Le faltó una base de datos a los planes sociales

La investigación nacional sobre la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) en la provincia, que derivó en una investigación en trámite en la Justicia Federal, determinó que el Gobierno implementó en 2002 la ayuda social sin un relevamiento fehaciente de las necesidades de los beneficiarios.
El informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) abarcó los primeros seis meses del año pasado, y fue remitido a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. De allí pasó a la Procuración General de la Nación, cuyo titular, Nicolás Becerra, ordenó que se impulse una investigación penal.
En la Justicia Federal de Tucumán, la causa está en manos del fiscal federal Carlos Brito. Actúa el juez Felipe Terán.
A junio de 2002, no había en la Unidad Ejecutora provincial una base de datos de familias beneficiarias de planes sociales, sino un archivo con los individuos que recibían tickets, construido a partir de las listas informadas por los consejos consultivos.
En los papeles aparecían el nombre, número de documento y dirección, pero "no información sobre su situación económico-social ni la del grupo familiar, ni sobre las restantes prestaciones que recibe". Los datos disponibles a ese momento, según la Sigen, "resultan de poca utilidad para el control pues no permite saber si se cumplieron o no los criterios de selección contenidos en el reglamento del PEA". La falta de este registro, según la Nación, impedía saber si era razonable la elección de los beneficiarios, si ellos tienen Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), o si el plan tenía una distribución equitativa.

Fondos entremezclados
La Nación también cuestionó que los recursos nacionales hayan ingresado directamente a Rentas Generales de la Provincia y no se hayan mantenido en forma independiente, en una cuenta especial. La intangibilidad de los fondos remitidos (en efectivo) era una exigencia fundamental en el convenio del PEA.
El manejo presuntamente irregular de los recursos produjo demoras en la ejecución del programa alimentario, dificultó el control de la aplicación íntegra de los fondos remitidos en las prestaciones del plan asistencial y complicó la identificación clara de los responsables de las subejecuciones del plan. Aparte, esos fondos debían aplicarse a prestaciones alimentarias.

Disposición del Ejecutivo
El ministro de Gobierno, Manuel Pedernera, dijo a LA GACETA que el PE tiene la intención de colaborar con la Justicia. "El Gobierno ofrece toda la colaboración y, a través de mi persona, se pone a disposición de la Justicia para aportar la documentación que requiera para el esclarecimiento de los hechos", señaló.