La hora de los problemas políticos

Por Álvaro José Aurane 16 Abril 2011
Salvo excepciones, los Gobiernos de Tucumán pueden clasificar sus problemas en dos grupos: económicos o políticos. Y el alperovichismo, que colmó de contadores el Poder Ejecutivo (a sus abogados suele reubicarlos en la Corte), no tiene problemas económicos por estos días.

La Provincia se halla, según la consultora Federico Muñoz & Asociados, entre las que más ha crecido. El gobernador dice que al sector privado le va muy bien cada vez que apura la hipertensa presión fiscal; y calla que los ingresos de Rentas previstos en el Presupuesto 2011 son menores a los de la recaudación de 2010. Gracias a esa subestimación, y a la de calcular los recursos para este año sobre la base de una inflación menor al 9%, en Casa de Gobierno ya agendaron que en septiembre, apenas pasen los comicios, la Legislatura debe aprobar una ampliación de partidas.

Si en este marco enfrenta una escalada de reclamos salariales, a poco de haber cerrado las paritarias, la situación surge clara: el Gobierno comete tal cantidad de errores políticos que no hay bonanza económica que alcance. Esta semana lo ratificó. Mientras volvía a sentir cimbronazos de los autoconvocados de la Salud y de la Policía, la Legislatura aumentaba las dietas. Si hubiera un santo de lo inoportuno, el nuevo y suntuoso edificio parlamentario debería ser su basílica.

La velada justificación oficial se expresa como una pregunta: ¿por qué los legisladores no pueden ganar lo mismo que un juez? Luego se predica que los $ 10.000 de bolsillo de los parlamentarios están lejos de los $ 14.500 de básico de un vocal de la Corte. Para que el interrogante sea válido, el poder político debería dejar las omisiones falaces: eso es no hablar de los discrecionales "gastos sociales". Pero olvidando por un instante de candor esos recursos (primos hermanos de los "gastos de bloque"), debe repararse que las autoridades tienen una respuesta para esa pregunta. Una que fue recordada por estos días, pero que rápidamente prefirieron olvidar: restablecer el "enganche" de los salarios de la administración pública, como el que regía hasta la intervención federal de 1991. Según ese sistema, el haber del gobernador equivalía a un porcentaje del salario de un vocal de la Corte nacional. Y el de los ministros era igual a un porcentaje del sueldo del mandatario. Y así sucesivamente. Pero el funcionariado no quiere esa claridad: le impediría que estén tan bien y tan justamente remuneradas las áreas que controlan al poder (desde la Justicia hasta el Tribunal de Cuentas, pasando por los "fondos estímulos" para las áreas de finanzas del Gobierno), mientras están tan mal y tan injustamente pagadas las que atienden los problemas de los pobres de fortuna y de poder (salud, seguridad y educación públicas).

En este punto, que se argumente que el incremento de las dietas es de un discreto 21% resulta un alegato teórico que se ahoga la realidad. Sólo un Gobierno que está acostumbrándose a errar puede declarar que no entiende la protesta de los hombres y mujeres de la salud, que en muchos -pero muchos- casos ganarán $ 2.250 al mes por toda recomposición salarial, mientras se otorga a los representantes de esos ciudadanos más de $ 2.250 mensuales sólo de aumento.

Velas, mesas y alquimias

Los errores políticos que el oficialismo comete hacia fuera repercuten hacia dentro. Que la violencia sea la protagonista de su campaña lo confirma. A la denuncia de Gerónimo Vargas Aignasse de que la casa de uno de sus referentes fue tiroteada por "allegados" al acople de Armando Cortalezzi y Guillermo Gassenbauer se sumó ahora la poco gloriosa pedrea contra la vivienda de una militante de la JP.

Hacia allí es donde desemboca la encerrona a la que el alperovichismo llevó a su dirigencia capitalina. El gobernador, aunque jefe del proyecto político, eludió la responsabilidad de conformar una lista oficial nada menos que en San Miguel de Tucumán. Pero, claro, no es un error sino una "picardía" para que todos trabajen, al decir de José Alperovich, "a matar o morir" por lograr votos.

Ahora bien, hasta el momento, el Gobierno no le ha dado a sus dirigentes una plataforma electoral con la cual salir a ampliar su mercado de electores. Es decir, es tan cierto que la oposición no ha presentado programas como que al pejotismo no se le ha caído ni una idea. El oficialismo ni siquiera ha ensayado ante los tucumanos un diagnóstico del presente provincial, ni mucho menos ha exhibido cuáles son sus nuevos desafíos, ni las alternativas para resolver los viejos problemas estructurales. Lo confiesan los propios afiches: todos tienen (además de la misma foto del mandatario) rostros grandes, nombres visibles y ninguna propuesta.

La democracia pavimentadora sólo insinúa -ni siquiera lo dice- que habrá más asfalto. Y pide apoyo para ese programa hormigonero al que, con grandilocuencia, denomina "gestión". Esa, por cierto, es la palabra más desideologizada del diccionario político.

El resultado: en el barro de los barrios sólo hay clientelismo y rapiñaje de punteros. Con esos dos ingredientes se prepara guiso de violencia para todos. El agravante es el condimento secreto: el oráculo encuestador habría dicho que, hoy, el alperovichismo estaría menguando su base electoral. En otros términos, hay menos lugar para los suyos en la Legislatura y en los Concejos (por lo menos) que hace cuatro años.

Aunque los sondeos son escondidos, hay quienes aseguran que los últimos "auspicios" pretenden que el gobernador habría perforado el "piso" del 50% de intención de votos por primera vez en mucho tiempo. Y que la Presidenta estaría, inclusive, mejor que él. A más de uno le corrió frío por la espalda ahora que la elección provincial fue convocada para el 28 de agosto y no hay chances de unificarlas con la nacional. De paso, si Cristina está mejor que José, los colaboradores del jefe del Ejecutivo van a tener que empezar a reunirse con él para algo más que ayudarlo a soplar velitas de tortas de cumpleaños.

Casi sintomáticamente, los "científicos comiciales" de Casa de Gobierno comenzaron a ensayar experimentos. Aunque la "mesa chica" come -a regañadientes- cada vez más asados con Juan Manzur, y asegura que el vicegobernador -en abuso de licencia- sigue firme en la fórmula, en la "cocina" otra vez ponen en duda su continuidad. Y presentan de nuevo las recetas dominicanas, con el senador Sergio Mansilla o los ministros Osvaldo Jaldo y Jorge Gassenbauer.

Pero de todas las alquimias, la más llamativa de los últimos días fue la reedición del "Proyecto Sarita". Hace poco, en el quincho oficial, a alguien se le escapó que la hija del gobernador podría encarnar el cupo femenino (léase, tercer término) del acople Cortalezzi-Gassenbauer. Y al dueño de casa se le desencajo el gesto. Ahora, tras la balacera, barruntan que la profesional de la salud, con su apellido, podría liderar la boleta. Habrá que estar atento a las señas del mandatario.

Eso sí: que el oficialismo ande inquieto y problematizado no equivale, en esta coyuntura, a buenas noticias para los desperdigados opositores. En especial, para el Acuerdo Cívico y Social, esa inacabable cantera de internas inútiles, que ahora discute si el diputado Juan Casañas debe seguir siendo el candidato a vicegobernador. Si el alperovichismo no ha perdido el sueño con la última profecía encuestadora es porque el senador José Cano, según esos guarismos, por primera vez habría dejado de medir dos dígitos en la "buena voluntad" de los votantes. Y es que si al oficialismo le sobran las pifias, a sus adversarios les faltan aciertos.

Sin causas ni respuestas

Los yerros que el Gobierno sembró ayer florecen en otoño en los estrados judiciales. Y el oficialismo los abona con desaciertos. El último fertilizante es la alarmante recusación sin causa a dos magistrados. Contra el vocal de la Corte, René Goane, en la casación que el radical Ariel García interpuso respecto del fallo que rechaza su acción declarativa de inconstitucionalidad de la recontrareelección, fijada en el artículo 159 de la Carta Magna de 2006.Y contra Rodolfo Novillo, en el planteo de nulidad de esa misma cláusula transitoria, impulsado por la Multisectorial Cívica. 

Lo obvio es que el oficialismo recusa sin causa a los jueces que no puede destituir. Lo institucionalmente grave es que haga que el Estado use esa figura. Toda recusación de un miembro de la Justicia debe tener un motivo; sin embargo, se entiende que en el caso de los individuos, estos pueden tener razones particulares ?reales, pero difíciles de documentar-, por lo que el Código Procesal Civil admite aquello de “sin causa”. Pero el Poder Ejecutivo, el administrador de la cosa pública, no puede tener “razones privadas” contra un integrante del Poder Judicial. Y no puede porque este no es (ni debe ser) el Gobierno del alperovichismo sino el Gobierno de los tucumanos.

El Código Procesal Constitucional, justamente, no admite la recusación sin causa. Y es el contenido de la Constitución lo que se discute. Pero en el palacio gubernamental tal vez no lo advirtieron. De hecho, en la contestación de las demandas sostuvo que los planteos son nulos, que faltan acreditaciones partidarias, que hay Códigos que deben aplicarse “analógicamente” y que necesita más tiempo para, curiosamente, contestar las demandas. Pero ni una palabra para explicar por qué el artículo 159 dice que la primera gestión (2003-2007) no es tal; que la segunda (2007- 2011) es la primera; y que por eso mismo Alperovich es el único tucumano que podrá aspirar a una tercera gobernación consecutiva, ya que 2011-2015, eventualmente, será la segunda. 

Tal vez, a la respuesta la darán los ediles, los intendentes, los delegados comunales y los legisladores. Ellos son los “terceros” a los que el oficialismo pidió que la Justicia cite a declarar, acaso con la finalidad de que le demuestren a los jueces que un periodo más un período más otro período es igual a dos mandatos.

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