Una confrontación que es parte del modelo

BUENOS AIRES.- Mientras los melones de la política se van acomodando solos mientras el carro se mueve rumbo a las elecciones nacionales con al menos cuatro candidatos que ocupan casi todo el espectro ideológico; mientras el concepto inflación, aunque se lo niegue oficialmente, parece haber sido abordado por la mismísima Presidenta en la Casa Rosada y mientras se ha hecho evidente que el Gobierno se ha valido de la debilidad de la Justicia para apestillar al Grupo Techint, acaba de pasar por la Argentina una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que hizo una observación central: "al igual que en Venezuela, Ecuador y Bolivia donde hay procesos de aguda confrontación, observamos una amplia polarización tanto en la prensa como en la sociedad argentina".

La palabra "polarización" ha sido benigna a esta altura de los acontecimientos, ya que es demasiado evidente que en muchos temas la división es extrema y está claro que a medida que se acerquen las elecciones el tajo se habrá de profundizar.

El caso de la prensa es un paradigma a tener en cuenta dado que la SIP, que vino a recoger in testimonios sobre el funcionamiento de la libertad de expresión en la Argentina, se encontró con dos mundos diferenciados, donde la víctima y el victimario comenzaron a confundirse por una acción deliberada del Gobierno.

Por un lado, la prensa que se mueve de modo independiente en relación al poder político, no sólo las empresas sino también muchos periodistas agraviados por el Gobierno, ha denunciado los bloqueos a la circulación de diarios, las asignaciones a dedo de los fondos públicos destinados a difundir propaganda oficial, la discriminación por parte de los funcionarios y varios aspectos de la Ley de Medios que atentan contra derechos constitucionales, más allá de que, en nombre de la pluralidad, la norma puede llegar a uniformar el pensamiento a través de emprendimientos que sólo tengan sustento a partir de los favores oficiales.

Pero, la SIP se encontró con una postura oficial proactiva, que sostuvo que las críticas de muchos medios al Gobierno son de tono "despiadado y repetitivo", que muchas de las informaciones que éste considera "relevantes" son omitidas adrede y que se "desinforma a través de falsedades y mentiras exhibidas con poco pudor", por parte del "grupo Clarín y sus aliados" en lo que considera que es "una campaña de difamación pública", que hace "abuso de su posición dominante para falsear la realidad".

En medio de esta discordancia, la bajada de línea gubernamental ha calado hondo en muchos militantes que trabajan de periodistas y en medios públicos o privados financiados por el Estado quienes protagonizaron el jueves un episodio de baja calidad profesional, en medio de la conferencia que dio la SIP antes de irse del país.

Bajo la impronta de cruzada que parece guiar sus actos, no sólo pretendieron copar la rueda de prensa para imponer la agenda de temas, sino que uno de ellos, escondido detrás de las cámaras de TV que seguían en directo el acto desde Adepa, actuó como puntero político, no sólo digitando el orden de quienes debían hacer las preguntas, sino regañando a quienes no las efectuaban de modo conveniente sobre tal o cual cuestión a la media docena de jóvenes que parecían estar bajo sus órdenes. Hasta se dio tiempo de hacer una chicana, ante un concepto que utilizó un periodista de Clarín, en una metodología provocativa.

La razón fundamental de las preguntas oficialistas estuvieron dirigidas a instalar en sus medios que a la SIP sólo les interesan los casos de sus asociados y no los de libertad de expresión en general y por eso sacaron a la luz una serie de temas que les interesaba difundir, aunque bajo premisas de medias verdades.

Por ejemplo, se hicieron eco del caso de un periodista misionero, Marcelo Almada, quien había denunciado que Cablevisión no le quería renovar el contrato, pero sin decir que desde hace unas semanas ha vuelto a tener su espacio en el cable, también preguntaron por qué motivo Paka-Paka no tiene espacio asignado en Cablevisión, sin señalar -o sin saber- que un fallo judicial ampara al cable operador no sólo en el caso de este canal infantil, sino en la libertad de sumar a su grilla las señales que considere apropiadas.

Si de casos de libertad de prensa se trata, probablemente por cerrazón ideológica o por desconocimiento o quizás porque su jefe político no se los hubiera permitido, los noteros de la TV paraestatal pasaron por alto en sus preguntas a la SIP la intervención oficial en la radio LT9 de Santa Fe, el uso irregular del espectro radioeléctrico en AM770 de Radio Cooperativa, la emisora de Luis D?Elía, o el caso de canal 4 de Posadas, donde la política desbancó a sus legítimos dueños.

Tampoco a ninguno de ellos se le ocurrió plantear como casos que vulneran la libertad de expresión, cuál es el criterio objetivo que se utiliza para asignar las frecuencias en la Televisión Digital Codificada que promueve el Estado, discrecionalidad que convirtió de un plumazo a canales de cable en canales de aire y que, con la excusa de que se trata de cuestiones tecnológicas, mantiene a Canal 13 afuera del sistema.

Lo perverso del caso es que el Gobierno acusa a Clarín de monopólico, a los medios que llama opositores de atacarlo y a los periodistas de agachar la cabeza ante la presión de sus empresas, mientras actúa del mismo modo en la regimentación de la palabra oficial y en la generación de su propio multimedios, con la intención manifiesta de fijar una agenda, en todo caso tan amañada como la que critica. Esa pasión por generar un relato que todos repitan como loros, llevó a la red oficial a decir que, por defenderse legalmente, es el Grupo Techint quien "ataca" al Estado.

En verdad, lo que ha hecho la empresa Siderar fue actuar siempre detrás de los avances estatales contra ella. Primero, al anunciar el pago de dividendos de 2010, basado en un fallo judicial, después que un recurso del Estado había planteado "la suspensión preventiva" de dos puntos de ese acto jurídico, uno de ellos el "destino" de esas utilidades. Es más, los abogados estatales habían solicitado que la empresa se abstenga de disponer de ciertos saldos contables del último ejercicio, "salvo que la disposición consista en la desafectación total o parcial de los saldos con el exclusivo objeto de pagar dividendos a los accionistas".

En su resolución, el juez Hernán Papa copió exactamente este pedido de la Anses como orden para la empresa de Techint, por lo que la firma señaló que iba a pagar entonces los dividendos el último viernes, como estaba previsto. Más allá de que la notificación judicial le llegó fuera de los plazos de impugnación de la asamblea, Siderar se basó en la manda judicial para asegurar que iba a pagar esos dividendos. Pero la larga mano del Estado hizo lo suyo, ya que para enmendar la metida de pata de la palabra "salvo" se le pidió al magistrado que clarifique aquello que no albergaba dudas en su redacción y entonces Papa sacó en 24 horas al año 2010 del medio, con lo cual los dividendos no pudieron pagarse y abrieron otro proceso.

Ahora la Comisión Nacional de Valores acaba de decidir que la compañía llame a una nueva asamblea, ya que la anterior fue declarada irregular e ineficaz, debido a que no aceptó el decreto 441 que permite al Estado aplicar el voto por 100% de sus acciones ni sumar los directores que iba a proponer la Anses.

El caso de la inflación es otra de las perlas que la prensa encolumnada no toca y que tuvo una manifestación patética en las palabras del jefe de la CTA kirchnerista, Hugo Yasky. A la salida de la reunión con Cristina Fernández señaló que "es una preocupación que planteó la Presidenta y que nosotros compartimos, el ver de qué manera hacemos un abordaje integral del tema de lo que significa la inflación". Yasky tuvo que rectificarse y una vez más los culpables de la infidencia fueron los medios.

El pecado de Yasky, en todo caso, no fue agitar la soga en la casa del ahorcado, sino tener una duplicidad en sus objetivos que no condice con la postura del otro sector de la CTA, el que le ganó las últimas elecciones, todavía trabadas en la Justicia. Si ha de apoyarse el "modelo" no se puede nombrar a la inflación, porque ésta es parte sustancial del mismo, un círculo vicioso de financiamiento del gasto estatal que redunda en más pobreza y mayores subsidios para mitigarla, bajo la excusa de intervenir en la puja distributiva.

Ante tal maraña, hay preguntas inquietantes ¿qué podrán hacer Hugo Moyano y José Ignacio de Mendiguren a través del llamado diálogo social, si no es el Gobierno el que haga las correcciones monetarias y fiscales que dejen de alimentar la inflación? ¿Porqué otros países crecen lo mismo o algo menos sin aumento desbocado de precios y la Argentina no?.

Una respuesta aproximada podría arriesgar que todo esto sucede porque la inflación es altamente inherente al modelo, tal como lo es también no aceptar las opiniones divergentes.