El PE se ampara en una vieja resolución para abonar por adelantado los vales

Una vieja resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación sería la llave de oro que le permitiría al Gobierno de Julio Miranda justificar el pago por adelantado -o en el momento de recibir los vales alimentarios- a la empresa Luncheon Tickets. Esta distribuía los tickets (cada uno equivalía a $ 25 y podía ser intercambiado en comercios minoristas), que representaban en total $ 1,1 millón, a los 44.000 beneficiarios del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA).
La operatoria de los fondos nacionales fue severamente criticada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en una auditoría realizada en 2002. Ese trabajo fue recibido por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y ahora es la base de la investigación penal que impulsa el fiscal federal Carlos Brito. El 10 de abril de 1990, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Triaca, firmó la resolución 205/90. Esta reguló el funcionamiento de los vales alimentarios, limitándolos a la adquisición de mercaderías (no bebidas). En su artículo 3 dispone que "el suministro de vales, por parte de las empresas de servicios expresamente habilitadas, será hecho mediante pago al contado".
Amparado en esa disposición, el Poder Ejecutivo contrató con la empresa la provisión de los tickets con el compromiso de entregar a cambio el efectivo o un cheque al momento de recibir los vales. La operación era casi simultánea, en una aplicación del concepto de pago al contado. Esto se cumplió no sólo con el PEA, sino también en los tickets que entrega mensualmente a los trabajadores del Estado.
En lo referido especialmente al plan alimentario creado por la Nación el año pasado, el PE contrató a Luncheon Tickets luego de efectuar un cotejo de precios entre distintas compañías. El trámite contaba con el dictamen de Fiscalía de Estado y el control del Tribunal de Cuentas antes de firmar el contrato definitivo y el acuerdo complementario.
En el afán de obviar ciertas pautas nacionales, el Gobierno dictó un decreto de necesidad y urgencia para poner en marcha el PEA el año pasado, La Sigen concluyó que la operatoria generaba para la empresa una ganancia financiera contraria al espíritu del PEA.

Denuncian que los tickets son ilegales
El presidente del distrito Tucumán de la UCR, José Ricardo Ascárate, denunció en LA GACETA que los tickets con los que la Provincia abonó los salarios de abril y con los que en principio pagaría también los de mayo son, presuntamente, ilegales.
El legislador puntualizó que la última prórroga del contrato con la firma Proms para que provea los vales con los que se abona a los empleados públicos el 20% de sus remuneraciones ya está vencida. En principio, habría expirado el 31 de marzo pasado. Esa extensión se votó en la convulsionada sesión del miércoles cinco de febrero durante la cual los trabajadores estatales, movilizados frente a la Cámara, rompieron la puerta de entrada del edificio de Rivadavia 50, irrumpieron en el recinto y cruzaron insultos con algunos parlamentarios del PJ.
"Esta maniobra de seguir pagando con tickets de una firma con la cual el vínculo comercial está vencido es doblemente grave -manifestó-. Porque además de la abierta ilegalidad se sigue disminuyendo el salario real de los trabajadores del Estado. La legislación laboral sólo establece el pago de hasta un 10% para los empleados públicos que están fuera de los convenios colectivos de trabajo (Vialidad y OST). En cambio, aquí se aplica el doble de ese porcentaje; y el pretendido ahorro al que apunta el Gobierno es sencillamente una evasión previsional", condenó.
"Desde el Frente Unión por Tucumán nos comprometemos a recuperar para el Estado el pago de los salarios, que ahora, evidentemente, se encuentra tercerizado, entre el pago con Bocade y con estos tickets", concluyó el titular del radicalismo.