Investigan si se malversaron fondos con los planes sociales

El fiscal federal Carlos Brito definirá, en los próximos días, las primeras medidas judiciales para investigar el uso del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) en Tucumán. Los cuestionamientos fueron el manejo indiscriminado de los recursos nacionales; el canje automático de efectivo por bonos y el pago del beneficio en tickets alimentarios.
El funcionario recibió ayer el expediente 535/03 del juez federal Felipe Terán, y se metió de lleno a la lectura de las más de 100 páginas de informes nacionales sobre el paso y destino de los fondos remitidos en efectivo por el Gobierno central. La causa recién da sus primeros pasos judiciales, pero ya tiene una voluminosa pesquisa administrativa, previa a la efectuada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y luego por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia.
La base de todo el trabajo fue una auditoría realizada entre el 4 y el 7 de junio de 2002, por parte de la Nación, sobre los movimientos de fondos del PEA en la Provincia, desde principios de ese año (cuando comenzó la vigencia del plan asistencial) hasta ese momento. Entre los papeles figuran hasta un listado de los comedores sociales que eran beneficiarios del plan.

Ningún imputado
Brito aclaró que no hay ningún imputado por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública; malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Incluso, lo primero que deberá determinar es la fecha de consumación de los posibles ilícitos, y si el manejo de los recursos puede caer bajo una figura del Código Penal.
El fiscal deberá practicar las primeras medidas ineludibles de investigación, pero será el juez Terán quien tomará eventuales declaraciones indagatorias a quienes aparezcan vinculados a la causa. Por lo pronto, el gobernador Julio Miranda está mencionado en el expediente como cabeza del Poder Ejecutivo, y como principal responsable de la ejecución del plan alimentario firmado con la Nación.
En el informe original se explicó que los fondos fueron transferidos por la Tesorería General de la Nación a la cuenta corriente Nº 48.100.417/27 que tiene la Provincia en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Tucumán, abierta específicamente para el PEA. Pero la Secretaría de Hacienda incorporó de inmediato esos recursos a Rentas Generales de la Provincia, y los sumó a otros fondos provinciales y nacionales, lo que impidió su identificación y seguimiento posterior.