La Villa 1-11-14, al sur de la Capital Federal, parece un calco del barrio Antena de Alderetes. En la 1-11-14 pululan los narcotraficantes y los adictos (como en el Antena, donde se puede ver a "chicas embarazadas tiradas en el suelo, con la mirada perdida", según relata una madre) y también en la villa porteña los mismos vecinos sufren asaltos cuando caminan largas cuadras hacia la parada del colectivo o cuando vuelven a sus casas, porque hay una carencia brutal de servicios urbanos mínimos: los ómnibus no entran al barrio, por los asaltos, y no hay pavimento, entre otras cosas.
El experimento
Hasta ahí las coincidencias. La 1-11-14 es notoria en estos días porque allí se ha concentrado parte del experimento de seguridad que la ministra nacional Nilda Garré está haciendo con la Policía Federal. Sacó a los agentes de la burocracia de los escritorios, les quitó tareas administrativas como la confección de pasaportes y los envió a patrullar las calles, a cortar los accesos de la villa para que los narcotraficantes no puedan fabricar y vender droga en la barriada porteña. Algo que, en el barrio Antena tucumano, reclaman los vecinos: "Acá los operativos policiales se hacen cada dos o tres meses, pero la venta no cesa", dice Elsa Juárez, de las Madres del Pañuelo Negro, y recuerda que esa parte de la Costanera no ha sido alcanzada por el auxilio sociosanitario que el Gobierno implementó a comienzos de 2010 en la Costanera capitalina para enfrentar el drama de las drogas. Pelea en la que aún no se registran triunfos, más allá de que los operativos policiales se han duplicado o triplicado, así como las detenciones de adictos y trafiadictos.
Entre la villa porteña y la tucumana los problemas son similares porque el narcotráfico -como la trata de personas o el robo de autos- forma parte de una madeja que no se circunscribe a un distrito. Un vehículo es robado en Tucumán, desarmado en Entre Ríos y vendido en Buenos Aires (o viceversa); una chica es secuestrada en esta capital y obligada a prostituirse en La Rioja; la droga entra desde Bolivia por avionetas (indetectables porque los radares son artesanales) y dejada en pistas clandestinas; o bien es ingresada por vía terrestre a través de Salta y Jujuy. Hace días Wikileaks reveló que los cables de la diplomacia estadounidense señalaban que la frontera con Bolivia y gran parte del territorio del NOA está lleno de "blind spots", o "puntos ciegos" por donde se trafican los estupefacientes. Esa droga va a Buenos Aires o más allá, pero también una parte se queda en Villa 9 de Julio y La Costanera.
Precisamente el reconocimiento de que se trata de madejas delictivas supraprovinciales fue lo que se planteó el 29 de marzo en la primera reunión del CSI (Consejo de Seguridad Interior) entre la ministra Garré y los representantes de seguridad de todo el país (incluso Tucumán). Garré puso a consideración cinco protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y pidió que se trabaje para confeccionar un mapa del delito nacional, más preciso y certero, con cruce de datos estadísticos.
Pulseadas
Pero no hay obligación de las provincias de implementar lo que se debate en el CSI. Por ello, para bien o para mal, Garré está empujando sus propuestas en su área de competencia: hace días amplió el rol de la Gendarmería (vino a Tucumán a presentar a los gendarmes al mismo tiempo que se hacían allanamientos por robos de autos en desarmaderos en nuestra provincia) y ha puesto el dedo en la llaga en la Policía Federal, no sólo sacándola de los escritorios, sino también sugiriendo que su esquema de trabajo favorece en muchos casos prácticas corruptas, específicamente en lo que hace al trabajo adicional de los agentes. Se sugirió que esto ocurre en Buenos Aires, pero los cambios en la federal se dieron en todo el país, y van mucho más allá de la fortísima pulseada política entre la Nación y el gobierno porteño.
En lo que hace a la lucha contra las drogas, desde hace tres años hay también una fuerte pulseada nacional que no se resuelve: unos dicen que hay que dejar de perseguir a adictos y emplear los recursos que se gastan en eso en luchar contra los verdaderos narcotraficantes (a los que jamás llegan los cazadores de adictos) y otros dicen que despenalizar el consumo disparará geométricamente el problema. Por ese conflicto es que los jueces federales y los policías actúan pero nada cambia: hace un año el juez Mario Racedo hizo preparar un informe que mostraba al alto nivel de fracaso del enfoque policial de la política antidrogas (más allá de los éxitos de los operativos) y nada se ha hecho desde ese informe: ni un mapa del delito, ni un estudio sobre consumo y sobre quiénes compran, quiénes venden, a qué hora, en qué lugares, con qué propósito, para qué grupos sociales, qué delitos se generan según el tipo de droga, etcétera.
Todos de acuerdo
Eso sí: consultados, todos coinciden en que la forma de abordar la lucha contra las drogas en el último medio siglo ha sido irracional y generadora de prejuicios, miedos, hipocresía, violencia y explosión del problema.
Habrá que estar atentos, entonces, a ver si la estrategia que se encara a nivel nacional, como lo de la Villa 1-11-14, se derramará al interior del país. De otro modo, ¿qué se les dirá a los vecinos del barrio Antena, excepto reconocer el fracaso? Como dice Elsa Juárez: "cuando los policías se van, esto sigue".
El experimento
Hasta ahí las coincidencias. La 1-11-14 es notoria en estos días porque allí se ha concentrado parte del experimento de seguridad que la ministra nacional Nilda Garré está haciendo con la Policía Federal. Sacó a los agentes de la burocracia de los escritorios, les quitó tareas administrativas como la confección de pasaportes y los envió a patrullar las calles, a cortar los accesos de la villa para que los narcotraficantes no puedan fabricar y vender droga en la barriada porteña. Algo que, en el barrio Antena tucumano, reclaman los vecinos: "Acá los operativos policiales se hacen cada dos o tres meses, pero la venta no cesa", dice Elsa Juárez, de las Madres del Pañuelo Negro, y recuerda que esa parte de la Costanera no ha sido alcanzada por el auxilio sociosanitario que el Gobierno implementó a comienzos de 2010 en la Costanera capitalina para enfrentar el drama de las drogas. Pelea en la que aún no se registran triunfos, más allá de que los operativos policiales se han duplicado o triplicado, así como las detenciones de adictos y trafiadictos.
Entre la villa porteña y la tucumana los problemas son similares porque el narcotráfico -como la trata de personas o el robo de autos- forma parte de una madeja que no se circunscribe a un distrito. Un vehículo es robado en Tucumán, desarmado en Entre Ríos y vendido en Buenos Aires (o viceversa); una chica es secuestrada en esta capital y obligada a prostituirse en La Rioja; la droga entra desde Bolivia por avionetas (indetectables porque los radares son artesanales) y dejada en pistas clandestinas; o bien es ingresada por vía terrestre a través de Salta y Jujuy. Hace días Wikileaks reveló que los cables de la diplomacia estadounidense señalaban que la frontera con Bolivia y gran parte del territorio del NOA está lleno de "blind spots", o "puntos ciegos" por donde se trafican los estupefacientes. Esa droga va a Buenos Aires o más allá, pero también una parte se queda en Villa 9 de Julio y La Costanera.
Precisamente el reconocimiento de que se trata de madejas delictivas supraprovinciales fue lo que se planteó el 29 de marzo en la primera reunión del CSI (Consejo de Seguridad Interior) entre la ministra Garré y los representantes de seguridad de todo el país (incluso Tucumán). Garré puso a consideración cinco protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad y pidió que se trabaje para confeccionar un mapa del delito nacional, más preciso y certero, con cruce de datos estadísticos.
Pulseadas
Pero no hay obligación de las provincias de implementar lo que se debate en el CSI. Por ello, para bien o para mal, Garré está empujando sus propuestas en su área de competencia: hace días amplió el rol de la Gendarmería (vino a Tucumán a presentar a los gendarmes al mismo tiempo que se hacían allanamientos por robos de autos en desarmaderos en nuestra provincia) y ha puesto el dedo en la llaga en la Policía Federal, no sólo sacándola de los escritorios, sino también sugiriendo que su esquema de trabajo favorece en muchos casos prácticas corruptas, específicamente en lo que hace al trabajo adicional de los agentes. Se sugirió que esto ocurre en Buenos Aires, pero los cambios en la federal se dieron en todo el país, y van mucho más allá de la fortísima pulseada política entre la Nación y el gobierno porteño.
En lo que hace a la lucha contra las drogas, desde hace tres años hay también una fuerte pulseada nacional que no se resuelve: unos dicen que hay que dejar de perseguir a adictos y emplear los recursos que se gastan en eso en luchar contra los verdaderos narcotraficantes (a los que jamás llegan los cazadores de adictos) y otros dicen que despenalizar el consumo disparará geométricamente el problema. Por ese conflicto es que los jueces federales y los policías actúan pero nada cambia: hace un año el juez Mario Racedo hizo preparar un informe que mostraba al alto nivel de fracaso del enfoque policial de la política antidrogas (más allá de los éxitos de los operativos) y nada se ha hecho desde ese informe: ni un mapa del delito, ni un estudio sobre consumo y sobre quiénes compran, quiénes venden, a qué hora, en qué lugares, con qué propósito, para qué grupos sociales, qué delitos se generan según el tipo de droga, etcétera.
Todos de acuerdo
Eso sí: consultados, todos coinciden en que la forma de abordar la lucha contra las drogas en el último medio siglo ha sido irracional y generadora de prejuicios, miedos, hipocresía, violencia y explosión del problema.
Habrá que estar atentos, entonces, a ver si la estrategia que se encara a nivel nacional, como lo de la Villa 1-11-14, se derramará al interior del país. De otro modo, ¿qué se les dirá a los vecinos del barrio Antena, excepto reconocer el fracaso? Como dice Elsa Juárez: "cuando los policías se van, esto sigue".
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