Lamentablemente, en el sistema democrático argentino la diferencia de un voto en una elección no deriva en la admisión humilde del triunfo del contrincante sino en una necesaria -casi obligatoria- denuncia de fraude; siempre. Imponerse por un simple voto no implica que se vaya a revalorizar el sistema de convivencia político, eso no se reconoce; lo central pasa por sembrar inmediatas dudas sobre el resultado. Sucede en los comicios comarcanos, donde se degrada el valor que tiene un solo sufragio. La diferencia de una boleta es imposible de admitir, y de digerir. Sería una ingenuidad -según el manual electoral de la decadencia- y nadie quiere pecar de bobo. ¿Cómo se va a perder por un voto, o por 50, o por 500? Hay que empañar ese triunfo. ¡No se puede permitir el festejo del enemigo por un solitario voto! Y la mejor forma de desacreditarlo es hablar de fraude. Chubut es un botón donde, gane quien gane, el engaño se institucionalizó. Allí todo es una gran defraudación.
Además, los comicios sureños revelan que la única forma de evitar esa acusación es que la victoria vaya acompañada de un aluvión de apoyos, por una diferencia numérica incuestionable, aunque luego se denuncien presiones y dádivas. También ponen en evidencia dónde se produce la irregularidad, más allá de quien maneje y cómo se integre la Junta Electoral, algo que en nuestra provincia se judicializó. En ese sentido, tanto los oficialistas como los opositores tucumanos deben observar con lupa lo que sucede en aquella provincia, por los hechos similares que puedan darse el 28 de agosto.
Opositores
Una Junta Electoral, básicamente, convalida las actas de las mesas de votación si es que no están observadas. Los valores se escrutan y a no chistar si no se impugnó o si los fiscales no actuaron con eficiencia para evitar que se alteren datos, se pongan ceros dudosos, se falsifiquen firmas, se haga votar a personas fallecidas, se llenen planillas con más votantes que inscriptos, se conviertan los 10 en cienes, o hasta que desaparezcan los sobres de las urnas. Entonces, cabe preguntar a la oposición: ¿hay que preocuparse por la constitución de la junta electoral o por las travesuras que puedan hacerse en las mesas de votación? Se podrá responder que por ambos hechos por igual, y está claro que es valioso que la picardía de un Gobierno que institucionalizó el "vamos por todo" pueda tener un freno en la Justicia, pero lo trascendental es lo que ocurre en los lugares de votación cuando se cierran las escuelas. Es entonces donde la anormalidad dice presente, sino miremos a Chubut. Otros la convalidan. Luego viene el archivo y la quema de las urnas, para que las huellas desaparezcan en las cenizas.
La "zancadilla" a la aspiración del Poder Ejecutivo local de dominar la JEP es una notable victoria opositora para festejar desde el plano institucional y político, porque se obstruyen -de momento- las pretensiones hegemónicas del Gobierno. Pero también les deberían inquietar otras cosas: la compra de las siglas de partidos políticos, el alquiler de fiscales y todas las travesuras que pueden hacer "los más despiertos" en las mesas de sufragio. Algunos duermen con el enemigo el día previo a la elección. Hoy por hoy, para un sector es más importante lograr una composición más equilibrada -léase más despojada de tufillo oficialista- de la JEP, que pensar en aquellas "avivadas" electorales. Apuntan a mejorar la calidad institucional, no piensan en los votos y las planillas electorales.
Oficialistas
Al alperovichismo también le tiene que preocupar el caso Chubut, porque el fraude puso en evidencia que los deslices electorales están a la hora del día en las votaciones. ¡Vaya novedad!, dirán algunos. Es que las irregularidades salen a la luz cuando la diferencia en sufragios es reducida, pero no cuando la distancia es imposible de acortar. En ese último caso ya no sirve hablar de fraude. Lo triste es comprobar que la tentación de adulterar planillas es una marca registrada en la política.
En este punto es donde puede entenderse el valor que tiene para el oficialismo el manejo de la JEP. Si recordamos una "leyenda popular" sobre que un candidato radical a senador provincial ganó la banca en las urnas y la perdió luego en el recuento allá por los 80, cabe detenerse un minuto en lo que puede pasar entre los acoplados si las diferencias de votos entre ellos no es suficiente. ¿Por qué? Porque más allá de que el gobernador, José Alperovich, haya bajado línea para que no se peleen hasta por un mural, estas disputas pueden aflorar en los lugares de votación. Nadie puede afirmar que no se cometerá algún pecado y que no se tentarán frente a las planillas que, por uno o dos votos, pueden ungir al dueño de una banca. El alperovichismo debe poner allí los ojos porque "sus acoplados", por la ambición de convertirse en legislador o en concejal -o lo que sea-, pueden realizar denuncias e impugnaciones si hay un voto, o cinco, o 50 de diferencia. Es un riesgo. Al Gobierno, seguramente, no le caería simpático tal desquicio electoral, especialmente si se impone por una cifra considerable, como se especula, en la lucha por la gobernación. Ese eventual triunfo podría empañarse por denuncias o "picardías" nacidas en la propia tropa, algo así como un fenómeno interno "a lo chubutense". Sin embargo, con la JEP en el bolsillo, ante la duda -puede suponerse- sería el gobernador el que bajaría o no el pulgar a una lista acoplada.
Además, los comicios sureños revelan que la única forma de evitar esa acusación es que la victoria vaya acompañada de un aluvión de apoyos, por una diferencia numérica incuestionable, aunque luego se denuncien presiones y dádivas. También ponen en evidencia dónde se produce la irregularidad, más allá de quien maneje y cómo se integre la Junta Electoral, algo que en nuestra provincia se judicializó. En ese sentido, tanto los oficialistas como los opositores tucumanos deben observar con lupa lo que sucede en aquella provincia, por los hechos similares que puedan darse el 28 de agosto.
Opositores
Una Junta Electoral, básicamente, convalida las actas de las mesas de votación si es que no están observadas. Los valores se escrutan y a no chistar si no se impugnó o si los fiscales no actuaron con eficiencia para evitar que se alteren datos, se pongan ceros dudosos, se falsifiquen firmas, se haga votar a personas fallecidas, se llenen planillas con más votantes que inscriptos, se conviertan los 10 en cienes, o hasta que desaparezcan los sobres de las urnas. Entonces, cabe preguntar a la oposición: ¿hay que preocuparse por la constitución de la junta electoral o por las travesuras que puedan hacerse en las mesas de votación? Se podrá responder que por ambos hechos por igual, y está claro que es valioso que la picardía de un Gobierno que institucionalizó el "vamos por todo" pueda tener un freno en la Justicia, pero lo trascendental es lo que ocurre en los lugares de votación cuando se cierran las escuelas. Es entonces donde la anormalidad dice presente, sino miremos a Chubut. Otros la convalidan. Luego viene el archivo y la quema de las urnas, para que las huellas desaparezcan en las cenizas.
La "zancadilla" a la aspiración del Poder Ejecutivo local de dominar la JEP es una notable victoria opositora para festejar desde el plano institucional y político, porque se obstruyen -de momento- las pretensiones hegemónicas del Gobierno. Pero también les deberían inquietar otras cosas: la compra de las siglas de partidos políticos, el alquiler de fiscales y todas las travesuras que pueden hacer "los más despiertos" en las mesas de sufragio. Algunos duermen con el enemigo el día previo a la elección. Hoy por hoy, para un sector es más importante lograr una composición más equilibrada -léase más despojada de tufillo oficialista- de la JEP, que pensar en aquellas "avivadas" electorales. Apuntan a mejorar la calidad institucional, no piensan en los votos y las planillas electorales.
Oficialistas
Al alperovichismo también le tiene que preocupar el caso Chubut, porque el fraude puso en evidencia que los deslices electorales están a la hora del día en las votaciones. ¡Vaya novedad!, dirán algunos. Es que las irregularidades salen a la luz cuando la diferencia en sufragios es reducida, pero no cuando la distancia es imposible de acortar. En ese último caso ya no sirve hablar de fraude. Lo triste es comprobar que la tentación de adulterar planillas es una marca registrada en la política.
En este punto es donde puede entenderse el valor que tiene para el oficialismo el manejo de la JEP. Si recordamos una "leyenda popular" sobre que un candidato radical a senador provincial ganó la banca en las urnas y la perdió luego en el recuento allá por los 80, cabe detenerse un minuto en lo que puede pasar entre los acoplados si las diferencias de votos entre ellos no es suficiente. ¿Por qué? Porque más allá de que el gobernador, José Alperovich, haya bajado línea para que no se peleen hasta por un mural, estas disputas pueden aflorar en los lugares de votación. Nadie puede afirmar que no se cometerá algún pecado y que no se tentarán frente a las planillas que, por uno o dos votos, pueden ungir al dueño de una banca. El alperovichismo debe poner allí los ojos porque "sus acoplados", por la ambición de convertirse en legislador o en concejal -o lo que sea-, pueden realizar denuncias e impugnaciones si hay un voto, o cinco, o 50 de diferencia. Es un riesgo. Al Gobierno, seguramente, no le caería simpático tal desquicio electoral, especialmente si se impone por una cifra considerable, como se especula, en la lucha por la gobernación. Ese eventual triunfo podría empañarse por denuncias o "picardías" nacidas en la propia tropa, algo así como un fenómeno interno "a lo chubutense". Sin embargo, con la JEP en el bolsillo, ante la duda -puede suponerse- sería el gobernador el que bajaría o no el pulgar a una lista acoplada.







