Opositores se unieron en contra del autoritarismo

BUENOS AIRES.- El domingo pasado, cuando esta columna era leída por unas personas, otras en todo el país estaban siendo privadas de tener entre sus manos el diario de su preferencia y despojadas de la posibilidad de evaluar la expresión de otros periodistas. El autoritarismo de unos pocos y la tolerancia gubernamental ante el bloqueo de la circulación casi total de Clarín y Olé y de modo parcial de La Nación, dibujaron en apenas una noche la peor de las imágenes: un país con ciudadanos de primera y otro con ciudadanos de segunda.

Pese al boom de consumo, los subsidios y los LCD en cuotas, quizás este hecho haya servido para despabilar a muchos en relación a que la libertad no es un juego de suma cero. Que cuando no existe para algunos no existe para nadie y que el Estado, como garante, es el encargado de velar por la aplicación democrática de la Constitución para igualar los derechos de los ciudadanos. Es probable que también muchas de esas personas le hayan ganado de mano al propio Gobierno, que bajó mucho los decibeles cuando vio que la jugada se le venía en contra y a casi todos los opositores, que llegaron a la misma conclusión cinco días después.

Cuando buena parte de éstos se decidió a firmar el viernes un documento para cuidar la democracia no sólo mostraron que estaban muy sensibilizados por ese aberrante episodio, sino también por las reacciones que tuvo el Ejecutivo durante la semana hacia los otros dos poderes del Estado y por otras cuestiones periféricas que armaron un cuadro que los espantó, como los avances de Hugo Moyano y la aparición del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que se llevó un caricaturesco premio de la Universidad de La Plata. Este cóctel de temas tan sensibles y de personajes tan controvertidos podría haberle infligido un alto daño a la imagen del Gobierno, sobre todo entre el electorado independiente y moderado.

Al bloqueo de salida de los diarios le siguió la pasividad demostrada por la Policía Federal, compelida a actuar esa madrugada por una fiscal y paralizada por las órdenes que le llegaban en simultáneo desde el Ministerio de Seguridad. Su jefa, Nilda Garré, quedó en la mira de la Justicia porque en enero una notificación directa del juez civil Gastón Polo Olivera la había emplazado a que arbitre los medios necesarios para evitar nuevos episodios, ya que el derecho a manifestarse, dijo, no se encuentra por encima de otros derechos constitucionales.

La semana que pasó, el juez Polo Olivera intimó a Garré a que le explicara, en el plazo de tres días, qué medidas tomó para evitar los bloqueos y para que justificara por qué esas medidas resultaron ineficaces. La ministra contestó el oficio este viernes, seguramente ratificando que ella quiso hablar con el fiscal federal Carlos Cearras y que no pudo hacerlo, aunque luego se supo que éste nunca recibió la llamada y que la Policía adujo haber digitado un número equivocado.

Desde lo político, el Gobierno respondió a la situación con una referencia lateral al problema, alegando que en el caso de la planta impresora de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) había un conflicto sindical con el gremio gráfico. Los hechos demostraron lo endeble del argumento desde dos puntos de vista. En primer término, porque fotografías revelaron que las camperas de muchos de quienes estaban en el bloqueo, aún dadas vueltas, eran de activistas del gremio de los trabajadores de peajes, que lidera Facundo Moyano. Y en segundo lugar, porque las ediciones ya habían sido totalmente impresas por el personal de las plantas y lo que frenó el piquete fue la distribución de los diarios, ya convenientemente embalados arriba de los camiones. Sobre el costado sindical, y para tratar de justificar los argumentos del conflicto que esgrimió el kirchnerismo, el Ministerio de Trabajo hasta llamó a una conciliación amigable entre las partes. Tan poco convencidos estaban los funcionarios, que los mismos delegados gremiales denunciaron que a la misma ni siquiera asistió su titular, Carlos Tomada.

Al cuasi desacato judicial, una réplica de lo ocurrido en los edificios del Bajo Flores que aún siguen tomados pese a las órdenes de desalojo dadas por otro juez al que el Ejecutivo no le presta atención, le siguió otra decisión de Garré, esta vez negándose a concurrir a una citación de la Cámara de Diputados.

En este caso, los legisladores no quedaron tan golpeados por su actitud, como por las descalificaciones que les propinó la ministra para justificar su inasistencia: "hay diputados que se han transformado en elementos funcionales de esta estrategia de victimizarse de la empresa que edita el diario Clarín. No voy a ir. Evaluamos que es un show mediático", dijo por radio.

Además de todo esto, la aparición de Chávez y el singular premio que se le entregó en materia de libertad de prensa justamente a alguien que la avasalla, junto a sus discursos de tono destemplado y a manifestaciones de la presidenta de la Nación sobre el caso Libia bien alineadas con Venezuela, parecieron desbordar la paciencia de los diputados que cocinaron el documento, suscripto especialmente por algunos candidatos presidenciales.

Muchos de los firmantes vieron en la presencia del venezolano la chance de que se convaliden hacia el futuro nuevas formas de autoritarismo, como las que mostró Garré o las que impulsa Moyano por razones menos ideológicas, temores que quienes premiaron a Chávez seguramente creen que son formas burguesas de entender los nuevos valores, los mismos que se están adentrando en la sociedad de forma cada vez menos sutil. Debemos unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad. Los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las consultoras privadas que miden la inflación o cualquier ciudadano no deben ser penalizados por sus ideas o por el desarrollo de actividades lícitas que el Gobierno considera inconvenientes para sus intereses", se asevera en el documento opositor.

Esta suerte de unión por el espanto ya es calificada por el kirchnerismo como una nueva Unión Democrática, un símil de la que enfrentó en conjunto a Juan Perón en 1946 para intentar torcer las formas de corporativismo movimientista que surgieron en la Argentina a partir de la necesidad de encarar postergadas reivindicaciones sociales en aquellos años de posguerra. Sin embargo, y hasta ahora, la adscripción a este tipo de no pasará parece ser sólo testimonial, aunque algo puede estar gestándose debajo de la superficie. Como anticipo, este periodista escuchó en la mañana del viernes de la boca de tres políticos de tres fuerzas diferentes el mismo bocadillo: Cristina va primera, pero quienes votan por la oposición son más que los que votan por el kirchnerismo. Se trata del titular de la UCR, Ángel Rozas, el ex presidente Eduardo Duhalde y la precandidata a la Jefatura de Gobierno porteña, Gabriela Michetti.

¿Qué significa esta frase opositora en línea con el documento? ¿Es unificación de discurso o simplemente una réplica al estilo del Cristina ya ganó que los ensordece, porque casi se lo habían creído y actuaban con pasividad extrema? ¿O una toma de conciencia primitiva sobre un miedo mayor que la presencia de Chávez vino a destapar, en relación a que el triunfalismo kirchnerista está adelantando los tiempos y actúa en consecuencia?

El politólogo Sergio Berensztein enmarca el problema de modo descarnado: los procesos de transición entre democracias débiles a regímenes de corte autoritario (desde la España de los años 30 en pleno ascenso del fascismo o lo que ocurrió más recientemente en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia o en Nicaragua) tienen como común denominador la inhabilidad o incapacidad de las fuerzas o referentes de oposición de coordinar estrategias para frenar esas formas de autoritarismos. La Argentina está muy cerca de caer en un problema de esas características si predominan las estrategias individuales por sobre la conciencia de lo que está aquí en riesgo.

En el campo de batalla, con más pragmatismo que prejuicios ideológicos o partidarios, Moyano sigue jugando un ajedrez casi solitario que le permite construir su polo de poder basado en la extraordinaria capacidad de presión que tiene y que el Gobierno le convalida casi a diario. A mitad de semana, sorprendió a todos con el anuncio de la paritaria de su gremio, hecho en la Casa Rosada y con la bendición presidencial, pese a que aún faltan tres meses para que se ponga en marcha.

Como efecto demostración y de control inflacionario, la idea del Gobierno a la que fue funcional Moyano fue instalar un 24% en tres cuotas como piso de las negociaciones salariales, aunque los mismos camioneros dicen que consiguieron un 27%. El anuncio sirvió para tranquilizar algo a muchos hombres de negocios y a las PyME y a la vez para alterar el ánimo de algunos otros gremios, sobre todo los de servicios o aquellos donde la masa salarial no pesa tanto en los costos de las empresas, en sectores que pueden atender demandas más cercanas a la inflación real. Ese favor, que se verá cuánto dura, tuvo como correlato la reunión pedida a viva voz por la CGT para reclamar por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, algo a lo que el Gobierno accedió para mostrar la foto de la pipa de la paz. La movida tributaria elevó los pisos del Impuesto al salario en cerca de un 20% aunque no tocó las escalas de alícuotas, por lo que una suba y por ende una mayor masa imponible anual, puede terminar en un mayor porcentaje que rebane parte del beneficio.

Más allá de este punto de fricción casi resuelto, el juego de presiones y contrapresiones sigue en auge, porque la CGT sigue demandando que el Estado le pague $ 9.000 millones que le adeuda para las obras sociales y sobre todo lugares en las listas de candidatos y no tanto en funciones ejecutivas, como sería la vicepresidencia de la Nación o la vicegobernación bonaerense que el kirchnerismo no va a ceder, sino en bancas para conseguir inmunidad hacia el futuro. Esta cuestión preocupa a Moyano y a los suyos, porque la Justicia tiene aún cuentas que saldar con muchos de ellos y siente que el Gobierno no hace todo lo que ellos creen que puede hacer en cuanto al manejo de los jueces.

Más allá de lo conflictivo de la semana, aunque es un round que amenaza con volver a explotar en cualquier momento, está el caso de Daniel Scioli, que logró hacer votar en el Congreso la Ley que fija un piso de un 10% en cada distrito para que la conformación final de la lista de candidatos a cargos públicos electivos de senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares sea determinada proporcionalmente. Esto le quita una presión por abajo a Scioli, ya que se cree que quienes acompañen a Martín Sabbatella para darle votos a la Presidenta por izquierda no van a llegar a ese porcentaje. Sin embargo, ahora llegará el intento para colocarle a un compañero de lista que responda a Olivos, un quinta columna que se verá si el gobernador es capaz de resistir.