Letrados desconocen gastos de su colegio

Abogados disidentes de la capital insisten con cercar a las autoridades del colegio profesional que los representa. Esta vez, un grupo de letrados reiteró el planteo para que los directivos den a conocer el informe de gastos de 2010 de la institución.

La Línea "Abogados Independientes" recordó que, desde el 14 de este mes, reclama en vano un detalle con los ingresos y egresos del colegio durante el último año. Leonardo Horacio Bauque, Gastón Eduardo Petray, José Eduardo Galip Falcón, Silvana del Valle Díaz, Andrea Mariana Lobo, Jorge Rodríguez Robledo (h), Amancio Lucio Petray, Jorge Zagarese y Marcos Kristal recordaron que el reglamento interno de la institución establece claramente, en su artículo 31, que la "asamblea se reunirá en la primera quincena de abril de cada año para considerar la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio vencido".

"Teniendo en cuenta que necesitamos tener conocimiento de la Memoria y Balance con toda la documentación respaldatoria hasta por lo menos 30 días antes de la asamblea, reiteramos nuestro pedido", sostiene el documento presentado por los letrados disidentes ante el titular del colegio, Eudoro Aráoz.

En el texto, advirtieron que el colegio no posee para el control interno un cuerpo de auditores, como así tampoco cuenta con un tribunal de cuentas elegido por el sufragio de los socios. "También hay que resaltar que en la elección de los miembros de la institución no hay un régimen que prevea la representación de las minorías, por lo que nuestra única y virtual representación es a través de la asamblea anual, aún no convocada", reforzaron los peticionantes.

Además, a menos de una semana de la fecha de vencimiento para que los abogados que litigan en el Centro Judicial Capital paguen la matrícula profesional anual (el jueves 31), reflotaron el pedido para que se rebaje a la mitad ese arancel. En el planteo, insistieron en que también se postergue hasta el último día de abril ese plazo. Paralelamente, reclamaron la eliminación de la duplicación del costo de la matrícula establecida por ley, en caso de incumplimiento. "Se deben buscar mecanismos constitucionales a fin de lograr la derogación del duplo, por ser esta imposición un castigo económico contra el abogado en forma manifiesta", plantearon los profesionales.