se pueden autorizar pagos de seis cifras a fundaciones fantasma por cursos dudosos y, años después de una pelotera entre fiscales y jueces que no querían ni tocar el expediente, todo el escándalo quedará en nada.
Hay que no hay
El que se presume eterno no tiene conciencia de lo contingente. Carece, por tanto, de toda sensibilidad con los mundanos problemas del común de los mortales, aunque se encuentre frente a frente con ellos. Por eso, el alperovichismo ignora hasta el desprecio a los jubilados transferidos. Desde hace siete años, esos hombres y mujeres que trabajaron toda su vida, reclaman en la plaza Independencia lo que hasta la Justicia ha dicho que es de ellos: el pago del 82% móvil. Son cada vez menos por la simple y espeluznante razón de que se están muriendo sin recibir lo que les corresponde. En el movimiento "Los jubilados de la plaza", los que siguen en pie estiman que suman un centenar los que fallecieron demandando el beneficio de la movilidad y la porcentualidad, en el modesto anhelo de llegar a fin de mes y pagarse los remedios. Pero los gobernantes de la justicia social y el nuevo y escandalosamente encarecido edificio de la Legislatura, dicen que no tienen plata para pagarles.
¿Por qué un Gobierno que deja morir ancianos sin darles lo que les debe iba a tener otra conducta con los autoconvocados de la salud? Hace tres años que, contra persecuciones y ultrajes, profesionales y empleados del Siprosa reclaman sueldos dignos. Si los policías -en buena hora- lo han conseguido, los autoconvocados asumen que ellos, que estudiaron durante años y que atendien la salud de los pobres, merecen lo mismo. El miércoles, llenaron la plaza. Temblaron las rodillas de los que desde la Casa de Gobierno notaron que, en esta gestión, la procesión va por fuera. Eso sí, el gobernador no estaba: cada vez que las papas queman, se va de la provincia. Pero en la mesa chica del oficialismo (este que no se reconoce momentáneo), el análisis es que las protestas van a pasar y el alperovichismo va a quedarse. Debe ser que así se ve la realidad desde algunos de los dos millonarios jets que tiene el oficialismo para sentir, aunque sea una vez a la semana, que la provincia está despegando.
Justamente, del contraste entre el bienestar de los gobernantes y el peregrinar de los gobernados surge una pregunta que se torna impostergable. El alperovichismo que dice no tener recursos para que los estatales en general, y los jubilados en particular, vivan mejor, ¿para qué sí tiene dinero?
La respuesta es casi obvia: el Gobierno tiene plata para quedarse. Para seguir. Para no ser jamás un "por ahora".
Años de hormigón
Esta síndrome de eternización gubernamental adquirida, a contraluz, tampoco pierde claridad. Es decir, si el alperovichismo dejara el poder este año (por decisión del mandatario, porque la Justicia hace lugar al planteo del radical Ariel García contra la recontra-reelección, porque el oficialismo pierde las elecciones...), ¿que le deja esta gestión a los tucumanos?
El Estado, entre 2004 y 2007 (prácticamente, el primer mandato de José Alperovich: asumió el 29 de octubre de 2003), administró unos $ 13.000 millones. Esa cifra se redimensiona cuando se la compara con el total de recursos que manejó la fracasada gestión de Julio Miranda. Entre 2000 y 2003, el ex gobernador (asumió el 29 de octubre de 1999) dispuso sólo de $ 6.600 millones. Luego, en su primer período, el alperovichismo manejó el doble de recursos que el mirandato. Y a esos $ 13.000 millones del primer capítulo alperovichista hay que sumar los $ 5.000 millones del Presupuesto 2008; los $ 6.000 millones ejecutados a lo largo de 2009; los $ 8.300 millones gastados durante 2010; y los $ 13.000 millones que ya se estima que serán erogados durante este año.
Léase, este Gobierno habrá manejado más de $ 45.000 millones hasta el 31 de diciembre. ¿Dónde están? No se hicieron más rutas ni autopistas provinciales: a la nueva 38 la pagó el kirchnerismo. No hay nuevos ni mejores planes habitacionales provinciales: a Lomas de Tafí, con las casas sin comodidades más caras que se recuerden, las financió la Nación (aunque la publicidad y los carteles de "José" no lo digan). También con fondos federales se levantaron buena parte de las nuevas escuelas. No hay nuevos hospitales provinciales: al del Este se lo construyó con recursos externos. No hay nuevos autódromos, aeropuertos, avenidas de circunvalación ni diques... Sólo hay asfalto y cordón cuneta. Para la democracia pavimentadora, con el hormigón se come, se cura y se educa.
En cambio, sí hay en Tucumán un hipermercado de planes asistenciales a cielo abierto: el súper-clientelismo. Hay programas nacionales, pero también programas y programitas provinciales, municipales y comunales. Y hay subsidios de todo tamaño y procedencia, hermanados en la más incontrolable discrecionalidad. Y hay empleomanía estatal: cada año, la administración pública es poblada con miles de nuevos empleados. Y hay acoples: tapan la provincia como ceniza volcánica cara: para todos estos neo-sublemas alperovichistas, hay plata, votos, afiches, pintadas...
No puede saberse si el alperovichismo alguna vez pensó en legarles algo a los tucumanos, pero sí puede establecerse que nunca gobernó en ese sentido. No hay herencia para los que vendrán porque el alperovichismo sólo se hereda a sí mismo. O sea, actúa como si se creyese un gobierno que es un "para siempre". Pero no lo es. Y sin embargo, los años pasan y casi nada deja.
Dice Barrera Tyszka que el tiempo es el único crimen perfecto. ¿Cómo se le llama, entonces, a la gestión que derrocha el tiempo de su pueblo?







