El PE considera arbitrario el fallo que objetó un artículo de la Ley de Lemas

El Poder Ejecutivo interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esta, el viernes 9 del corriente, declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley de Lemas y ordenó a la Provincia a que sancione una nueva norma a fin de corregir los defectos señalados al sistema de lemas, de manera que se restrinja la proliferación de sublemas (se inscribieron más de 2.000 para las elecciones del 29 de junio). El tribunal también suspendió los comicios hasta que no se cumpliera con la orden dada. Sin embargo, al otro día, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto esa medida cautelar y reactivó el proceso electoral.
Aunque sin efectos prácticos por la intervención de la Corte, la declaración parcial de inconstitucional sigue vigente. Por esta razón, los abogados de Fiscalía de Estado recurrieron esa decisión por considerarla arbitraria, irrazonable y lesiva para el debido proceso legal y, sobre todo, para el sistema republicano. En primer lugar, el PE reconoció que el sistema de lemas debe modificarse. "Resulta público y notorio que se produjo una excesiva oferta electoral de sublemas, lo cual atenta contra la representación genuina de la población", sostiene. "Mas, en modo alguno, es por una sentencia judicial que el problema debe resolverse. En el orbe constitucional, tal reforma del sistema le cabe únicamente al Poder Legislativo o a una Asamblea Constituyente", sostuvo en la presentación.

Cuestión de buena fe
En el escrito, el gobierno de Julio Miranda insiste en que la sentencia vulnera el sistema republicano de gobierno, al declarar cómo se debe sustituir el artículo de la Ley de Lemas que se declara inconstitucional. "Se indica que la norma debe ser modificada en cuanto al mínimo exigido para la presentación de sublemas y a la certificación por parte de los apoderados", aseveró.
El PE también señaló que se legitimó procesalmente la actuación de un grupo de ciudadanos -el que interpuso la acción de amparo que provocó la sentencia-, algunos de los cuales participaron en contiendas electorales con la Ley de Lemas. "Esto constituye una gruesa afectación a la buena fe según la ?Teoría de los actos propios?", concluyó el PE, que hizo la reserva del caso federal para poder llevar la cuestión ante la Corte Suprema de la Nación ante un eventual fallo adverso.