La constitucionalista María Angélica Gelli (enseña en la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la UNT) es optimista. Dice que el país, más allá de las dificultades, supo resolver los problemas políticos dentro de los canales institucionales. En el caso de nuestra provincia reconoció que la desafortunada proliferación de más de 2.000 sublemas no deja de sorprender. Adujo como prueba que en algunos posgrados de la Universidad de Buenos Aires se pone como ejemplo de lo que se debe corregir y colocar en caja.
La catedrática reconoció a LA GACETA que de la situación tucumana sólo sabe por la prensa. "La Ley de Lemas contribuye a la desestabilización. Y esto de dejar de lado los partidos no es bueno, porque son los mediadores de la democracia. Claro que ellos tienen que ser democráticos y servir a la sociedad -y no al revés-. Esta atomización social no es razonable ni conducente; además delimita mucho al gobernador que resulta electo", manifestó.
El sistema de lemas, según la experta, es costoso para la gobernabilidad. "Esta tiene que servir para resolver el conflicto social y la pobreza interna. Pero para ello debe haber reglas de resolución política razonables y eficaces. Si se atomiza de semejante manera la conducción del Estado, no se resuelve nada y, encima, después cada quien reclama su parte", agregó.
Gelli fue consultada sobre la objeción planteada por organismos de derechos humanos contra la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital. "La impugnación correría si se prueban violaciones a los derechos humanos; no por el solo hecho de haber formado parte de un gobierno militar. Esto último, si bien está previsto por la Constitución de 1994, no se puede aplicar retroactivamente. Ahora si se trata de la comisión de delitos, de que fue juzgado y condenado, y esto se puede probar, es distinto", manifestó.
Es categórica respecto de la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Carta Magna tucumana, que obliga al gobernador electo a jurar por los Evangelios. "Esto es más fácil de resolver. La inconstitucionalidad se puede plantear ya sea midiendo aquella norma con la Constitución nacional, en la que se integran los tratados sobre derechos humanos, o solicitando su inaplicabilidad para el caso concreto de estas elecciones. Cualquiera de los dos caminos es apropiado", expresó.
Asignaturas pendientes
Gelli asevera que, más allá de la deserción de Carlos Menem a la segunda vuelta, no se puede discutir la legitimidad del presidente Néstor Kirchner. "Hay que fortalecer su liderazgo, para que sea participativo, plural y respetuoso de las minorías. Lo que desestabiliza es cuando el presidente saliente habla de la conveniencia de reformar la Constitución. ¡No! Primero hay que cumplirla", dijo.
La profesora está contenta porque los problemas se resolvieron sin violencia, con el voto y dentro del sistema constitucional. "Pero hay que recrear la cultura del trabajo, controlar la corrupción y educar las prácticas democráticas. También hay que hacer más eficaz al Estado para que pueda arbitrar y no ser tomado por intereses particulares, ya sea de los grupos empresarios o de quienes están en una situación social más precaria y que necesitan que la ayuda social les llegue", concluyó.
La catedrática reconoció a LA GACETA que de la situación tucumana sólo sabe por la prensa. "La Ley de Lemas contribuye a la desestabilización. Y esto de dejar de lado los partidos no es bueno, porque son los mediadores de la democracia. Claro que ellos tienen que ser democráticos y servir a la sociedad -y no al revés-. Esta atomización social no es razonable ni conducente; además delimita mucho al gobernador que resulta electo", manifestó.
El sistema de lemas, según la experta, es costoso para la gobernabilidad. "Esta tiene que servir para resolver el conflicto social y la pobreza interna. Pero para ello debe haber reglas de resolución política razonables y eficaces. Si se atomiza de semejante manera la conducción del Estado, no se resuelve nada y, encima, después cada quien reclama su parte", agregó.
Gelli fue consultada sobre la objeción planteada por organismos de derechos humanos contra la postulación de Antonio Bussi a la intendencia de la capital. "La impugnación correría si se prueban violaciones a los derechos humanos; no por el solo hecho de haber formado parte de un gobierno militar. Esto último, si bien está previsto por la Constitución de 1994, no se puede aplicar retroactivamente. Ahora si se trata de la comisión de delitos, de que fue juzgado y condenado, y esto se puede probar, es distinto", manifestó.
Es categórica respecto de la inconstitucionalidad del artículo 80 de la Carta Magna tucumana, que obliga al gobernador electo a jurar por los Evangelios. "Esto es más fácil de resolver. La inconstitucionalidad se puede plantear ya sea midiendo aquella norma con la Constitución nacional, en la que se integran los tratados sobre derechos humanos, o solicitando su inaplicabilidad para el caso concreto de estas elecciones. Cualquiera de los dos caminos es apropiado", expresó.
Asignaturas pendientes
Gelli asevera que, más allá de la deserción de Carlos Menem a la segunda vuelta, no se puede discutir la legitimidad del presidente Néstor Kirchner. "Hay que fortalecer su liderazgo, para que sea participativo, plural y respetuoso de las minorías. Lo que desestabiliza es cuando el presidente saliente habla de la conveniencia de reformar la Constitución. ¡No! Primero hay que cumplirla", dijo.
La profesora está contenta porque los problemas se resolvieron sin violencia, con el voto y dentro del sistema constitucional. "Pero hay que recrear la cultura del trabajo, controlar la corrupción y educar las prácticas democráticas. También hay que hacer más eficaz al Estado para que pueda arbitrar y no ser tomado por intereses particulares, ya sea de los grupos empresarios o de quienes están en una situación social más precaria y que necesitan que la ayuda social les llegue", concluyó.







