Por Redacción Política
30 Mayo 2003
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La Provincia deberá informar con carácter de urgente al fiscal federal Carlos Brito sobre el contenido del contrato firmado con la empresa Luncheon Tickets para la provisión de mercadería a los beneficiarios del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA).
Brito está al frente de la investigación penal por la presunta comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa fue iniciada luego de que se determinaran irregularidades administrativas en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y en la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, que dieron origen a la denuncia.
Oficios
Hasta el lunes, la Secretaría de Desarrollo Humano de la provincia deberá remitir al fiscal copia del contrato y de los convenios adicionales para la provisión del PEA a 44.000 beneficiarios, a un monto de $ 25 por mes (en total, $ 1.1 millón mensual). Desde los tribunales federales se requirió al Banco del Tucumán que informe sobre los movimientos en la cuenta corriente Nº 0931-02100190/75, donde se efectuaban los depósitos a la empresa.
El cuestionamiento original es que, a principios de cada mes, la provincia giraba a Luncheon Tickets los fondos que serían consumidos por el PEA en ese período. Pero la firma abonaba los tickets a los proveedores finales de la mercadería entre 30 y 45 días después de recibidos los recursos, lo que implicaría un uso indebido de dinero público.
Ayer, la Fiscalía Federal también libró oficios al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para determinar cuáles fueron las transferencias de dinero a Tucumán por este plan, con detalle de fechas y de montos.
Paralelamente, trascendió que Brito quiere conocer, además, las rendiciones de cuentas que hubiere efectuado el Gobierno provincial, las que eran obligatorias según lo establecido por el convenio firmado para la aplicación del programa asistencial.Se espera, también, la respuesta del Banco de la Nación Argentina sobre los movimientos de fondos en la cuenta especial correspondiente al PEA.
Brito está al frente de la investigación penal por la presunta comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La causa fue iniciada luego de que se determinaran irregularidades administrativas en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y en la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, que dieron origen a la denuncia.
Oficios
Hasta el lunes, la Secretaría de Desarrollo Humano de la provincia deberá remitir al fiscal copia del contrato y de los convenios adicionales para la provisión del PEA a 44.000 beneficiarios, a un monto de $ 25 por mes (en total, $ 1.1 millón mensual). Desde los tribunales federales se requirió al Banco del Tucumán que informe sobre los movimientos en la cuenta corriente Nº 0931-02100190/75, donde se efectuaban los depósitos a la empresa.
El cuestionamiento original es que, a principios de cada mes, la provincia giraba a Luncheon Tickets los fondos que serían consumidos por el PEA en ese período. Pero la firma abonaba los tickets a los proveedores finales de la mercadería entre 30 y 45 días después de recibidos los recursos, lo que implicaría un uso indebido de dinero público.
Ayer, la Fiscalía Federal también libró oficios al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para determinar cuáles fueron las transferencias de dinero a Tucumán por este plan, con detalle de fechas y de montos.
Paralelamente, trascendió que Brito quiere conocer, además, las rendiciones de cuentas que hubiere efectuado el Gobierno provincial, las que eran obligatorias según lo establecido por el convenio firmado para la aplicación del programa asistencial.Se espera, también, la respuesta del Banco de la Nación Argentina sobre los movimientos de fondos en la cuenta especial correspondiente al PEA.
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