Por Redacción Política
27 Mayo 2003
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El juez federal Felipe Terán será el encargado de definir la presunta comisión de delitos en el manejo local del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), en el primer semestre de 2002.
El fiscal general del Poder Judicial Federal en Tucumán, Antonio Gómez, resolvió encomendar al fiscal de primera instancia, Carlos Brito, la responsabilidad de impulsar la denuncia remitida desde la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. El escrito ingresó ayer. Terán debe ahora resolver si la investigación la hará él mismo, o si delegará funciones en Brito.
Las actuaciones administrativas de la Oficina Anticorrupción derivaron en causas abiertas en Formosa, Corrientes, Río Negro y Tucumán. En esta provincia se detectaron maniobras de funcionarios con el ingreso de fondos nacionales en efectivo que salían del erario en Bocade, a través del derogado régimen de Caja Unica.
Además, los $ 25 mensuales del PEA eran transferidos en tickets a los 44.000 beneficiarios, cuando el plan preveía el uso de efectivo. Sólo en ese rubro se gastó $ 1,1 millón por mes.
La intangibilidad de la moneda utilizada en el plan fue una de las exigencias planteadas por la Nación a las provincias, a través del decreto 108/02, lo que establece la competencia federal para entender en la investigación.
La Justicia deberá determinar si se incurrió en delitos como defraudación en perjuicio de la administración pública; malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En la presentación judicial se cuestionó también la contratación de los tickets con una empresa, al entender que el hecho le generó un "beneficio financiero injustificado a la firma".
Visita de Becerra
La decisión de impulsar la causa fue tomada por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien vendrá a Tucumán el próximo 11 de junio para reunirse con los fiscales federales. Becerra esperaría tener algunas definiciones procesales hasta el momento de su visita.
Una de las objeciones penales al canje de moneda fue la pérdida de poder adquisitivo del Bocade, que fue corriente en el Estado hasta diciembre pasado, cuando se derogó la Caja Unica, tras una crítica de la ex primera dama, Hilda de Duhalde.
La Legislatura no dará sorpresas
"Esta Legislatura asegurará la gobernabilidad de la Provincia hasta el ultimo día de gestión, no habrá sorpresas de último momento". Así lo expresó ayer a LA GACETA el presidente subrogante de la Cámara en ejercicio del Poder Ejecutivo, Juan Antonio Ruiz Olivares. Lo hizo al ser consultado sobre la posibilidad de que antes de cesar en los mandatos los legisladores sorprendan a la comunidad con una sesión -como los anteriores parlamentarios-, en la que distribuyan cargos para sus integrantes en entes autárquicos.
"No vamos a dar esa sorpresa, no hay margen. Trataremos de obrar con la mayor responsabilidad y seriedad para que este gobierno termine bien y el que venga tenga su presupuesto aprobado", añadió. En ese sentido, adelantó que los legisladores van a pedir precisiones sobre el Presupuesto 2003 al ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, porque hay un aumento del gasto del 7,8%, según dijo.
El fiscal general del Poder Judicial Federal en Tucumán, Antonio Gómez, resolvió encomendar al fiscal de primera instancia, Carlos Brito, la responsabilidad de impulsar la denuncia remitida desde la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia. El escrito ingresó ayer. Terán debe ahora resolver si la investigación la hará él mismo, o si delegará funciones en Brito.
Las actuaciones administrativas de la Oficina Anticorrupción derivaron en causas abiertas en Formosa, Corrientes, Río Negro y Tucumán. En esta provincia se detectaron maniobras de funcionarios con el ingreso de fondos nacionales en efectivo que salían del erario en Bocade, a través del derogado régimen de Caja Unica.
Además, los $ 25 mensuales del PEA eran transferidos en tickets a los 44.000 beneficiarios, cuando el plan preveía el uso de efectivo. Sólo en ese rubro se gastó $ 1,1 millón por mes.
La intangibilidad de la moneda utilizada en el plan fue una de las exigencias planteadas por la Nación a las provincias, a través del decreto 108/02, lo que establece la competencia federal para entender en la investigación.
La Justicia deberá determinar si se incurrió en delitos como defraudación en perjuicio de la administración pública; malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
En la presentación judicial se cuestionó también la contratación de los tickets con una empresa, al entender que el hecho le generó un "beneficio financiero injustificado a la firma".
Visita de Becerra
La decisión de impulsar la causa fue tomada por el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien vendrá a Tucumán el próximo 11 de junio para reunirse con los fiscales federales. Becerra esperaría tener algunas definiciones procesales hasta el momento de su visita.
Una de las objeciones penales al canje de moneda fue la pérdida de poder adquisitivo del Bocade, que fue corriente en el Estado hasta diciembre pasado, cuando se derogó la Caja Unica, tras una crítica de la ex primera dama, Hilda de Duhalde.
"Esta Legislatura asegurará la gobernabilidad de la Provincia hasta el ultimo día de gestión, no habrá sorpresas de último momento". Así lo expresó ayer a LA GACETA el presidente subrogante de la Cámara en ejercicio del Poder Ejecutivo, Juan Antonio Ruiz Olivares. Lo hizo al ser consultado sobre la posibilidad de que antes de cesar en los mandatos los legisladores sorprendan a la comunidad con una sesión -como los anteriores parlamentarios-, en la que distribuyan cargos para sus integrantes en entes autárquicos.
"No vamos a dar esa sorpresa, no hay margen. Trataremos de obrar con la mayor responsabilidad y seriedad para que este gobierno termine bien y el que venga tenga su presupuesto aprobado", añadió. En ese sentido, adelantó que los legisladores van a pedir precisiones sobre el Presupuesto 2003 al ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, porque hay un aumento del gasto del 7,8%, según dijo.
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