22 Abril 2011
ALLANÓ EL CAMINO. Alicia Kirchner avaló el acuerdo para que la Provincia no fuera sancionada por su área. LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
La historia es similar a la que pudo haber pasado cualquier persona que sirve de garante y, luego, se entera de que debe hacer frente a la deuda de un tercero. Esto, inevitablemente, lleva a la afectación de la firma con los consiguientes perjuicios para volver a tomar créditos. Eso es lo que le sucedió al Poder Ejecutivo por una deuda originada durante la gestión del entonces gobernador Ramón Bautista Ortega.
El monto no es tan significativo como pueden ser los U$S 170 millones de resarcimiento que reclama Aguas del Aconquija, la ex prestataria del servicio sanitario de Tucumán. Sin embargo, los $ 184.440, originados en dos subsidios reintegrables impagos que, en principio, debieron ser usados para emprendimientos productivos en Tafí del Valle, tuvieron el peso suficiente como para que la Nación le bloqueara a la Provincia el CUIT. Esta situación fue admitida por tres miembros del gabinete del gobernador José Alperovich.
La situación llevó a que el Ejecutivo tuviera que dictar un decreto de necesidad y urgencia (2/1), con el fin de evitar que otros programas financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fueran suspendidos en su aplicación por efecto del histórico incumplimiento. En el mismo DNU quedó establecido que el compromiso sería abonado en 12 cuotas mensuales y consecutivas de $ 15.370.
Los detalles
El hecho parece insólito para una gestión que administra un presupuesto cercano a los $ 10.000 millones al año. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admitió a LA GACETA el bloqueo del CUIT. Además, esa suma puede ser generada durante menos de una hora de recaudación de impuestos provinciales. "Se trata de un hecho que había que superar rápidamente porque la Nación iba a suspender el envío de partidas de otros programas", indicó.
La situación se originó por dos subsidios (uno de $ 145.962 y otro de $ 38.478) otorgados en julio de 1995 (gestión Ortega) en el marco del Programa Federal Solidario para microemprendimientos. La norma en cuestión señala en sus considerandos que los fondos no fueron restituidos por los beneficiarios originales, por lo que el Estado debía hacerse cargo del pago, a valores históricos y sin intereses. El 17 de mayo de 2009, la Nación declaró la caducidad de los subsidios e intimó a la Provincia a que restituya los fondos. A principios de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, debió firmar un convenio de reconocimiento de la deuda que, además, obliga el reintegro de los fondos al área que conduce Alicia Kirchner.
"Esto nos frenaba otros fondos y, por el tiempo transcurrido, no encontramos expediente que pudiera justificar esto", reconoció Mirkin ante la consulta de nuestro diario. En 1995, el programa era administrado por el Ministerio de Economía, ya que no existía Desarrollo Productivo.
Mirkin había pedido el urgente tratamiento del tema, con el fin de evitar la acumulación de cuotas impagas. De allí el DNU. La premura era tal que los funcionarios provinciales fueron a Buenos Aires a fotocopiar el expediente y detectaron que uno de los fallidos microemprendimientos era sobre ajos.
"Si hay alguna partida de fondos no rendidos, la responsabilidad siempre es nuestra", afirmó la ministra. El mismo criterio se aplica para los programas que alcanzan a las 93 comunas rurales y que dependen de Desarrollo Social de la Nación. El DNU también desnuda la inquietud política de la Provincia en el trato con la Nación. "Es absolutamente necesario mantener las relaciones institucionales en un óptimo grado de cumplimiento para la continuidad del desarrollo de políticas sociales de promoción como las que vienen aplicándose para beneficio del pueblo de la provincia hasta el presente, con la aporte de la Nación", señala en los considerandos.
El monto no es tan significativo como pueden ser los U$S 170 millones de resarcimiento que reclama Aguas del Aconquija, la ex prestataria del servicio sanitario de Tucumán. Sin embargo, los $ 184.440, originados en dos subsidios reintegrables impagos que, en principio, debieron ser usados para emprendimientos productivos en Tafí del Valle, tuvieron el peso suficiente como para que la Nación le bloqueara a la Provincia el CUIT. Esta situación fue admitida por tres miembros del gabinete del gobernador José Alperovich.
La situación llevó a que el Ejecutivo tuviera que dictar un decreto de necesidad y urgencia (2/1), con el fin de evitar que otros programas financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fueran suspendidos en su aplicación por efecto del histórico incumplimiento. En el mismo DNU quedó establecido que el compromiso sería abonado en 12 cuotas mensuales y consecutivas de $ 15.370.
Los detalles
El hecho parece insólito para una gestión que administra un presupuesto cercano a los $ 10.000 millones al año. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, admitió a LA GACETA el bloqueo del CUIT. Además, esa suma puede ser generada durante menos de una hora de recaudación de impuestos provinciales. "Se trata de un hecho que había que superar rápidamente porque la Nación iba a suspender el envío de partidas de otros programas", indicó.
La situación se originó por dos subsidios (uno de $ 145.962 y otro de $ 38.478) otorgados en julio de 1995 (gestión Ortega) en el marco del Programa Federal Solidario para microemprendimientos. La norma en cuestión señala en sus considerandos que los fondos no fueron restituidos por los beneficiarios originales, por lo que el Estado debía hacerse cargo del pago, a valores históricos y sin intereses. El 17 de mayo de 2009, la Nación declaró la caducidad de los subsidios e intimó a la Provincia a que restituya los fondos. A principios de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, debió firmar un convenio de reconocimiento de la deuda que, además, obliga el reintegro de los fondos al área que conduce Alicia Kirchner.
"Esto nos frenaba otros fondos y, por el tiempo transcurrido, no encontramos expediente que pudiera justificar esto", reconoció Mirkin ante la consulta de nuestro diario. En 1995, el programa era administrado por el Ministerio de Economía, ya que no existía Desarrollo Productivo.
Mirkin había pedido el urgente tratamiento del tema, con el fin de evitar la acumulación de cuotas impagas. De allí el DNU. La premura era tal que los funcionarios provinciales fueron a Buenos Aires a fotocopiar el expediente y detectaron que uno de los fallidos microemprendimientos era sobre ajos.
"Si hay alguna partida de fondos no rendidos, la responsabilidad siempre es nuestra", afirmó la ministra. El mismo criterio se aplica para los programas que alcanzan a las 93 comunas rurales y que dependen de Desarrollo Social de la Nación. El DNU también desnuda la inquietud política de la Provincia en el trato con la Nación. "Es absolutamente necesario mantener las relaciones institucionales en un óptimo grado de cumplimiento para la continuidad del desarrollo de políticas sociales de promoción como las que vienen aplicándose para beneficio del pueblo de la provincia hasta el presente, con la aporte de la Nación", señala en los considerandos.
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