Dos arrestos en la Caja Popular de Famaillá

Todavía no se sabe dónde está el dinero, pero ya hay dos detenidos por orden judicial. En la causa en la que se investiga un faltante de fondos (entre $ 400.000 y $ 500.000) en la sucursal Famaillá de la Caja Popular fueron arrestados un cajero y un empleado administrativo, que ya habían sido separados de sus funciones.

El escándalo por el supuesto desfalco estalló tras una auditoría interna que se realizó en la sucursal famaillense, según explicó el interventor de la entidad crediticia, Francisco Sassi Colombres. El funcionario se trasladó hasta el Centro Judicial de Monteros para interiorizar al fiscal de la II Nominación de la ciudad del sur, Jorge Carrasco sobre los detalles del sumario administrativo. A su vez, Carrasco evaluó la documentación y solicitó las detenciones que fueron ordenadas por el juez Mario Reinaldo Velázquez (Juzgado de Instrucción y de Menores de Monteros).

Según trascendió de fuentes de la Caja Popular, en los próximos días podrían surgir nuevos arrestos en perjuicio de otros empleados de esa sucursal. La investigación del fiscal Carrasco, con colaboración de peritos contables, apuntaría a una mujer que desempeñaba un cargo jerárquico.

Oportunamente, Sassi Colombres le dijo a LA GACETA que todavía no se puede hablar de un daño patrimonial, como así tampoco determinar fechacientemente si con las maniobras se llegaron a afectar cuantas de terceros. Si este fuera el caso, la entidad deberá responder por el faltante, según lo establece la legislación vigente.

"Es prematuro hablar de ello, pero se pone más atención en cuentas donde puede haber hechos irregulares", había señalado Sassi Colombres.

Un caso similar ocurrió en 2007, cuando el interventor de la Dirección de Vialidad Provincial de Vialidad, Raúl Basilio, presentó una demanda judicial para que se investigue un presunto faltante de dinero de casi $ 3 millones.

Esa causa recayó en manos del fiscal penal de IV Nominación, Carlos Sale. La denuncia de Basilio se centró en una auditoría realizada en la repartición, tras la cual se determinó la existencia de una maniobra tendiente al desvío de fondos públicos a favor de una Mutual y del sindicato vial.