El tan ansiado rescate de los bonos puede tener complicaciones de última hora. Hasta ahora no hay claridad respecto de la fecha de inicio del Plan de Unificación Monetaria en Tucumán. A ese dato debe sumarse otro, de no menor importancia. Los bancos todavía no comunicaron si participarán del plan de retiro de los Bocade, y esto dificultaría el canje, sobre todo a los tenedores minoristas.
Dentro de dos semanas se observarán largas colas en el Banco del Tucumán, si el Gobierno no actúa a tiempo. Los empleados del sector privado, los pequeños comerciantes y sus respectivos familiares tendrán que soportar la espera para canjear a pesos no más de $ 500 porque, hasta ahora, el Ministerio de Economía no encontró la solución para evitar ese inconveniente. En cambio, sí consiguió que el Banco Central le autorice una prórroga para efectuar ese proceso de conversión y el control de los billetes que ingresarán al agente financiero de la Provincia para su automático canje a efectivo.
Hoy por hoy, el rescate de la cuasimoneda depende de decisiones netamente políticas. Con Eduardo Duhalde a punto de dejar la presidencia, el gobernador Julio Miranda insistió hasta última hora de ayer que el jefe de Estado firme el decreto para arrancar la eliminación de los Bocade. Ese es un mero trámite administrativo dicen en el Ministerio de Economía. Lo que resulta más difícil de conseguir es que Duhalde le haga el último favor financiero a la gestión mirandista.
Los $ 25 millones que pidió el Poder Ejecutivo en la Casa Rosada constituyen una piedra basal para la precaria estabilidad financiera del Estado provincial. Sin ese dinero resulta casi imposible que el Gobierno cumpla, en tiempo y en forma, con el pago de los depósitos que las empresas y los particulares realizan en la operatoria FET de canje de bonos por efectivo a 35 días de plazo. Los empresarios tienen fundados temores para desconfiar de las autoridades. El año pasado se vieron obligados a contribuir con $ 64 millones (dos planillas salariales del Estado) y quedaron acorralados por el incumplimiento del PE. Hoy, la mayoría de las firmas -grandes tenedoras de bonos- sigue esperando que el Gobierno (Ejecutivo y Legislativo) se ponga de acuerdo sobre qué hacer con los Docof que se emitieron para pagar la mayor parte de la deuda del corralito.
Demandas y recesión
Mientras tanto, en la Justicia se siguen tramitando causas contra el Superior Gobierno, de algunos acreedores que no se resignan a cobrar, en pesos y de inmediato, aquella vieja deuda de las operatorias FET y paralela. En Tribunales, esas causas podrían tener pronta resolución. En la Fiscalía de Estado se espera con tranquilidad los eventuales fallos porque, según afirman los abogados del Gobierno, casi todos los acreedores (son 440 casos) aceptaron las condiciones de la propuesta de pago del corralito y renunciaron a iniciar demandas.
El escenario financiero que se le presenta a Tucumán en la actualidad es prácticamente parecido al del año pasado. El PE dice que no tiene fondos para liquidar rápidamente los salarios de los estatales; sin embargo, está armando un "colchón" financiero para atenuar los efectos de la recesión que se producirá con el rescate total de los bonos, que desaparecerían en la primera quincena de julio.
Ese "colchón" se compone con anticipos financieros otorgados por la Nación y con parte de los $ 60 millones que asignará este mes el Gobierno federal a través de la coparticipación. Pero el cúmulo de recursos no garantiza la estabilidad. Por eso Miranda llama desesperadamente a Olivos, para que le den pronta resolución al financiamiento extra que, a la postre, se convertiría en el último regalo de un aliado político como lo fue Duhalde.
