20 Octubre 2010 Seguir en 
Ha pasado más de un mes, pero la polémica por la foto de los hermanos Cristian y Fernando Achén montados en una moto de la comisaría de El Manantial no terminó. Incluso, en las últimas horas, la historia entre los presuntos dealers y los uniformados sumó un nuevo capítulo.
Una investigación realizada por la propia Policía -cuyas conclusiones fueron publicadas en un comunicado interno de esa institución-, reveló que los agentes que trabajaban en la cuestionada dependencia se habían quejado varias veces porque los Achén se paseaban a su gusto por las instalaciones de la comisaría, "con la anuencia de sus superiores" y "vulnerando medidas básicas de seguridad". Y afirmaron que varios jefes habían arreglado por plata para convertir a los sospechosos en detenidos VIP.
El expediente donde constan estos testimonios debería haber sido remitido a la fiscala Adriana Reinoso Cuello a fines de septiembre, pero todavía no se lo enviaron. Incluso, según fuentes judiciales, en el Palacio de Tribunales se enteraron de todo esto porque la semana pasada se presentó a declarar el comisario (r) Víctor Reinoso, quien era jefe de zona de la Regional Oeste y fue desplazado de la fuerza debido al escándalo. El policía, cuando testificó el viernes, le solicitó a la fiscala que inicie una pesquisa para determinar si se cometió algún delito durante la investigación administrativa, pues considera injusto que se lo haya retirado de la fuerza.
La bomba estalló en El Manantial el sábado 11 de septiembre. Una vecina de esa ciudad envió, de forma anónima, un video grabado con un celular a las oficinas del juez federal Mario Racedo. En la filmación puede verse a uno de los Achén parado en la vereda de la comisaría. A él se acerca un joven; intercambian algo (la Justicia sospecha que podría ser droga) y luego el preso regresa a la comisaría. Estaba detenido allí desde hace varios meses, luego de que la Digedrop allanara su casa en Lules y encontrara estupefacientes. Hoy, los hermanos están alojados en el penal de Villa Urquiza.
Retiros y traslados
La investigación interna que realizó la fuerza les costó el cargo a 23 policías. Algunos fueron pasados a retiro; otros, trasladados a nuevos destinos y otros quedaron en disponibilidad. Y, una vez que se concluyó con la pesquisa, la Asesoría Letrada de la Policía resolvió que fiscales del fuero provincial y federal de la Justicia debían tener una copia de las actuaciones para dilucidar si se habían cometido delitos. Fuentes judiciales de ambas órbitas expresaron que el expediente no les fue remitido. "Ya solicitamos que se nos envíe una copia, porque queremos tener acceso a esas declaraciones. Puede haber elementos de prueba para los delitos que estamos investigando", indicaron fuentes de la Justicia Federal.
Parte del sumario administrativo fue publicado por una orden del día (como se denomina a los comunicados internos) del 27 de septiembre. En el documento, firmado por el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, se indica: "el personal que se desempeñó en la dependencia en cuestión es coincidente en manifestar que las condiciones de los hermanos Achén eran de privilegio; a pesar de las quejas vertidas por el personal de las distintas guardias, los detenidos se movilizaban en libertad por el interior de la dependencia".
Además, el texto indica que las declaraciones comprometían a al comisario general Víctor Pacheco (que era jefe de Regional Oeste), al subcomisario Hugo Marcelo Gaitán (segundo jefe de la comisaría); y al oficial subayudante Guillermo Ramón Fernández. "Tal es el caso de la exposición de la exposición del oficial auxiliar Ibarra, Carlos Alberto, quien dijo que el subcomisario Gaitán le manifestó: ?los hermanos Achén son presos VIP, debido a que ellos hicieron un arreglo de plata con él, el jefe de Regional y el oficial Fernández", añade el informe. Luego, da la lista de empleados de la fuerza que eran pasados a disponibilidad. Estos días, la fiscala Reinoso Cuello debe decidir qué pasos tomará, pues todavía no pudo ver el expediente original. Cuando se lo envíen, decidirá si comienza a llamar a declarar a los uniformados, para saber si lo que dice el sumario interno es real.
Una investigación realizada por la propia Policía -cuyas conclusiones fueron publicadas en un comunicado interno de esa institución-, reveló que los agentes que trabajaban en la cuestionada dependencia se habían quejado varias veces porque los Achén se paseaban a su gusto por las instalaciones de la comisaría, "con la anuencia de sus superiores" y "vulnerando medidas básicas de seguridad". Y afirmaron que varios jefes habían arreglado por plata para convertir a los sospechosos en detenidos VIP.
El expediente donde constan estos testimonios debería haber sido remitido a la fiscala Adriana Reinoso Cuello a fines de septiembre, pero todavía no se lo enviaron. Incluso, según fuentes judiciales, en el Palacio de Tribunales se enteraron de todo esto porque la semana pasada se presentó a declarar el comisario (r) Víctor Reinoso, quien era jefe de zona de la Regional Oeste y fue desplazado de la fuerza debido al escándalo. El policía, cuando testificó el viernes, le solicitó a la fiscala que inicie una pesquisa para determinar si se cometió algún delito durante la investigación administrativa, pues considera injusto que se lo haya retirado de la fuerza.
La bomba estalló en El Manantial el sábado 11 de septiembre. Una vecina de esa ciudad envió, de forma anónima, un video grabado con un celular a las oficinas del juez federal Mario Racedo. En la filmación puede verse a uno de los Achén parado en la vereda de la comisaría. A él se acerca un joven; intercambian algo (la Justicia sospecha que podría ser droga) y luego el preso regresa a la comisaría. Estaba detenido allí desde hace varios meses, luego de que la Digedrop allanara su casa en Lules y encontrara estupefacientes. Hoy, los hermanos están alojados en el penal de Villa Urquiza.
Retiros y traslados
La investigación interna que realizó la fuerza les costó el cargo a 23 policías. Algunos fueron pasados a retiro; otros, trasladados a nuevos destinos y otros quedaron en disponibilidad. Y, una vez que se concluyó con la pesquisa, la Asesoría Letrada de la Policía resolvió que fiscales del fuero provincial y federal de la Justicia debían tener una copia de las actuaciones para dilucidar si se habían cometido delitos. Fuentes judiciales de ambas órbitas expresaron que el expediente no les fue remitido. "Ya solicitamos que se nos envíe una copia, porque queremos tener acceso a esas declaraciones. Puede haber elementos de prueba para los delitos que estamos investigando", indicaron fuentes de la Justicia Federal.
Parte del sumario administrativo fue publicado por una orden del día (como se denomina a los comunicados internos) del 27 de septiembre. En el documento, firmado por el jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, se indica: "el personal que se desempeñó en la dependencia en cuestión es coincidente en manifestar que las condiciones de los hermanos Achén eran de privilegio; a pesar de las quejas vertidas por el personal de las distintas guardias, los detenidos se movilizaban en libertad por el interior de la dependencia".
Además, el texto indica que las declaraciones comprometían a al comisario general Víctor Pacheco (que era jefe de Regional Oeste), al subcomisario Hugo Marcelo Gaitán (segundo jefe de la comisaría); y al oficial subayudante Guillermo Ramón Fernández. "Tal es el caso de la exposición de la exposición del oficial auxiliar Ibarra, Carlos Alberto, quien dijo que el subcomisario Gaitán le manifestó: ?los hermanos Achén son presos VIP, debido a que ellos hicieron un arreglo de plata con él, el jefe de Regional y el oficial Fernández", añade el informe. Luego, da la lista de empleados de la fuerza que eran pasados a disponibilidad. Estos días, la fiscala Reinoso Cuello debe decidir qué pasos tomará, pues todavía no pudo ver el expediente original. Cuando se lo envíen, decidirá si comienza a llamar a declarar a los uniformados, para saber si lo que dice el sumario interno es real.
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