La fe de los simuladores

En buena medida, disimular es también una cuestión de fe. Ahí están los cocineros que creen que las buenas salsas salvan las malas pastas. Los diseñadores que asumen que una linda alfombra rescata un piso feo. La decoradora que se dice a sí misma que un cuadro de Eva llorando en el hombro de Juan Domingo personaliza un despacho desperonizado. Los políticos que pensaron que colocar los restos de Juan Bautista Alberdi en la Casa de Gobierno les daría buenas bases para la organización política de la república en Tucumán. Los gobernantes que se convencen de que el triunfo electoral maquilla de legitimidad los ilegítimos excesos. Y el alperovichismo, que asumía que el poder de sus muchos votos encubriría sus otros tantos errores.

Pero marzo terminó complicado. Y abril comenzó peor.

Ya no son los tiempos del primer mandato. Esos eran años de dorados espejismos. Se podía reformar la Constitución. Y establecer que el Consejo Asesor de la Magistratura sería organizado según el antojo del gobernador y por decreto. Y fijar que la Carta Magna podría ser modificada mediante silvestres enmiendas legislativas. Y determinar que los "funcionarios candidatos" no tenían que pedir licencia durante la campaña. Y pautar que la Junta Electoral Provincial debía conformarse con el presidente de la Corte, y dos dependientes del mandatario: el vicegobernador y el fiscal de Estado.

No todos los días se ve a un Gobierno porfiar en tamaña magnitud. Tanta, que la Justicia tuvo que intervenir reiteradamente para mostrar, a fuerza de declaraciones de nulidad y de inconstitucionalidad, el doble error del funcionariado: no darse cuenta de que, en democracia, el que gana no hace lo que quiere; ni advertir que, en la república, las leyes no pueden decir cualquier cosa. Eso abarca desde la Carta Magna hasta la decisión de que la única actividad económica protegida de Tucumán sea la venta de autos: dicen los magistrados que quien compra un vehículo en otra provincia no tiene por qué pagar sellos para radicarlo en el Jardín de la Repavimentación.

Pero aún en estos casos, al alperovichismo le hicieron notar sus pifias legales de un modo casi pedagógico: los jueces argumentan -y mucho- sus decisiones. Pero en esta semana interminable, pudo apreciarse en toda su dimensión que en la Casa de Gobierno no sólo se equivocan jurídicamente sino que, políticamente, pareciera que todavía consideran que la Tierra es plana. Y a eso se lo acaban de subrayar de la peor manera.

Misterios poco gozosos

Si al Estado provincial le dieran $ 1 por cada dislate de su administración, Tucumán sería la envidia de las provincias con regalías mineras e hidrocarburíferas. Así lo desnuda la crisis que estalló en la Policía y que ojalá el Gobierno no crea que ya fue superada. Porque la situación salarial es sólo una arista.

Los de Tucumán estaban, antes de la revuelta reciente, entre los agentes de seguridad pública peor pagos de la Argentina. A la par, el Gobierno exhibía millones y millones en la compra de camionetas, motos, autos, GPS, armas, chalecos antibalas, teléfonos celulares y cámaras de seguridad de dudosa utilidad. Pero para mejores haberes, no había. Para el caso, a los uniformados siempre les dijeron que no son empleados públicos como para andar pidiendo subas de sueldos. Eso sí, cada vez que les dieron aumentos les remarcaron lo contrario: resultaba que en esos casos sí eran empleados públicos, así que no podían pagarles más que al común de los estatales.

Y eso en el plano de los hechos. Porque en el lado oscuro de la fuerza circulan mitos malintencionados, como el de que los policías ganan más con las tareas adicionales que con el sueldo. A lo que se agrega que a muchos no les llega el pago total de esos "extra" porque algunos pícaros se quedan con una tajada. Una leyenda infundada, claro está.

Todo esto en un área -tal vez la única- que el gobernador nunca manejó: a la seguridad pública siempre se la manejaron. Y configura, desde hace rato, el gran fracaso de las políticas de gobierno de esta administración. De hecho, en casi ocho años de gestión, el único ministerio descabezado fue el de Seguridad Ciudadana, cuando la inseguridad cobró la vida de la ciudadana Paulina Lebbos (24 años, hija del entonces funcionario Alberto Lebbos), el 26 de febrero de 2006. Hoy, una impunidad dual rodea el caso: no hay culpables y, a la vez, el Estado jamás reglamentó la Ley de Protección de Testigos.

A Pablo Baillo lo sucedió Mario López Herrera, por entonces asesor ministerial y ex titular del Colegio de Abogados. Ni siquiera penalista. Por estos días recordaron esos antecedentes en el Gabinete, y los analizaron a la luz de dos fotos: en una, el funcionario aparece al lado del gobernador para anunciar el aumento salarial del 30% para los agentes. En la otra, no figura al lado del gobernador para ceder un porcentaje mayor, mientras los hombres de azul quemaban gomas.

Unos meses antes de la consagración de López Herrera, el 22 de diciembre de 2005, a la Jefatura de Policía llegaba el comisario Hugo Sánchez, quien marca todo un récord de permanencia. Pero esta semana, le facturan haber reaccionado al borde de la soberbia: mandó a la Infantería (esa que no libera las calles de piquetes ajenos) donde la protesta de sus propios compañeros. El resultado fue decorativo: los infantes sólo se pararon en la vereda, en función "preventiva".

Algunos lo dispensan: dicen que un hombre acostumbrado a dar órdenes no sabe dialogar. Otros no lo disculpan: dio instrucciones y no se las cumplieron. La continuidad de Sánchez es una incógnita en el alperovichismo. Unos dicen que "José no releva funcionarios"; y menos en los años electorales, cuando el recrudecimiento del delito es la parte maldita de la campaña proselitista. Otros advierten, en cambio, que ya están produciéndose los cambios en la fuerza donde ni siquiera se acataron los mandatos de los jefes de las regionales.

Ahora bien, deshojar margaritas para definir continuidades -o no- configura una cuestión anecdótica al lado de los muchos otros dilemas, varias veces más graves, abiertos por el Ejecutivo. ¿Tiene autoridad el Gobierno que da por cerradas las paritarias, pero las revisa? ¿Tiene palabra la gestión que afirma que no puede dar mayores aumentos, pero luego los concede? ¿Los autoconvocados de la salud deben marchar armados con bisturíes para que sus demandas sean atendidas? ¿Se viene una escalada de reclamos de los otros gremios?

Errar es humano y oficial

En el Gobierno, claro, prefieren hacer otras lecturas. Dice que se trata de un caso aislado: circunscripto a la Policía, que siempre es una olla a presión. Hablan de una cúpula desgastada, lo cual califican como una situación natural: antes -rememoran-, los jefes de la fuerza no duraban ni dos años. Y aseguran que hasta hubo algunos políticos pícaros de adentro del peronismo pagando alimentos y transporte a algunos sublevados.

Jamás reconocerán que les doblaron el brazo. Que si bien la Policía no tiene sindicato, acaba de surgir otro movimiento autoconvocado. Que el que ya existía, el de la salud, está marchando. Que los gremios con los que pacta dudosos "acuerdos históricos" enfrentan una histórica desautorización. Que el oficialismo reprobó "igualdad" en marzo: habrá médicos que ganarán como salario final $ 2.250, mientras que un conserje de Tribunales cobrará $ 2.380 de básico (más antigüedad, presentismo, salario familiar?). Que es bueno que los judiciales ganen mucho; y que es malo que los otros estatales, no.

El Ejecutivo no admitirá nada de ello porque hacerlo es confesar la fatiga. Antes tenían más reflejos. Salían menos de vacaciones y en nombre de la seguridad juvenil prohibían recitales de grupos como Callejeros, o ponían tope horario a la nocturnidad, ganándose la repulsa adolescente y el apoyo de los padres. Ahora, enero, febrero y marzo encuentran al alperovichismo en Punta del Este, Brasil o Punta Cana? y abril lo sorprende enredado con las peligrosas “picadas”. Que primero no estaban convencidos; que después sí promulgarían la norma; que al final la vetaron.

Pero, sobre todo, el oficialismo no asumirá sus errores porque sostiene que nada de esto le hace mella. O sea, que a sus torpezas no las capitaliza ningún adversario. Es decir, que sólo hay críticos de comunicado de prensa: nadie que desnude sus falencias con equipos técnicos y con planes y alternativas serias. Léase, se va a seguir equivocando tranquilo.

Si al Estado provincial le dieran $ 0,10 por cada oportunidad política que desperdician los adversarios de la Casa de Gobierno, en Tucumán los indigentes pagarían Impuesto a las Ganancias. Si la oposición no quiere disputarle poder al oficialismo, al menos podría guardar las apariencias. Porque en alguna medida, disimular es también tenerse fe.