Por Redacción Política
18 Mayo 2003
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La decisión de la Junta Electoral de habilitar la candidatura de Antonio Bussi como intendente de la capital por FR será cuestionada por numerosos organismos de derechos humanos en la Justicia ordinaria, que insistirán en la vigencia de normas constitucionales y pactos internacionales que impiden esa postulación.
El escrito está siendo redactado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Servicio Permanente de Paz y Justicia (Serpaj).
Las alternativas judiciales consisten en presentar la objeción ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo o recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia, pero impugnando a su presidente Antonio Gandur y al ministro fiscal, Luis de Mitri, por haber prejuzgado como miembros de la Junta, firmantes de la habilitación de Bussi.
Los organismos cuestionaron a Bussi por carecer de idoneidad ética para desempeñar cargos públicos, por su pasado como miembro del gobierno de facto, cuando se violaron los derechos humanos. La Junta sostuvo que esa figura no aparece como una causal de impugnación en las normas provinciales.
Según el CELS, "la resolución demuestra un claro desconocimiento de los tratados de derechos humanos y de la Constitución Nacional, en especial de su artículo 36 que no admite dudas al inhabilitar para ocupar cargos o empleos públicos a quien haya atentado contra el orden democrático".
"La candidatura de quien se encuentra investigado por la Justicia de varios países, representa un retroceso en la democracia y la vigencia de los derechos humanos", puntualizó.
El escrito está siendo redactado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Servicio Permanente de Paz y Justicia (Serpaj).
Las alternativas judiciales consisten en presentar la objeción ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo o recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia, pero impugnando a su presidente Antonio Gandur y al ministro fiscal, Luis de Mitri, por haber prejuzgado como miembros de la Junta, firmantes de la habilitación de Bussi.
Los organismos cuestionaron a Bussi por carecer de idoneidad ética para desempeñar cargos públicos, por su pasado como miembro del gobierno de facto, cuando se violaron los derechos humanos. La Junta sostuvo que esa figura no aparece como una causal de impugnación en las normas provinciales.
Según el CELS, "la resolución demuestra un claro desconocimiento de los tratados de derechos humanos y de la Constitución Nacional, en especial de su artículo 36 que no admite dudas al inhabilitar para ocupar cargos o empleos públicos a quien haya atentado contra el orden democrático".
"La candidatura de quien se encuentra investigado por la Justicia de varios países, representa un retroceso en la democracia y la vigencia de los derechos humanos", puntualizó.
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