Por Redacción Política
25 Mayo 2003
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La Justicia Federal investigará si el Gobierno de Tucumán incurrió en algún delito en la aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) desplegado por la Nación, durante el primer semestre del año pasado.
Un informe de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación indicó que funcionarios provinciales podrían haber incurrido en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al canjear efectivo por bonos.
El PEA sirvió para que el Poder Ejecutivo local entregue tickets por 25 pesos por mes a 44.000 beneficiarios, sostenga a 2.500 huertas comunitarias y ayude a comedores sociales que dieron unos 20.000 almuerzos mensuales, según las cifras oficiales de la Nación. El monto erogado por el plan en Tucumán rondaría 1,5 millón de pesos por mes.
La pesquisa se orientará principalmente a determinar si es legal que los fondos que ingresaron en dinero en efectivo desde la Nación hayan salido del erario como Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), por la aplicación de la derogada Caja Unica (ver "Sistema..."). El régimen fue duramente cuestionado incluso por Hilda González de Duhalde.
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, solicitó a los fiscales federales en Tucumán que determinen si hubo delito en la operación financiera. En los próximos días se determinará si en la causa actúa Emilio Ferrer o Carlos Brito."La maniobra fue descubierta en junio del año pasado, cuando se evaluó la aplicación del PEA en la provincia. El hecho consistió en la decisión del Gobierno de transferir Bocade para el pago de las prestaciones alimentarias a los más humildes, cuando se habría recibido dinero en efectivo para ese fin. En el camino se perdió un importante poder adquisitivo de los fondos", destacó el fiscal general Antonio Gómez.
"Se entregaron tickets cuando, en realidad, se habían destinado pesos para la compra de alimentos entre los beneficiarios", cuestionó también el funcionario nacional.
Por este motivo, consideró que se estaría otorgando un beneficio financiero "injustificado a la empresa administradora de los tickets, en la medida en que el gobierno de Julio Miranda le pagó por adelantado a esa firma, mientras que esta pagó a los comercios con posterioridad al uso de los tickets".
Un informe de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación indicó que funcionarios provinciales podrían haber incurrido en los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al canjear efectivo por bonos.
El PEA sirvió para que el Poder Ejecutivo local entregue tickets por 25 pesos por mes a 44.000 beneficiarios, sostenga a 2.500 huertas comunitarias y ayude a comedores sociales que dieron unos 20.000 almuerzos mensuales, según las cifras oficiales de la Nación. El monto erogado por el plan en Tucumán rondaría 1,5 millón de pesos por mes.
La pesquisa se orientará principalmente a determinar si es legal que los fondos que ingresaron en dinero en efectivo desde la Nación hayan salido del erario como Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade), por la aplicación de la derogada Caja Unica (ver "Sistema..."). El régimen fue duramente cuestionado incluso por Hilda González de Duhalde.
El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, solicitó a los fiscales federales en Tucumán que determinen si hubo delito en la operación financiera. En los próximos días se determinará si en la causa actúa Emilio Ferrer o Carlos Brito."La maniobra fue descubierta en junio del año pasado, cuando se evaluó la aplicación del PEA en la provincia. El hecho consistió en la decisión del Gobierno de transferir Bocade para el pago de las prestaciones alimentarias a los más humildes, cuando se habría recibido dinero en efectivo para ese fin. En el camino se perdió un importante poder adquisitivo de los fondos", destacó el fiscal general Antonio Gómez.
"Se entregaron tickets cuando, en realidad, se habían destinado pesos para la compra de alimentos entre los beneficiarios", cuestionó también el funcionario nacional.
Por este motivo, consideró que se estaría otorgando un beneficio financiero "injustificado a la empresa administradora de los tickets, en la medida en que el gobierno de Julio Miranda le pagó por adelantado a esa firma, mientras que esta pagó a los comercios con posterioridad al uso de los tickets".
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