La clave de la gobernabilidad

La expresión gobernabilidad, dominante en la terminología de estos días, tiene una naturaleza fuertemente argentina y no, por cierto, reciente. Desde que la crisis comenzó a insinuarse a fines de la última década no ha dejado de figurar en los análisis y pronósticos sobre el duro devenir de la vida nacional, hasta asumir el grado de gran incógnita del presente. Y es que en nuestra sociedad no basta con que un presidente cumpla con las exigencias constitucionales que las leyes demandan, sino que, por sobre todo eso, requiere contar con la colaboración imprescindible entre los factores de decisión que configuran al sistema democrático; o sea, que haya una relación política eficiente, algo que en nuestro país es por demás dificultoso. La evidencia es que Néstor Kirchner asumirá la presidencia de la República con un cuadro de situación en ese orden donde el Congreso ofrece no poca incertidumbre; especialmente la Cámara de Diputados, cuya renovación alcanzará a la mitad de sus integrantes.
Una errónea decisión del presidente Eduardo Duhalde, acuciada por presiones muy circunstanciales, permitió que la elección de su sucesor no coincidiera con la renovación legislativa. En consecuencia, el doctor Kirchner deberá gobernar hasta el 10 de diciembre con la actual composición parlamentaria y no con la que correspondería al momento de su elección, tradicionalmente influenciada por esta, es decir, por el llamado efecto de arrastre. En la Cámara Baja conviven actualmente no menos de diez sectores y grupos de diputados, si bien el que más reservas provoca es el mal llamado oficialista, cuyos referentes han protagonizado el enfrentamiento más hostil desde la recuperación democrática. Por su parte, la Unión Cívica Radical también está padeciendo los efectos de una interna corrosiva que ha dispersado al grueso de su antigua estructura, mientras el resto de los sectores de representantes requiere una relación fraccionada en un cúmulo de intereses múltiples cuya legitimidad no debe negarse. Por su parte, la Cámara de Senadores renovará a un tercio de sus representantes, pero en ella la situación dependerá de la integridad que mantenga el bloque justicialista.
El futuro presidente y sus ministros contarán hasta diciembre con una concesión de poderes especiales otorgados al Ejecutivo durante la transición, amén de los decretos de necesidad y urgencia, aunque con rango constitucional limitado por carecer de reglamentación. Esos recursos políticos, sin embargo, no alcanzan para asegurar la su susodicha gobernabilidad, pues sus aplicaciones suelen perturbar, antes que mejorarla, la relación entre ambos poderes. Es fácil advertir, pues, que el problema está planteado en el grado de integración que el justicialismo pueda recuperar tras su dura crisis y que, en verdad, está por verse. Pero al problema con el Congreso, el nuevo gobierno deberá sumar las incógnitas de las elecciones provinciales durante el mismo lapso, tampoco previstas por la apresurada decisión del actual, al dividirse sus comicios en el tiempo. Ello puede dar lugar a un horizonte político complejo si el poder central no logra lubricar sus relaciones parlamentarias y, en consecuencia, es afectado el dinamismo de algunas decisiones fundamentales que apremian al interés público. El presidente electo debe haberlo comprendido así, por lo que tendrá que emprender un claro camino de gestión donde si su responsabilidad es considerable, la del Congreso es muy superior. La Legislatura nacional, con una agenda pendiente de excepción, deberá recuperarse de su desprestigio ante la ciudadanía, advirtiendo que el peso mayor que soporta la República es la medianía de su clase política, donde tan sólo una parte menor ha demostrado condiciones para enfrentar con honestidad intelectual los retos de la crisis.