Solicitan la máxima pena para Albornoz y para Menéndez

Hoy será el turno de las últimas palabras de los imputados en la causa "Romero Niklison" y, a la tarde, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José María Pérez Villalobo, tras deliberar, leerán la parte resolutiva de la sentencia. Ayer, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) escucharon los alegatos de la parte querellante, del Ministerio Público Fiscal y de los defensores (Ver "Los defensores piden...")

En su alegato, Horacio Coutaz y María Alejandra Romero Niklison, representantes de la querella, negaron que previo al golpe de estado de 1976, en el país haya habido una guerra. "Hablar de guerra implicaba acogerse a las convenciones de Ginebra. No hubo dos bandos enfrentados. Aunque hubiese habido, el único camino es la legalidad y el derecho", dijo Coutaz.

Asimismo, el abogado y subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, alegó que los delitos que se investigan no dejarán de perseguirse. "No se trata de una aplicación retroactiva, sino de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad", aclaró.

Coutaz explicó que, a partir del golpe de estado de 1976, la Constitución fue suspendida, pero no así las disposiciones del Código Penal. "Incluso, se restableció la pena de muerte, que nunca fue ejecutada desde una manera legal", aseveró.

En el juicio, se intenta establecer las responsabilidades del ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y del comisario (r) Roberto Heriberto Albornoz como autores mediatos de la muerte de cinco militantes de Montoneros. Precisamente, el 20 de mayo de 1976, un grupo integrado por militares y policías allanó la casa de Azcuénaga 1.816 (barrio Echeverría). Minutos después, yacían sin vida en su interior María Alejandra Niklison (madre de una de las querellantes), Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. A los pocos metros, cerca de una iglesia, fue encontrado muerto Fernando Saavedra Lamas, cuyo cuerpo fue identificado, junto con el de la única mujer del grupo.

Tras finalizar su alegato, Coutaz detalló la pena que requería para los imputados: "condena a prisión perpetua para Menéndez y Albornoz por ser coautores mediatos responsables de los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado de más de dos personas, y asociación ilícita agravada". Complementariamente, reclamó que la eventual condena que se aplicase se cumpla en una cárcel común.

"Fue una ejecución"

En su alocución, el representante del Ministerio Público Fiscal, Leopoldo Peralta Palma, desmintió que lo sucedido en la vivienda haya sido un enfrentamiento, sino un fusilamiento. "En el informe médico legal hay cosas que son elementales y que demuestran que esto fue una ejecución. Si con un sólo disparo en la cabeza se puede matar a una persona, ¿para qué numerosos, múltiples, diversos impactos? ¿no hay mejor prueba de que esto fue una ejecución?", preguntó.

El fiscal, apoyado por su adjunto ad hoc, Patricio Rovira, solicitó para Menéndez la pena de reclusión perpetua, inhabilitación perpetua, pérdida definitiva de grado militar, la baja de las Fuerzas Armadas y que se lo declare infame traidor a la patria. En tanto, para Albornoz, reclamó reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y que se lo declare infame traidor a la patria.