El Ministerio de Trabajo de la Nación efectuará próximamente una constatación respecto de las posibles irregularidades en el otorgamiento de los planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en Tucumán. El control se realizará sobre la base de un informe elaborado por la Dirección de Estadísticas y por el equipo social de la Gobernación provincial.
Una alta fuente del Poder Ejecutivo reveló a LA GACETA que, sobre el relevamiento que hicieron docentes entre los 112.000 beneficiarios del programa nacional, un grupo de auditores detectó que por lo menos el 10% del padrón (cerca de 12.000 casos) habría sido mal otorgado.
La documentación fue mantenida en reserva por los funcionarios del Ejecutivo. Los resultados fueron enviados por el gobernador Julio Miranda al Ministerio de Trabajo de la Nación para que investigue las anomalías y deslinde responsabilidades.
Según trascendió, en el muestreo que realizaron los auditores de la provincia se detectaron la inexistencia de los domicilios que fueron declarados por los beneficiarios; superposición de planes sociales; errores de información en los datos personales, y hasta habría 27 casos de personas fallecidas que figurarían en los padrones para cobrar los $ 150 mensuales del programa social.
Pedido oficial
El vocero oficial señaló, además, que el gobernador solicitó al área laboral que, en caso de determinar la existencia de irregularidades y la consecuente baja del beneficio, disponga la reorientación de los planes hacia aquellas familias que, de acuerdo con un informe del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), revistan problemas de desnutrición infantil.
El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue creado por decreto nacional, el 3 de abril del año pasado, como un derecho familiar de inclusión social mientras dure la emergencia ocupacional en el país, según se estableció en la norma firmada por el presidente Eduardo Duhalde. A principios de año, Duhalde prorrogó el programa hasta el 31 de diciembre próximo.
Se calcula que en el país existen alrededor de 2 millones de beneficiarios y que más del 60% de ese total corresponde a mujeres desocupadas que tienen familia numerosa.
Una alta fuente del Poder Ejecutivo reveló a LA GACETA que, sobre el relevamiento que hicieron docentes entre los 112.000 beneficiarios del programa nacional, un grupo de auditores detectó que por lo menos el 10% del padrón (cerca de 12.000 casos) habría sido mal otorgado.
La documentación fue mantenida en reserva por los funcionarios del Ejecutivo. Los resultados fueron enviados por el gobernador Julio Miranda al Ministerio de Trabajo de la Nación para que investigue las anomalías y deslinde responsabilidades.
Según trascendió, en el muestreo que realizaron los auditores de la provincia se detectaron la inexistencia de los domicilios que fueron declarados por los beneficiarios; superposición de planes sociales; errores de información en los datos personales, y hasta habría 27 casos de personas fallecidas que figurarían en los padrones para cobrar los $ 150 mensuales del programa social.
Pedido oficial
El vocero oficial señaló, además, que el gobernador solicitó al área laboral que, en caso de determinar la existencia de irregularidades y la consecuente baja del beneficio, disponga la reorientación de los planes hacia aquellas familias que, de acuerdo con un informe del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), revistan problemas de desnutrición infantil.
El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue creado por decreto nacional, el 3 de abril del año pasado, como un derecho familiar de inclusión social mientras dure la emergencia ocupacional en el país, según se estableció en la norma firmada por el presidente Eduardo Duhalde. A principios de año, Duhalde prorrogó el programa hasta el 31 de diciembre próximo.
Se calcula que en el país existen alrededor de 2 millones de beneficiarios y que más del 60% de ese total corresponde a mujeres desocupadas que tienen familia numerosa.







