El PE no controlaba los tickets de un plan social

La investigación sobre el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) en Tucumán sigue deparando sorpresas. Al suscribir el contrato con Luncheon Tickets, el Gobierno provincial no se reservó el derecho de controlar la cantidad real de los vales mensuales que fueron efectivamente pagados por la empresa. Sin embargo, todos los meses se le abonó a la firma, por anticipado, $ 1,1 millón para entregarles $ 25 cada uno a los 44.000 beneficiarios del PEA.
Lo habitual es que el 10% de los tickets no sea gastado por pérdida, destrucción, vencimiento u otras razones. Pero no se conocen las cifras finales, según la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que realizó una auditoría en junio pasado. Esta sirvió a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación y fue la base de la denuncia penal que se tramita ante el juez federal Felipe Terán.
El fiscal federal Carlos Brito espera que la Secretaría de Desarrollo Humano le remita la copia del contrato con la firma.
Pese a no efectuar el control, la provincia desembolsaba el total de los recursos destinados al rescate de los tickets, como si se hubiesen gastado todos. Según la Sigen, ese procedimiento permitía que "el importe de los vales no utilizados por los beneficiarios quedara en poder de la empresa emisora, afectando el alcance del programa, porque el contrato no aseguró el mejor aprovechamiento de los fondos".
La Nación señaló como una irregularidad que, "durante el lapso que media entre el anticipo realizado y el efectivo rescate de los tickets, el prestador disponga de los fondos nacionales". Esto se hacía pese a que el contrato preveía que, "en la fecha correspondiente a cada entrega mensual de vales, el Gobierno acredite en pesos en la cuenta corriente Nº 100-72990/9 de Luncheon Tickets en el Banco del Tucumán".
"Como se comprobó, la Provincia adelanta fondos a la empresa. Este hecho otorga al prestador una utilidad que contraviene la normativa de emergencia alimentaria que necesariamente enmarca el contrato. Este no sólo prevé la intangibilidad de los fondos, sino también la exclusiva utilización con destino a la alimentación de la población objetivo del plan", dijo la Nación.

Números que no cierran
El contrato e firmó el 15 de abril de 2002. El 19 la Provincia desembolsó $ 887.050 y el 7 de mayo, $ 212.950, con lo que se completó la primera cuota de $ 1,1 millón para atender a 44.000 beneficiarios. Pero el Gobierno sólo envió datos de 42.223 personas (suman $ 1,05 millón), y recibió los tickets, que fueron distribuidos entre el 23 y el 29 de abril.
Ni siquiera se distribuyeron todos. Sólo 40.389 beneficiarios retiraron la primera cuota (representan $1 millón). Por diversas razones, no se entregaron los tickets de 1.834 beneficiarios, por $ 45.850. Pero la empresa ya había cobrado todo. Quedó un saldo favorable de $ 90.275, motivo central de la auditoría.