La recuperación del federalismo

Débil ante la resistencia de los gobernadores y de la mayoría del Congreso, el Gobierno de transición finaliza su tarea sin poder encarar el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos que la reforma constitucional de 1994 incluyó, con plazo de dos años, entre sus cuestiones fundamentales.
También habían fracasado en sus intentos el de la Alianza y el justicialista que lo precedió, signados por el mismo destino de improvisaciones y enmiendas parciales que, a partir de 1930, desnaturalizaron la relación tributaria entre la Nación y las provincias, y conspiraron contra el espíritu federalista de la Constitución. Consecuentemente, será la administración a cargo del presidente Néstor Kirchner la nueva responsable de promover ante el Congreso la reforma del régimen pendiente.
La situación es ahora más compleja que ninguna de las anteriores, pues el tema asumió un rango muy superior de conflicto y figura como uno de los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional -paso obligado para la recuperación del crédito externo- plantea para formalizar un acuerdo contingente con el país. Por cierto que el doctor Kirchner ha calificado igualmente la cuestión como una de las prioritarias en el ordenamiento de la economía nacional, asignándole un alto significado político e institucional.
El fuerte centralismo de Buenos Aires, así como la periódica sucesión de gobiernos autoritarios desde 1930, establecieron una dependencia de las provincias en función de los recursos, hasta el punto de que más del 60 por ciento del gasto provincial es financiado con fondos de la Nación, a la vez que dos de cada tres provincias superan el 70%. Ese testimonio de supeditación de las autonomías se invirtió finalmente con la debilidad política del gobierno aliancista, obligado por los gobernadores a la transferencia de una suma fija anual muy superior a la realidad posterior del desenvolvimiento económico. La circunstancia constituyó uno de los factores más influyentes en la crisis que puso fin a la presidencia de Fernando de la Rúa.
Por su parte, el gobierno de Duhalde desistió de la reforma prometida ante la renovada resistencia de las provincias y sus legisladores nacionales. El centralismo original fue superado así por una coalición de hecho de los gobernadores, para quienes fue preferible reclamar recursos al poder central, antes que obligar a sus comunidades a cumplir con los deberes tributarios. Difícilmente también la recaudadora nacional halló la debida colaboración de los gobiernos locales para controlar la evasión, beneficiarios a la postre de lo evadido. El perverso modelo ha sido otra réplica de la situación nacional. En consecuencia, el futuro régimen de coparticipación federal debe tener dos objetivos inexcusables: mantener para la Nación la recaudación de tributos equivalentes a su gasto -aduaneros, ganancias de empresas e IVA-, dejando a las provincias los impuestos mejor identificados con sus jurisdicciones, sin perjuicio de un régimen de compensación para las de menor capacidad tributaria. Y recuperar la fortaleza del federalismo que los propios gobiernos locales contribuyeron a debilitar al eludir el adecuado origen de los recursos. No será tarea corta ni sencilla una reforma de esa naturaleza, como tantas otras que el país requiere para recuperarse de pésimas administraciones. Así como en el orden individual gran parte de la sociedad se acostumbró a exigir derechos desatendiendo los deberes, las provincias demandaron fáciles recursos a la Nación sin advertir el riesgo para sus autonomías federales. Corregir esos graves desvíos históricos es otra de las decisiones propias que el país requiere, a la vez que una acción docente sobre la comunidad para recuperar el sentimiento de los valores indeclinables de la organización nacional.