El PE demora y no publica decretos con designaciones

Las huellas de una gestión de gobierno quedan grabadas en resoluciones, decretos y leyes. Pero, generalmente, las normas que se emiten para guiar la acción oficial no salen a la luz en forma inmediata, ya sea por motivos operativos o por la necesidad política de posponer la publicidad de alguna decisión que podría ser inconveniente a los intereses del oficialismo de turno.
Así, por problemas operativos, en el Boletín Oficial de la Provincia se publican con más de dos meses de retraso los decretos del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en las páginas de ayer se lee en el texto oficial el decreto 381/1 del 4 de marzo de 2003, por el que se autoriza al vicegobernador Sisto Terán a suscribir un convenio de financiamiento entre la Provincia y la Nación para el actual ejercicio.
Desde la Casa de Gobierno se justifica este retraso en la cantidad enorme de documentación, que impide una agilización en la información.

Consecuencias
Pero existen otros decretos del PE que no aparecen en el Boletín Oficial. Son demorados en su difusión porque las consecuencias políticas de las medidas adoptadas pueden ser adversas para el oficialismo. Así, por ejemplo, todavía no aparecieron en la publicación dos decretos de la Secretaría de Desarrollo Humano que aluden a los nombramientos de327 personas en 2002 y de 185 en 2003.
Estas normas están a disposición en el Registro Oficial de Leyes y Decretos. El público puede pedirlas y hacerles copias.
En el mostrador se puede leer el decreto 2420/420 del 15 de noviembre de 2002 que dispuso la contratación de 327 personas, con sueldos de categoría 16, para actuar como operadores sociales durante seis meses. Lleva las firmas del gobernador Julio Miranda; del ex ministro de Gobierno, Fernando Juri, y del ex titular de Desarrollo Humano, Alberto Darnay. El segundo decreto es el 565/420, del 18 de marzo de 2003, y alude a 187 contratos, con vigencia para todo el año. Fue suscripto por Miranda; la ministra de Educación, Olga Morales, y el actual secretario de área, Jorge García Mena.

Falta de recursos
En el subsuelo del palacio gubernamental está el Registro de Leyes y Decretos. Allí se reciben los textos del PE, se los enumera y se los envía a los directores de despacho de las distintas secretarias y ministerios, para que tomen conocimiento de las medidas del Gobierno, y al Boletín Oficial, para su publicación. Allí se producen las demoras por uno u otro motivo.
La pregunta que cabe es por qué no se informatizó la repartición para acelerar la publicación y la difusión de los actos de gobierno. Esto fue reclamado por los diferentes partidos que estuvieron en la oposición a las autoridades de turno y nunca se logró. La excusa es siempre la falta de fondos, pese a las promesas de reformar el Estado.
En la página web de la Provincia -www.tucuman.gov.ar- se pueden conseguir las leyes, conociendo el número o una palabra clave, pero no los textos de los decretos, pese a que en su último mensaje a la asamblea legislativa -en abril- Miranda sostuvo que se podía acceder a las normas y a los decretos del PE.

Informatización
El ex secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, señaló que está encaminado el proceso para que en setiembre quede informatizada la red interna del Poder Ejecutivo. "Está adelantado el programa que se convino con ?Jóvenes Profesionales?. Se pretende incorporar en la red a las mesas de entrada, para que se conozcan los expedientes y sus trámites y también las leyes y los decretos", dijo.