El ex gobernador Antonio Bussi tendrá la oportunidad de defenderse ante la Justicia de la acusación de que no tiene idoneidad ética ni moral para ser candidato a intendente de la capital por Fuerza Republicana. Hasta mañana tiene tiempo de contestar la imputación que grupos de derechos humanos formularon ante la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Los denunciantes recurrieron ante la Justicia, luego de la decisión de la Junta Electoral de habilitar la postulación del militar retirado. Sostienen que la Constitución nacional de 1994 y los pactos internacionales incorporados por ella prohíben que los responsables de delitos de lesa humanidad ocupen cargos públicos. Recordaron que, por ese motivo, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó en 1999 el diploma de Bussi.
La Junta Electoral desestimó el planteo de HIJOS, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, por considerar que la inhabilidad moral no figuraba explícitamente en las leyes provinciales como causal de impugnación de un candidato.
Una vez que Bussi conteste el traslado de la demanda -esto fue solicitado por los propios accionantes-, los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello deberán resolver si el tribunal es competente para entender en la causa o si deben derivarla directamente a la Corte Suprema de Justicia. En la presentación se cuestiona la constitucionalidad de la decisión de la Junta Electoral.
Por lo pronto, Novillo rechazó la medida cautelar pedida por los organismos para que no se oficialice la postulación de Bussi. El magistrado requirió a la Junta que le aporte los fundamentos de su decisión y pidió diversa documentación ofrecida como prueba por la acusación.
Los denunciantes recurrieron ante la Justicia, luego de la decisión de la Junta Electoral de habilitar la postulación del militar retirado. Sostienen que la Constitución nacional de 1994 y los pactos internacionales incorporados por ella prohíben que los responsables de delitos de lesa humanidad ocupen cargos públicos. Recordaron que, por ese motivo, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó en 1999 el diploma de Bussi.
La Junta Electoral desestimó el planteo de HIJOS, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, por considerar que la inhabilidad moral no figuraba explícitamente en las leyes provinciales como causal de impugnación de un candidato.
Una vez que Bussi conteste el traslado de la demanda -esto fue solicitado por los propios accionantes-, los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello deberán resolver si el tribunal es competente para entender en la causa o si deben derivarla directamente a la Corte Suprema de Justicia. En la presentación se cuestiona la constitucionalidad de la decisión de la Junta Electoral.
Por lo pronto, Novillo rechazó la medida cautelar pedida por los organismos para que no se oficialice la postulación de Bussi. El magistrado requirió a la Junta que le aporte los fundamentos de su decisión y pidió diversa documentación ofrecida como prueba por la acusación.







