Los antecedentes dan cuenta de las operaciones irregulares

Las operaciones irregulares con viviendas del Estado no son nuevas. En rigor, en los primeros días de 2008 y tras un relevamiento oficial se detectó que al menos una de cada 20 familias que fue beneficiada con el otorgamiento de una casa del Estado, había vendido la unidad. La cifra fue obtenida por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), a partir de un programa de regularización de titularidad que había lanzado. En aquella oportunidad, el titular del Ipvdu, Gustavo Durán, denunció que se había montado un verdadero negocio con la venta de casas que adjudicaba el Ipvdu: el 5% de las 35.000 viviendas entregadas había sido transferida sin notificación al Estado. Desde ese momento, el organismo dispuso un protocolo y elevó los requisitos que deben cumplir quienes adquieren una casa del Estado mediante una compra particular.