Fracasaron los intentos de corregir el plan alimentario

A mediados de 2002, el Gobierno provincial intentó corregir las deficiencias marcadas por la Nación en la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA). El entonces secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, intimó a Luncheon Tickets a que le rinda cuentas o que le habilite una auditoría. En una carta documento, la empresa respondió que ese control no estaba previsto en el contrato por el cual asumió el compromiso de distribuirles vales de $ 25 por mes a 44.000 beneficiarios del PEA.
El 7 de julio pasado, en una notificación enviada a la empresa, Darnay reconoció que exigencias de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) relacionadas con el control del PEA debían ser cumplidas con urgencia. "Es un requisito para continuar liberando los fondos del plan", recalcó. Las observaciones de la Sigen derivaron en la causa penal que ahora impulsa el fiscal federal Carlos Brito.
El funcionario recordó que Luncheon Ticket debía "rendir efectiva cuenta de los comprobantes ingresados por los comerciantes a esa empresa, con más las liquidaciones correspondientes de cada comercio adheridos" (al sistema de los vales). "Si por cuestiones operativas se les hace imposible la remisión de dicha comunicación, indique fecha y hora para permitir el ingreso de nuestros auditores a la sede de la empresa", planteó Darnay en la intimación enviada a Corrientes 851, planta baja, departamento A.

Sin facultades
La contestación le llegó a Darnay desde la central de Luncheon Ticket, Suipacha 268, 12º piso, Capital Federal. La compañía negó la posibilidad de hacer controles sobre la operatoria que realiza con los comercios. "No surge del contrato suscripto con el Poder Ejecutivo ni del decreto 547/3 del Ministerio de Economía que nuestra empresa se haya obligado a rendir cuentas sobre ese aspecto, ni tampoco que al Gobierno tucumano se le haya otorgado la facultad de efectuar auditoría alguna", respondió el apoderado de la firma, Flavio Lodetti, el 25 de julio.