Abogados insisten con el aplazo de una asamblea

"Pareciera que no son abogados quienes llamaron a la asamblea, porque desconocen que las citaciones deben ser personales". Así salió al cruce de las declaraciones del secretario del Colegio de Abogados de la capital, Jorge Contrera, el grupo de letrados que requirió a la Justicia la suspensión de la asamblea del viernes, en la que la comisión directiva de la institución procura la aprobación del balance de las cuentas del último ejercicio.

En el marco de las internas que se viven en la organización de profesionales, Silvina Charro, María Eugenia Bonahora, Natalia Herrera, Adriana Rojas y Graciela Sokolic habían presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un amparo de habeas data y una medida cautelar para requerir la suspensión de la convocatoria, hasta tanto se les brinde información respecto del informe de Memoria y Balance.

"En representación de los amparistas, rechazamos por falsa la defensa que esgrimen (las autoridades)", manifestaron Sokolic y Charro. Las abogadas argumentan que enviaron dos notas -el 9 y el 11 de marzo- a las autoridades de la institución, intimándolas a presentar una serie de informes respecto del manejo de los fondos. Remarcaron que, recién después del amparo, se publicó una solicitada invitando a la reunión e instando a quienes lo quisieran a requerir la documentación financiera en la biblioteca del Colegio de Abogados

"Dicha comunicación ya es extemporánea, y para cubrirse de las acciones legales citaron el artículo 31 del reglamento interno. Cuando, en realidad, es el 32 el que establece que las citaciones deben realizarse con una anticipación de hasta cinco días, personalmente y mediante el Boletín Oficial", subrayaron las profesionales.

Sostienen que la organización debería haber efectuado la convocatoria por casillero y mediante cédula el resumen de recursos ordinarios y gastos ordinarios.

"Es curioso que las autoridades del Colegio desconozcan las pautas que establecen las leyes, ya que no sólo no las aplican, sino que es una clara violación los deberes que tienen como funcionarios públicos", concluyeron las demandantes.