24 Mayo 2003 Seguir en 
Durante los últimos días el doctor Eduardo Duhalde ha manifestado con reiteración que no desempeñará en el futuro cargos públicos ejecutivos ni partidarios, y agregó que los partidos se hallan en su peor momento y que, por consiguiente, deben renovarse. El Presidente transitorio no ha hecho sino cumplir con su compromiso de un año atrás, cuando dispuso la apertura de un registro especial -que él mismo encabezó- para que se inscribieran los funcionarios de su gobierno dispuestos a seguir el ejemplo. Cabe recordar que tan sólo lo hizo el secretario de Turismo, Daniel Scioli, recientemente electo vicepresidente de la Nación. Es ilusorio y hasta puede ser inconveniente que un dirigente político renuncie a su condición, en cuanto puede seguir aportando experiencia y capacidad, por lo que debe entenderse una renuncia de esa naturaleza como limitada a los cargos ejecutivos, donde los relevos son parte ineludible de la dinámica evolución de un país y su sociedad. Por aquello de que no hay regla sin excepción, ese mandato de la realidad ha excluido los liderazgos superiores que la historia identifica como gestores de progreso y creadores de tradición.
Una de las causas más referenciales de la crisis ha sido precisamente el estancamiento generacional de nuestras dirigencias, hasta el punto de que en algún momento el clamor social se expresó con un exacerbado "que se vayan todos", carente de racionalidad política, aunque no de legitimidad moral. La clave de esa parálisis fue la deliberada clausura de los partidos para sucesivas generaciones de ciudadanos independientes con capacidad de representación social. El acceso a la gestión pública quedó así limitado al cauce partidario forzoso establecido, por lo demás, en la reforma constitucional de 1994, acordada en el Pacto de Olivos. Los partidos, organizaciones intermedias del sistema democrático, se convirtieron en virtuales cotos cerrados de las dirigencias de siempre y eficaces aparatos electorales de sostén político. En la actualidad, la crisis de las dos mayores organizaciones coincide con el ocultamiento de sus verdaderos caudales de afiliados, a la vez que ninguna de ellas realiza desde hace tiempo actos en espacios abiertos, por el lógico temor a demostrar su debilidad social.
Esos comportamientos políticos, resistentes a todo propósito de reformas desde la restauración del orden constitucional hace dos décadas, han gravitado en el sistema de corporaciones, especialmente sobre la sindical, donde las autosucesiones en los cargos son en su casi totalidad ilimitadas y se acoplan con facilidad al anacrónico modelo público. Más dominados por intereses fundamentalmente económicos, los sectores empresariales tratan de adecuarse a esa realidad en un espacio de escasa transparencia, en sus relaciones con los poderes políticos. El reciente proceso electoral -desprolijo e incompleto precisamente por la manipulación desmedida de su desenlace- ha puesto en evidencia un agotamiento irreparable del perverso sistema, en la medida en que las mentadas corporaciones han permanecido ajenas a él, no por decisiones propias sino a causa de la nueva realidad que la crisis impuso al país y a su sociedad. Es por ello que el compromiso asumido por el presidente Duhalde adquiere una trascendencia tan singular como el forzado abandono del ballottage por parte del ex presidente Menem, veteranos correligionarios y hasta compañeros de ruta en un tiempo clausurado por el pasado.
Enfermo de retornismo político, el país espera ahora que ese proceso de depuración se profundice, no sólo por la propia voluntad de quienes también deben gestos o actitudes como las señaladas, sino igualmente por la reforma política con que el nuevo presidente puede consolidar el poder que ese pasado le retaceó en las urnas.
Una de las causas más referenciales de la crisis ha sido precisamente el estancamiento generacional de nuestras dirigencias, hasta el punto de que en algún momento el clamor social se expresó con un exacerbado "que se vayan todos", carente de racionalidad política, aunque no de legitimidad moral. La clave de esa parálisis fue la deliberada clausura de los partidos para sucesivas generaciones de ciudadanos independientes con capacidad de representación social. El acceso a la gestión pública quedó así limitado al cauce partidario forzoso establecido, por lo demás, en la reforma constitucional de 1994, acordada en el Pacto de Olivos. Los partidos, organizaciones intermedias del sistema democrático, se convirtieron en virtuales cotos cerrados de las dirigencias de siempre y eficaces aparatos electorales de sostén político. En la actualidad, la crisis de las dos mayores organizaciones coincide con el ocultamiento de sus verdaderos caudales de afiliados, a la vez que ninguna de ellas realiza desde hace tiempo actos en espacios abiertos, por el lógico temor a demostrar su debilidad social.
Esos comportamientos políticos, resistentes a todo propósito de reformas desde la restauración del orden constitucional hace dos décadas, han gravitado en el sistema de corporaciones, especialmente sobre la sindical, donde las autosucesiones en los cargos son en su casi totalidad ilimitadas y se acoplan con facilidad al anacrónico modelo público. Más dominados por intereses fundamentalmente económicos, los sectores empresariales tratan de adecuarse a esa realidad en un espacio de escasa transparencia, en sus relaciones con los poderes políticos. El reciente proceso electoral -desprolijo e incompleto precisamente por la manipulación desmedida de su desenlace- ha puesto en evidencia un agotamiento irreparable del perverso sistema, en la medida en que las mentadas corporaciones han permanecido ajenas a él, no por decisiones propias sino a causa de la nueva realidad que la crisis impuso al país y a su sociedad. Es por ello que el compromiso asumido por el presidente Duhalde adquiere una trascendencia tan singular como el forzado abandono del ballottage por parte del ex presidente Menem, veteranos correligionarios y hasta compañeros de ruta en un tiempo clausurado por el pasado.
Enfermo de retornismo político, el país espera ahora que ese proceso de depuración se profundice, no sólo por la propia voluntad de quienes también deben gestos o actitudes como las señaladas, sino igualmente por la reforma política con que el nuevo presidente puede consolidar el poder que ese pasado le retaceó en las urnas.







