Los "presos VIP" de El Manantial quieren hablar

Que los hermanos Cristian y FernandoAchén eran tratados como presos VIP en la comisaría de El Manantial no es novedad para las autoridades del Ejecutivo. En febrero, una comisión de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia había realizado una inspección en la dependencia y, según un informe, habían advertido que los presuntos dealers gozaban de libertades excesivas de horarios y días para las visitas.

Los Achén fueron arrestados hace un año en Lules. La Digedrop encontró drogas cuando allanó sus casas. Desde entonces, están detenidos, imputados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Hasta hace menos de un mes, los hermanos estuvieron alojados en la comisaría de El Manantial. Se los llevó al penal de Villa Urquiza cuando el juez federal, Mario Racedo, recibió un video en el que se veía a Cristian -más conocido como "El Gordo"- en la vereda de la dependencia, intercambiando algo con un joven que se le acercaba. Según la mujer que acercó la filmación, Achén estaba vendiéndole drogas al muchacho.

El 11 de septiembre, sobre la base de ese indicio, Racedo ordenó un allanamiento en la comisaría. Cuando los gendarmes llegaron, ya estaba allí el jefe de Regional Oeste, comisario general Víctor Pacheco. No se encontró nada ilegal en el edificio que está frente a la plaza y a metros de la comuna. El juez federal sospecha que hubo una filtración de datos entre las fuerzas, y por eso se abrió otra causa. Según fuentes judiciales, ya se les tomó declaración a gendarmes y se constató cómo fue el circuito de información.

Además de la polémica por el video, una foto en la que se ve a los hermanos Achén montados en la motocicleta de la comisaría aportó al escándalo en El Manantial. Hay otra foto similar, en la que Cristian Achén aparece armado con una Itaka, al lado de un patrullero, en el estacionamiento de la comisaría. Por estos episodios se inició un sumario administrativo que generó la remoción de 23 policías (se los cambió de lugar de trabajo, se los puso en disponibilidad o se los pasó a retiro). La investigación que realizó la Policía contiene declaraciones de agentes y oficiales que comprometen seriamente a sus superiores, según un comunicado interno que emitió la fuerza el 27 de septiembre. Al testificar en el trámite administrativo, el oficial auxiliar Carlos Alberto Ibarra señaló a los Achén como "presos VIP", y agregó que el comisario Pacheco, el subcomisario Hugo Marcelo Gaytán (segundo jefe de la comisaría) y el oficial subayudante Guillermo Ramón Fernández "hicieron un arreglo de plata" con los presuntos dealers.

Las actuaciones fueron realizadas por la Subjefatura de Policía. Hoy, desde el fuero Provincial y Federal se solicitarán copias del expediente para avanzar con las investigaciones judiciales. La fiscala Adriana Reinoso Cuello inició la causa luego de que el viernes se presentara a declarar espontáneamente en la sede penal de Tribunales el ex jefe de zona de la Regional Oeste, Víctor Reynoso, retirado de la fuerza luego del escándalo de El Manantial. El ex comisario Rubén Jaime, quien estaba a cargo de la comisaría, dijo que también quiere declarar entre hoy y mañana. "No entiendo por qué no se enviaron las actuaciones todavía a la Justicia", dijo. Y aportó fotocopias de unas actas realizadas luego de una visita de una comisión de la secretaría de Derechos Humanos a principios de año. "Yo llevaba menos de un mes como jefe de la comisaría. Era un caos cuando llegué. Y una de las primeras cosas que ordené fue que los Achén no podían salir de sus calabozos salvo que la Justicia Federal lo ordenara", indicó Jaime.

Al parecer, los hermanos también están deseosos de dar su versión sobre los hechos. Incluso, habrían revelado que la Policía recibía unos $ 200 por semana más algunos kilos de carne (ellos tienen una carnicería) para darles los beneficios "VIP". "El sábado hablé con ellos y les aclaré que deben enfocarse nada más que en la causa por drogas, que es la única en la que están imputados. La idea es que ese juicio se realice antes de fin de año. Pero a ellos les llama la atención que jamás se les pidió que declaren", señaló su defensor, Roberto Flores.